“Los remedios en Chile son caros, demasiado caros, y eso no puede continuar (…) Se va a exigir a las farmacias tener un stock mínimo suficiente de medicamentos bioequivalentes, y las que no lo cumplan más vale que lo piensen diez veces, porque el castigo va a ser muy severo, porque no vamos a permitir que a través de distintos subterfugios sigan abusando de las personas”, enfatizó ayer el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda al anunciar un plan de 30 medidas cuyo objetivo es bajar el precio de los medicamentos para reducir el gasto de bolsillo y ampliar el acceso.
El eje de la estrategia es aumentar la disponibilidad de fármacos bioequivalentes -aquellos que han demostrado una eficacia terapéutica similar a la de los fármacos de marca patentados-, para así aumentar las alternativas de menor costo. Para ello, el mandatario anunció una intensa fiscalización a las farmacias desde el Instituto de Salud Pública (ISP), advirtiendo que se pondrá énfasis al cumplimiento a la exigencia de implementar un estándar de intercambiabilidad entre medicamentos, contando con un mínimo de productos bioequivalentes por cada principio activo en la oferta al público. “Aplicaremos el más enérgico castigo a aquellos establecimientos farmacéuticos que no cuenten con los bioequivalentes”, afirmó la directora del ISP, María Soledad Velásquez.
La ofensiva del gobierno tuvo entre sus fundamentos las conclusiones de una encuesta difundida por el director del Sernac, junto a los ministros de Salud y Economía, este fin de semana, la cual estableció que el análisis a una muestra de 46 medicamentos –grupo compuesto por un conjunto de los productos más baratos declarados en un listado aleatorio de 24 farmacias de ocho cadenas– un 48% (22 de ellos) no se encontraban a la venta. Además, acusó faltas al reglamento en temas como la disponibilidad de listas de precios actualizadas de manera permanente y accesibles por parte del público.
Reacción de las farmacias
Junto con enfatizar que “hemos sido promotores de los medicamentos bioequivalentes y los primeros en ponerlos a disposición de los consumidores en nuestros más de 650 locales en todo Chile”, Farmacias Cruz Verde salió al paso de las conclusiones del gobierno sobre las prácticas de la industria afirmando que ha puesto especial esfuerzo en “cumplir con la letra y espíritu de lo que indica la ley, no sólo en tener a la vista los bioequivalentes y sus precios, sino además en procurar un buen stock de acuerdo con la oferta que entregan los laboratorios”.
Por ello, el mayor actor de la industria cuestionó la difusión de ese estudio, afirmando que “nos parece poco serio que no entreguen detalles en particular de cada farmacia y su foco se ponga en informar sólo algunas drogas y no se tome la totalidad de la oferta de bioequivalentes”. En esta línea, la compañía subrayó que “iniciativas como ésta sólo tratan de desinformar a la población y de vincular a todo un mercado en el cual conviven distintas farmacias y con estándares disímiles”.
Apoyo y críticas de los laboratorios
Junto con manifestar una valoración positiva general de la nueva política, las primeras reacciones de las asociaciones de los laboratorios criticaron aspectos específicos de la estrategia.
Es así que en paralelo a apoyar la “mayor fiscalización a las farmacias para terminar con la posición dominante de las cadenas y los incentivos económicos que reciben sus trabajadores para promover ciertos productos”, la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Asilfa) cuestionó la implementación obligatoria del fraccionamiento a los medicamentos, que permitirá a los compradores podrán adquirir la cantidad justa de unidades que requieren.
“Hoy es una medida impracticable, pues la industria local no tiene la estructura ni el personal técnico para garantizar la trazabilidad de los medicamentos. Avanzar en esta medida significará un aumento en los costos, ya que implica que la industria tendría que invertir en maquinaria nueva”, argumentó el gremio, que también puso el acento en la disposición que autoriza la importación directa de fármacos por personas naturales.
Esta última disposición también llamó la atención de la Cámara de Innovación farmacéutica (CIF), que subrayó la necesidad de que “se mantenga como una medida de excepción para situaciones de emergencia y no como un mecanismo de abastecimiento habitual”.
La presidenta de la CIF, Marta Diez, valoró la actualización de la Ley Ricarte Soto, la fiscalización de la certificación de patologías AUGE, que se “planee reforzar la certificación de plantas productivas en el extranjero para garantizar que se cumplan con las Buenas Prácticas de Manufactura”, y “aumentar la fiscalización para terminar con las malas prácticas en farmacias y promover la bioequivalencia”.
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