Gobierno busca agotar medidas antes de tomar decisión más extrema de un decreto preventivo de racionamiento eléctrico
Aunque no es una emergencia declarada, generadoras y autoridades ya conversan en torno a disposiciones para enfrentar escenarios de estrechez del sistema.
Por: Karen Peña
Publicado: Martes 7 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.
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Aunque las alertas -por ejemplo- de la baja producción hidroeléctrica ya se habían puesto sobre la mesa, fue el jueves pasado cuando el Coordinador Eléctrico levantó la bandera amarilla.
En la última versión mensual de su Estudio de Seguridad de Abastecimiento, el organismo identificó escenarios de mayor exigencia operacional en materia de abastecimiento por la escasez de lluvias asociada al retraso de El Niño y la indisponibilidad de unidades generadoras relevantes.
Los resultados provocaron que el Ministerio de Energía citara a una reunión para la tarde de ese mismo jueves a empresas con centrales a gas natural. Fuentes de la industria comentan que en la cita se pidieron propuestas para ver cómo se podría aliviar la delicada coyuntura, las que debían ser enviadas el viernes.
Con este telón de fondo, una incógnita que asoma es la eventual necesidad de un decreto preventivo de racionamiento, cuya última aparición fue en agosto de 2021, con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2023.
Desde Energía sostienen que la ministra y el subsecretario han estado en contacto y coordinación con las empresas desde la publicación del estudio del Coordinador, conociendo sus preocupaciones y propuestas. Por el momento, dicen, “el contenido de estas conversaciones es privado”.
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En el caso de Enel Chile, la firma sinceró a DF que presentó varias medidas para hacer frente a la situación actual de estrechez energética. Entre ellas, se recomendaron mecanismos que faciliten la adquisición de gas natural en el mercado spot, con el propósito de incrementar la suficiencia del sistema, respaldar la prestación de servicios complementarios y/o contribuir a la formación de una reserva hídrica.
También plantearon acelerar la definición e implementación de los servicios complementarios asociados a inercia y potencia de cortocircuito, con el objetivo de entregar señales económicas adecuadas que incentiven la provisión de estos atributos tanto por parte del parque de generación existente como de futuras inversiones, y así evitar el uso de combustible para dar estos servicios. Y se recomendó flexibilizar criterios operativos específicos para permitir una mayor utilización de algunas líneas críticas de transmisión y aumentar, de este modo, la resiliencia del sistema.
Sobre si ya decidieron comenzar a trabajar en torno a un decreto preventivo de racionamiento, el Ministerio de Energía aseguró a este medio que está “evaluando todos los caminos para enfrentar situaciones críticas aminorando los riesgos que ello puede suponer al sistema eléctrico del país. El elemento de última ratio es el decreto de medidas preventivas”.
Es decir, si bien las autoridades no descartan recurrir a este instrumento, apuestan a que existen mecanismos previos que podrían utilizarse antes frente a una situación compleja. Para Enel Chile, “siempre es necesario estar preparados, más aún en escenarios de estrechez”. En este sentido, reconocieron: “Vemos necesario contar con todos los mecanismos y habilitaciones que permite la normativa para hacer frente a este tipo de escenarios”.
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Conocedores comentan que, aunque Energía considera el decreto como último escenario, es probable que ya se haya encomendado trabajar un borrador para estar preparados en caso de que la situación empeore.
Todo esto ocurre mientras en el Congreso se vota el proyecto que busca -entre otras materias- saldar la deuda con las distribuidoras eléctricas, la cual ya supera US$ 930 millones. Al cierre de esta edición ya se había aprobado en la Comisión de Energía de la Cámara.
“Uno de los peores años”
El socio director de energiE, Daniel Salazar, asegura que, “al cierre de junio, estamos en presencia de uno de los peores años de la estadística, así lo confirman las cifras publicadas por el Coordinador”. “Es una situación de alerta, que exige monitoreo estrecho, no una emergencia declarada aún. Lo preocupante no es un invierno puntual, sino que llegamos a esta misma conversación casi todos los años, y que cada vez que el sistema se aprieta la respuesta sea recurrir al diésel -que posee una logística vulnerable- en lugar del gas natural que está disponible, pero que sufre de restricciones regulatorias que limitan su aporte”, advirtió.
Salazar aclara que si bien es cierto que no existe un déficit declarado, sí estamos ante una condición de estrechez. De ahí que crea que eso ya es razón suficiente para evaluar medidas de gestión preventiva: “Con un carácter preventivo y con el fin de anticiparnos a escenarios que puedan agravar el panorama, vale totalmente la pena evaluar y comenzar a trabajar en un borrador, avanzando en las tareas preparatorias para un acto administrativo como lo es un decreto preventivo de racionamiento”.
Pero recalca que un decreto administra la escasez mediante herramientas de gestión de corto plazo, y aquí el problema es estructural y se repite frecuentemente durante cada invierno: “No es que falte gas, sino que no lo estamos pudiendo o no queriendo usar. La medida más eficaz y estructural -y la más urgente- es habilitar la contratación oportuna del gas”.
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En tanto, para el fundador de SPEC y Galilei Energy, Carlos Suazo, “estamos en un episodio de estrechez que todavía está vigente”. Puntualiza que el costo marginal está dando cuenta de ello y el sistema está caro incluso en las horas que normalmente son las más baratas del día.
Consultado sobre si es el peor momento de los últimos cinco años, Suazo plantea que la megasequía 2021-2022 fue, hasta el momento, peor en severidad y sobre todo en duración, y gatilló un decreto preventivo de racionamiento. “Aquello fue un déficit sostenido de meses; lo que hemos visto en los últimos días es una estrechez muy intensa. Su extensión dependerá de cómo se desarrolla la condición hidrológica durante las próximas semanas”, dice.
Frente a un eventual decreto, sostiene: “Sobre preparar: sí, es prudente y de bajo costo. No es un instrumento exótico. Su trabajo inicial es de bajo costo y compra opcionalidad: si la primavera llega seca, tener el informe técnico CNE avanzado evitaría improvisar en agosto/septiembre”. En cuanto a dictarlo ahora, lo ve prematuro con los antecedentes disponibles.
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