Competencia en los mercados: ¿quién toma las riendas?

Ana María Montoya

Las buenas intenciones de mejorar las estructuras de los mercados para que estos sean más competitivos, brinden mejores servicios y mayor cobertura a los consumidores, y se eviten los precios excesivos, son hace años una prioridad para autoridades como la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Sin embargo, los mercados no funcionan sólo con sentencias de casos particulares, o con recomendaciones que no son vinculantes y deben esperar largos trámites en el Congreso. Lamentablemente, es un escenario que nos toca vivir a diario en mercados tan relevantes como los medios de pago, los seguros de salud privada y los notarios, entre otros.

“Congelar precios podría beneficiar a los consumidores en el cortísimo plazo, pero pronto causarán reducción en inversión y competencia”.

En relación con el primero de estos, ya ni siquiera nos sorprende que desde 2015 vemos pasar actuaciones de la FNE, resoluciones del TDLC, de la Corte Suprema y cambios normativos del Banco Central que buscan mejorar el mercado de medios de pago, ya sea para aumentar la competencia en el giro emisor, cambiar la estructura de un mercado que estaba monopolizado en la adquirencia por Transbank incentivar la regulación para que los actores basados en tecnología puedan entrar a competir en igualdad de condiciones que los incumbentes.

Sin embargo, en paralelo y terminando 2022, todavía vemos demandas por parte de comercios respecto de los precios que fija Transbank en el mercado, o a la FNE intentando fijarlos a través del TDLC. La verdad es que los ciudadanos poco entienden de este tecnicismo, pero lo que sí pueden ver es que han ingresado emisores no bancarios, hay mayor cantidad de dispositivos para pagar en los comercios que antes no permitían dicho uso y que son de distintos proveedores, y que la tecnología les ha acercado la posibilidad de comprar digitalmente a pequeños comercios a través de plataformas tecnológicas en sus propios celulares.

Aun así, las señales son contradictorias, ya que sabemos que las fijaciones tarifarias no han terminado.

Cuando hay apertura a la competencia, ya sea por cambios tecnológicos o normativos, va a haber restructuración de tarifas, bajando en general, pero pudiendo subir para los consumidores más grandes que antes tenían poder de compra ante el monopolio que lograban que éste diseñara subsidios cruzados entre clientes más pequeños y los más grandes. Impedir este reacomodo a través de la judicialización retrasará el desarrollo competitivo. En una economía de mercado son los precios los que dan las señales de dónde conviene invertir; en los mercados de baja competencia se debe hacer un análisis de los factores que impiden la entrada. Congelar precios podría beneficiar a los consumidores en el cortísimo plazo, pero pronto causarán reducción en inversión y competencia.

Uno se pregunta quién toma las riendas de hacer los cambios y las transiciones que permitan que las señales de precios funcionen. Con los casos referidos, pareciera que son los tribunales o las cortes caso a caso quienes deben diseñarlos; el problema es que con esta solución lo único que terminamos logrando es que las “buenas intenciones” de mejorar las estructuras de los mercados para que los consumidores nos beneficiemos sean una causa perdida.