Cerca de 5 mil hogares cambiaron proveedor de gas a un año de nuevo mecanismo que fomenta la competencia
Cuando se lanzó el procedimiento para incentivar la competencia, se hablaba que la medida podría beneficiar a un universo de 4 millones de personas.
Por: Karen Peña
Publicado: Miércoles 9 de octubre de 2019 a las 12:54 hrs.
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Así como la portabilidad numérica incentivó la competencia en el mercado de telecomunicaciones, el de los combustibles también está experimentando un auge en este fenómeno. En julio del año pasado, el Ministerio de Energía activó un mecanismo que permite a los clientes de gas cambiar su proveedor, buscando incentivar la competencia entre las empresas distribuidoras.

Aunque ha estado en un segundo plano de la discusión, el balance que hace el gobierno del procedimiento es positivo. Según información de la Comisión Nacional de Energía (CNE), de acuerdo a los datos entregados por las empresas distribuidoras de gas, entre el 18 de junio del año pasado y el 30 de junio de este año, las solicitudes de cambio de proveedor de servicio de gas aprobadas llegan a 1.412 equivalentes, lo que equivale a 5 mil hogares en el país.
En la práctica, el mecanismo norma los trámites y plazos que son necesarios para pasar de un distribuidor de GLP (gas licuado petróleo) de una marca a otra, o de esa modalidad a gas por cañería y viceversa.
Cuando se impulsó este cambio, el gobierno apuntaba a un mercado potencial de cuatro millones de personas como potenciales beneficiarios, aunque se tenía claro que no se realizarían cambios masivos.
“La Ley ha incorporado más competencia al mercado del gas de estos clientes donde las empresas de distribución de gas y las distribuidoras de gas licuado han ido mejorando sus servicios y la calidad del suministro lo que, en definitiva, ha beneficiado a los consumidores. La portabilidad del gas permite a este tipo de clientes no solo cambiar de distribuidor sino que también de tipo de gas y/o modalidad de servicio, resguardando la calidad de servicio para los clientes”, asegura el secretario ejecutivo de la CNE, José Venegas.
El 90% de solicitudes aceptadas las realizaron las empresas Intergas (en Los Ángeles, Chillán y Temuco, con 519 solicitudes aceptadas), Metrogas (RM, con 468 solicitudes aceptadas) y GasSur (en Concepción, con 317 solicitudes aceptadas).
Al desmenuzar las cifras por región, se observa que la mayor cantidad de solicitudes aceptadas se concentran en el Biobío (1.683 hogares equivalentes a 554 solicitudes), Metropolitana (1.409 hogares equivalentes a 304 solicitudes), seguidas de O´Higgins, Los Lagos, La Araucanía, Valparaíso y Ñuble.
En cuanto al tipo de combustible involucrado en las estadísticas de cambio de proveedor, la mayor cantidad se registró en distribución de GLP hacia gas natural, con un total de 1.145 solicitudes aceptadas y 3.887 hogares involucrados, lo que se condice con las expansiones de las redes que están haciendo las empresas en algunas ciudades, fundamentalmente en el sur.
Venegas recalca que el 51% de las solicitudes recibidas por las empresas han sido aceptadas y el resto del porcentaje corresponde a solicitudes rechazadas, en tramitación o retiradas por el cliente.
“Esperamos que la cifra de solicitudes aceptadas aumente con el mayor desarrollo y difusión de este mecanismo. En todo caso, tal como ha ocurrido en otros países que tienen una regulación similar (Reino Unido), más importante que el número de cambios, es que la sola existencia del mecanismo actúa como presión competitiva incentivando a los incumbentes a mejorar su calidad de servicio o bajar los precios”, dice.
Consultado por las falencias observadas durante el período y los elementos que podrían ser perfeccionados, la autoridad indica que “existen desafíos típicos de un proceso que está aún en evolución, por ejemplo, en materia de difusión de este procedimiento hacia los clientes que pueden acceder a él y de mejoramiento de la información que proporciona al regulador el mercado del gas en esta materia”. En este sentido, agrega, se está trabajando en la implementación de la Plataforma de Información Pública que la misma Ley autoriza a la CNE a desarrollar.
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