Señora Directora:
Ante los impactos de toda índole que la pandemia está provocando, urge que el Estado haga más eficientes sus procesos para dar respuesta oportuna a las necesidades de los ciudadanos. Es una cuestión ética.
La Transformación digital que se impulsa con la Ley 21.180 es un paso importante en esa línea, pues se retoma con fuerza la modernización de la administración pública. Pero no podemos descansar los esfuerzos sólo en exigir la actualización de plataformas y mecanismos de interoperabilidad para agilizar la burocracia documental.
Para la alianza público-privada, entre el Estado, la industria TI y la sociedad civil, el verdadero desafío consiste en que esta transformación responda a un plan robusto, con una mirada de largo plazo, y que de alguna forma proyecte y mida el impacto de su aplicación, justifique así la rentabilidad social de la inversión necesaria, estableciendo modelos económicos y presupuestarios permanente, y siempre altos estándares de seguridad y transparencia.
Benjamín Blanco
Director de sector público, salud y procesos electorales de Minsait