Cartas al Director

Burgos

Señor Director:

Sin duda la dimisión del ministro del Interior Jorge Burgos es un claro síntoma de la muerte anunciada de la Nueva Mayoría. Evidentemente que las ácidas críticas de personeros de los otros partidos integrantes de esta coalición gubernamental, especialmente de socialistas, comunistas y otros a su proyecto de control de identidad, detonaron su decisión, que a mi juicio comparten la gran mayoría de los democratacristianos.

Me complacería que todas las actuales autoridades democratacristianas que ejercen altos cargos de confianza de la Presidencia, emularan la actitud valerosa de Jorge Burgos y dieran un paso al costado, para dar opción a quienes realmente están de acuerdo con la conducción del Gobierno, siempre y cuando dejen de lado el perverso incentivo millonario que los ata a los cargos, como cientos de funcionarios públicos que se han perpetuado en ellos; sean éstos de la Nueva Mayoría o de la oposición.

Eduardo Hernández Muñoz

Universidades estatales y privadas

Señor Director:

El viernes pasado el rector Zolezzi trató de demostrar el “injusto” trato recibido por las universidades estatales versus las privadas tradicionales pertenecientes al CRUCH (denominadas G9). Se sostenía que los 215 mil millones que reciben las estatales versus los 156 mil millones que recibe el G9 era la evidencia del mal trato recibido. El argumento lo sostenía al dividir dichos montos por el número de universidades pertenecientes a cada conglomerado.

Si bien esa metodología pudiera ser utilizada, parece más certero aún dividir los aportes provenientes del Estado por el número de estudiantes matriculados en cada grupo. Si uno realiza este cálculo encuentra que el aporte per cápita anual por alumno para las universidades estatales asciende a $ 1.425.000 y para las universidades del G9 a $ 1.231.000.

La verdad no se aprecia gran diferencia en el trato. Lo que suele no aparecer en estas pugnas de poder, es la tremenda injusticia que se comete con las universidades privadas no tradicionales acreditadas las cuales recibieron 17 mil millones como recursos del Estado, versus los 251 mil millones de las estatales y los 156 mil millones de las G9. Es “destacable”, también, que el aporte per cápita por estudiante por parte del Estado a las universidades privadas no tradicionales acreditadas asciende a $ 71.000 por alumno. ¿No le parece más tema esta inequidad?

Ramón Berríos A.
Académico FEN Universidad San Sebastián

Qué está pasando

Señor Director:

Curiosa, por no decir errática, ha resultado la respuesta presidencial a la reciente publicación de la revista Qué Pasa.

Bachelet, recientemente declaró que tiene derecho a que no se digan falsedades evidentes sobre su persona exigiéndole, a su vez, a los medios que validen la información para no dañar la honra. Su abogado en cambio, explicó en los medios que el problema estaba fuera de los improperios per se, sino, en la forma en que el medio trató la noticia al editarla. En las grabaciones transcritas aparece un deslenguado individuo acusando a mengano y zutano de actos irregulares, dichos los cuales habrían sido considerados ofensivos por la Presidenta, pero extrañamente la querella no se dirigió contra él. Aquellas ofensas no le parecieron tan canallescas en boca de su emisor, como en las páginas de la revista. ¿El por qué según su abogado? Porque el medio prefirió publicar aparte las referidas a la Presidenta, omitiendo las proferidas a otros personajes menos relevantes que ella, por tanto, la infamia -supongo- estaría en hacerla aparecer sola. ¿…?

Claramente, al culpar al cartero y no al emisor, se deja en evidencia que existe algo más detrás de todo este episodio, que la mera defensa del honor. Finamente, luego de comunicarle a los medios que la querella es a título personal –que no es el peso del Estado contra el medio-, la querellante fijó su domicilio en La Moneda, señalando además en el libelo, que el hecho que ella sea Presidenta agrava la falta.

Cristián Gabler
Abogado