¿Puede Chile producir seis millones de toneladas de cobre? Aunque el país ya extrae 5,3 millones y es el mayor jugador mundial, esa meta es muy desafiante, porque para lograrlo se requiere el esfuerzo de la industria, inyectando más eficiencia, tecnología y explorando más; de la autoridad, reduciendo la "permisología" y dando más estabilidad tributaria y regulatoria; pero también del país entero, de la sociedad, del Poder Judicial, de los trabajadores.
El "yes, we can" lo dijeron distintos expertos y autoridades en el seminario Clapes UC, donde la voz inaugural corrió por cuenta del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien resumió el paquete regulatorio y tributario con que el Ejecutivo busca revertir una década de estancamiento productivo en esta industria. Lo más cerca de la meta de los seis millones que ha estado el país fue en 2018, cuando Chile produjo 5,8 millones y desde entonces la extracción va en declive.
Mas señaló que vamos ya por buen camino y cifró en 16 los proyectos mineros
ingresados al SEIA desde marzo, por US$ 24.000 millones, correspondiendo al 83% de toda la inversión evaluada ambientalmente, "la cifra más alta de la que se tenga registro".
El ministro hizo ver que la minería se beneficiará de la ley miscelánea, en particular en sus aspectos tributarios, como la reducción gradual del impuesto de primera categoría desde 27% a 23%, y la restitución de la invariabilidad tributaria mediante contratos ley de hasta 25 años para proyectos calificados como estratégicos. "Dos competidores directos en esta materia, Perú y Australia, tienen tasas de impuesto más bajas que Chile", planteó la autoridad, que atribuyó parte de la pérdida de competitividad al alza de 10 puntos porcentuales del impuesto corporativo en ocho años y a la derogación del DL 600.
Sin embargo, para lograr la meta productiva es necesario reducir los tiempos de tramitación de los permisos sectoriales entre 30% y 70%. En esa línea, la autoridad precisó que, en el ámbito minero, se ajustaron los reglamentos de seguridad minera, ley de cierre y relaves, transformando algunos trámites en declaraciones juradas.
En paralelo, el Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que simplifica el régimen de patentes mineras y moderniza el amparo, con el objetivo declarado de combatir la especulación con concesiones y facilitar la entrada de empresas junior.
Además, la autoridad explicó que la reactivación del Tratado de Integración y Complementación Minera suscrito -con Argentina en 1997- también contribuirá a liberar inversión. Según Mas, esa reactivación permitiría materializar más de US$ 20.700 millones en inversiones proyectadas y sumar unas 540 mil toneladas anuales de cobre.
A ello se suma el trabajo de la Mesa de Exploración, instancia asesora que reúne a empresas, inversionistas y expertos para identificar las brechas que impiden convertir prospectos en campañas y descubrimientos. Las líneas en desarrollo apuntan al financiamiento de las empresas junior, el acceso a capital de riesgo y la reducción de plazos de permisos. Como referencia, Mas citó los modelos de Canadá, Australia y Perú.
"Chile no es un país minero. Chile es una auténtica potencia minera", cerró el biministro.
Un diagnóstico compartido
La presentación de Mas fue celebrada por los participantes del seminario. El presidente de Escondida, Alejandro Tapia, explicó que la demanda actual de cobre son unas 50 millones de toneladas de cobre por año. "Es un número muy grande. Por lo tanto, Chile no puede dejar de ser un protagonista en este futuro", afirmó. El desafío para la industria, precisó, es "cómo podemos seguir maximizando el uso de la infraestructura actual que está instalada, pero también cómo atraemos inversión, tanto nacional como extranjera... Pero para atraer esta inversión necesitamos certeza, certeza jurídica, regulatoria, tributaria y también tener procesos que sean predecibles".
Para Daniela Desormeaux, directora ejecutiva de SignumBOX, la premisa de llegar a las seis millones de toneladas es "provocadora" pero factible y remarca que Chile fue capaz de hazañas equivalentes en el pasado. Recordó que en los '90, la producción de cobre privado era solo de 400.000 toneladas y subió a 4 millones en dos décadas, creando además todo un entorno productivo de proveedores, talento, encadenamiento productivo "que puede llegar (a representar) perfectamente a un 25% del PIB".
A su turno, el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, valoró que, después de décadas de estancamiento, hay un diagnóstico compartido. Y reseñó que durante años los únicos que clamaban por la "permisología" eran las mineras, pero ahora se vio que es un problema país. Y aunque celebró el consenso sobre abordar este tema y las regulaciones que se están destrabando, hizo ver que todo puede ser en vano si no se actúa con "criterio". Y la falta de criterio, de mirar el panorama completo no solo falta en las autoridades, sino también en instancias judiciales, como quedó de manifiesto en el fallo contra Collahuasi del tribunal ambiental, que obligó a parar parte de una faena pese a contar con permiso ambiental y a que dos instancias ya habían zanjado previamente el elemento en disputa (la participación de una comunidad en el proceso).