En poco más de dos meses, la construcción del nuevo complejo policial de la PDI en Chillán en la Región de Ñuble pasó de tener una empresa recomendada para ejecutar las obras a comenzar nuevamente desde cero. El 18 de agosto, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) abrió un segundo llamado para el proyecto, luego de dejar sin efecto una licitación que bordeaba los US$ 38 millones y que terminó enfrentándolo con una de las constructoras participantes.
El proceso original se había publicado en diciembre de 2025, con un presupuesto oficial cercano a los US$ 33 millones. El 31 de marzo, tres empresas entregaron presencialmente sus propuestas técnicas y económicas: Constructora Digua, Construcciones Urales e Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. Ltda. (ICRR).
Digua no superó la etapa técnica, por lo que su oferta económica fue devuelta cerrada. En carrera quedaron Urales e ICRR. Al abrirse los sobres, la primera ofertó US$ 41,2 millones, mientras que la segunda propuso US$ 37,6 millones, una diferencia de aproximadamente US$ 3,6 millones.
El 3 de junio, la comisión evaluadora emitió su informe. El documento concluyó que Urales no había incorporado una serie de partidas exigidas durante las aclaraciones de la licitación ni los respectivos análisis de precios unitarios. Por ello, propuso declarar inadmisible su oferta.
La evaluación de ICRR fue distinta: la comisión determinó que cumplía las bases, no encontró errores aritméticos y calificó su propuesta como conveniente para el interés fiscal. Aunque el monto era 15,47% superior al presupuesto oficial y debía revisarse su disponibilidad presupuestaria, recomendó adjudicarle la obra.
Pero el proceso dio un giro. Tras una serie de cartas enviadas por Urales al MOP para cuestionar la evaluación, la misma comisión, integrada por siete profesionales, volvió a revisar las ofertas y emitió el 2 de julio un informe rectificatorio. Esta vez formuló una observación a ICRR, propuso declarar inadmisibles ambas propuestas y dejar sin efecto la licitación.
Al día siguiente, la Dirección Regional de Arquitectura de Ñuble dictó la Resolución Exenta N°118 y revocó la licitación. Sin embargo, tanto el informe rectificatorio como la resolución fueron incorporados a Mercado Público recién el 4 de agosto, más de un mes después de haber sido emitidos.
La carta a Kast: “Un actuar anómalo”
Antes de que esos documentos fueran publicados, ICRR ya había advertido que la evaluación estaba siendo revisada. El 23 de julio envió una carta al Presidente José Antonio Kast, recibida al día siguiente en La Moneda, con copia al ministro de Obras Públicas y a la Fiscalía del MOP.
En la presentación, la constructora sostuvo que existían antecedentes que “revisten especial gravedad” y que “denotan un actuar anómalo por parte del Ministerio de Obras Públicas”.
También afirmó que la reapertura de la evaluación generaba una “razonable incertidumbre respecto de la transparencia y de la certeza jurídica” del proceso. A su juicio, se había creado una instancia de revisión que no formaba parte de los mecanismos ordinarios de impugnación, como los reclamos en Mercado Público o las acciones ante el Tribunal de Contratación Pública.
La compañía pidió al Presidente que dispusiera la revisión del caso y advirtió que cualquier demora postergaría una obra destinada a fortalecer la capacidad operativa de la PDI, además de retrasar la generación de más de 1.000 empleos directos e indirectos en Ñuble.
Tras conocerse la revocación, ICRR presentó un recurso de reposición -según confirman fuentes de la industria- y activó otras vías para impugnar la decisión. Mientras la controversia seguía abierta, el ministerio publicó el segundo llamado.
El nuevo proceso recibirá ofertas hasta el 29 de octubre de 2026. La apertura económica fue fijada para noviembre y la adjudicación para el 5 de abril de 2027, ocho meses después de la revocación de la primera licitación. Así, una obra que debía quedar adjudicada durante agosto volvió al punto de partida.
Consultados a la Dirección de Arquitectura de MOP explicaron que como la situación está en tribunales declinan hacer comentarios.