Los terremotos han vuelto a ocupar titulares en distintas partes del mundo durante las últimas semanas. Colombia fue golpeada por un sismo de magnitud 7,4, mientras Indonesia registró otro de 7,7 y Perú uno de 6,7. En un país como Chile, donde el diseño de los edificios está inevitablemente marcado por la actividad sísmica, el gobierno vuelve a poner la mirada sobre los estándares con los que se construye.
Y justamente Chile está entrando en un cambio relevante. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) oficializó la NCh433:2026, la nueva norma de diseño sísmico de edificios que reemplazará al estándar vigente desde 2010 y comenzará a regir seis meses después de su publicación en el Diario Oficial.
La actualización no parte desde cero. José Antonio Abell, ingeniero estructural y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, explica que “consolida prácticas que se han desarrollado desde el 27F con la incorporación el 2011 del DS61 a la norma del año 2010”. Por eso, recalca, “es un cambio incremental basado en la experiencia más reciente y no un cambio de paradigma completo”.
Uno de los principales ajustes está en la información sobre el terreno que deberá manejarse antes de diseñar. Álvaro Peña, académico de la Escuela de Construcción y Transportes de la PUCV y consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), señala que la norma profundiza la caracterización de la interacción entre el suelo y la estructura.
A parámetros que ya se utilizaban, como la velocidad promedio de las ondas de corte de los primeros 30 metros (VS30), se suma el período fundamental del terreno (Tg), además de una exploración más sistemática para sitios con condiciones particulares.
“En la práctica, el estudio geotécnico tendrá que incorporarse más tempranamente al proyecto”, explica Peña. Esa información permitirá determinar con mayor precisión las fuerzas, desplazamientos y deformaciones que deberá resistir cada edificio y puede incidir en elementos estructurales y fundaciones.
La norma también amplía los sistemas estructurales reconocidos, incorporando soluciones de hormigón prefabricado, acero conformado en frío y sistemas de madera, entre ellos entramados tipo plataforma y paneles de madera contralaminada (CLT).
El factor San Ramón
Para Abell, una de las novedades más interesantes está en las fallas corticales superficiales. “Se introduce un mecanismo para comenzar a incorporar fallas superficiales como San Ramón”, sostiene.
Si una falla de este tipo representa una fuente importante de amenaza, explica, la normativa permite clasificar el sitio como si correspondiera al peor tipo de suelo, lo que implica realizar estudios especiales para caracterizar el terreno.
“En el fondo, esto abre un mecanismo para estudiar este tipo de fallas de manera más explícita”, afirma. La normativa no determina una metodología específica para esos estudios, pero tampoco restringe las alternativas que pueden utilizarse.
Los mayores cambios se concentrarían precisamente en terrenos complejos. Entre ellos están los sitios con suelos potencialmente licuables, colapsables u orgánicos, fuertes contrastes de rigidez, topografías irregulares o aquellos cuya clasificación cambie con los nuevos parámetros.
También habrá especial atención sobre hospitales, establecimientos educacionales, edificios con alta concentración de personas e instalaciones estratégicas. En cambio, Peña anticipa ajustes más acotados para edificios regulares de hormigón armado con muros emplazados sobre suelos densos o roca adecuadamente caracterizados.
¿Construir será más caro?
Los expertos descartan que la actualización implique automáticamente un aumento transversal de los costos.
“No esperaría un aumento generalizado del costo de construcción”, dice Abell. Sí habrá una mayor cantidad de información requerida para caracterizar algunos terrenos, pero esas mediciones geofísicas representan normalmente una fracción pequeña del costo total de un edificio.
El impacto podría aumentar si los nuevos antecedentes cambian la clasificación de un terreno. Un sitio que resulte más desfavorable podría requerir mayores fuerzas o deformaciones de diseño, estudios especiales y eventualmente cambios en secciones, armaduras o fundaciones.
Peña coincide: “No debiera hablarse de un aumento general y uniforme”. De hecho, advierte que una caracterización más precisa también puede evitar supuestos excesivamente conservadores y permitir optimizar secciones, fundaciones y cantidades de materiales.
Ahora comienza la transición. La nueva norma entrará en vigencia seis meses después de su publicación y la recomendación de los expertos es que los proyectos que previsiblemente ingresarán bajo el nuevo estándar comiencen desde ya a solicitar los antecedentes necesarios.
“No estamos cambiando la filosofía sísmica chilena; estamos caracterizando mejor dónde construimos y ampliando la norma para representar mejor cómo estamos construyendo hoy”, resume Abell.
El nuevo estándar comenzará a regir el 10 de febrero de 2027, una vez cumplidos los seis meses establecidos por el decreto publicado el 10 de agosto. De acuerdo a los expertos, la transición debería comenzar antes: los proyectos que previsiblemente ingresarán después de esa fecha debieran solicitar desde ahora que sus estudios de mecánica de suelos incorporen la información necesaria para ser clasificados bajo la nueva normativa.