Fue a fines del primer semestre del 2020 cuando la gigante china State Grid International Development, una subsidiaria de State Grid Corporation of China (SGCC), tomó el control del grupo de empresas Chilquinta por US$ 2.300 millones.
Desde entonces, en medio de la pandemia por el Covid-19, los detalles del arribo del nuevo presidente del directorio de Chilquinta Energía, Yumeng Zhao, y también representante de State Grid, prácticamente ha quedado consignado a nivel público en reuniones telemáticas con autoridades para presentar los planes de la china en Chile.
Yumeng Zhao, presidente del directorio de Chilquinta Energía.
Esto, mientras se conocía hacia fines de año un acuerdo para comprar CGE, operación de US$ 3.000 millones que recientemente logró luz verde por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
Y aunque tras este último hito, State Grid dio cuenta de sus planes en CGE, fue en la última memoria de Chilquinta donde Zhao profundizó en lo que hasta ahora los ejecutivos chinos no habían comentado del todo: la regulación local.
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Reconociendo que el 2020 ha estado lleno de desafíos, particularmente en la industria, abordó la ley de servicios básicos que dispuso medidas excepcionales en favor de los usuarios finales, siendo las más relevantes -aseguró- que durante 270 días, contados desde la publicación de la ley, las empresas no pueden cortar el suministro por mora en el pago, otorgando además facilidades de pago de hasta 36 meses, a partir del término de la vigencia de dicha ley.
“Esta carga financiera ha debido ser soportada, por disposición de la ley de servicios básicos, directamente por la empresa, absorbiendo, por una parte, una morosidad y probable incobrabilidad nunca antes registrada y, por otra parte, seguir sirviendo mensualmente los pagos a los generadores y proveedores en general”, advirtió.
A esto sumó “un incremento en las conexiones irregulares, tanto en forma individual, como también en asentamientos y agrupaciones de viviendas, los llamados campamentos”.
Según explicó, la zona de concesión de la compañía se ha visto “invadida y afectada” por este tipo de asentamientos, cuyos integrantes, ante la imposibilidad de conseguir una solución habitacional -con sus respectivos servicios- por medios regulares, se conectan irregularmente a las redes eléctricas, “generando consumos imposibles de facturar, afectando la calidad de servicio y exponiéndose directamente, como también a su entorno, a riesgos de incendios”.
Zhao planteó que, conforme al modelo regulatorio que sustenta la prestación del servicio público eléctrico, la carga financiera extraordinaria derivada de la absorción de los consumos irregulares asociados a estos asentamientos humanos no debe ser de responsabilidad o carga de la empresa distribuidora.
Y lanzó: “Las soluciones a las problemáticas asociadas a los campamentos son un deber y responsabilidad que el Estado debe asumir, implementando las políticas públicas pertinentes, evitando alterar y afectar las condiciones y supuestos de la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica”.
Finalmente, el ejecutivo también detalló que en 2020 la empresa realizó una inversión total de $ 49.694 millones, donde $ 8.264 millones fueron para temas de tecnologías de la información, relacionados con cosas como ciberseguridad.
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