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Alto contrasteLa nueva arquitectura tributaria I: ¿puede la invariabilidad ayudar a generar empleo?
HUGO HURTADO Y JOSEPH COURAND Socios de Deloitte
El proyecto de reconstrucción que ha propuesto al país el gobierno pasó la primera gran etapa al ser aprobada la idea de legislar en la Cámara de Diputados. Analizado como un todo, es un proyecto que puede reactivar la inversión, el crecimiento y el empleo en el mediano plazo.
El diagnóstico es, en mayor medida, compartido: el gran problema que afecta a las familias chilenas es la falta de trabajos de calidad. El debate, hasta la fecha, se ha centrado en el régimen de invariabilidad tributaria en cuanto a sus plazos y monto de inversión, y en si es constitucional o no. Si bien es una discusión necesaria, es incompleta si no se conecta con su impacto en la inversión y, especialmente, con el crecimiento y la creación de empleo.
La discusión no debiera centrarse únicamente en eventuales ingresos fiscales que podrían no capturarse en escenarios futuros, sino en el contrafactual más importante: proyectos que no se realizan no generan empleo, actividad ni recaudación.
Partiendo desde un punto de vista constitucional, existen argumentos de fondo para sostener la constitucionalidad de la invariabilidad, especialmente después de las últimas indicaciones introducidas por el gobierno. El régimen se estructura mediante contratos de inversión (con obligaciones para ambas partes), siendo su acceso voluntario y sujeto a requisitos objetivos, lo que permite compatibilizarlo con la potestad tributaria del Estado. El legislador mantiene su facultad normativa, aunque los cambios futuros no afecten a quienes hayan adquirido derechos bajo estos contratos. Ese encuadre, correctamente delimitado, permite defender su admisibilidad constitucional.
En este sentido, una revisión al alza del umbral mínimo de inversión (actualmente en US$ 50 millones), establecer un plazo más limitado (por ejemplo 10 años, extensible a 20 años respecto de proyectos de gran envergadura o de industrias específicas como la minera, como ocurre en Argentina, similar a lo que se estaría planteando para la discusión en el Senado), y una descripción clara de las obligaciones de los inversionistas y de las causales de caducidad, contribuirían a lograr más consenso para su aprobación y reforzar al mismo tiempo su solidez jurídica frente a eventuales recursos que pudieran ser presentados ante el Tribunal Constitucional.
Resuelto el punto jurídico, el tema más relevante es sin duda su impacto económico. En decisiones de inversión, la incertidumbre pesa más que la carga tributaria. La economía conductual ha mostrado que los agentes no evalúan riesgos de manera neutral: la aversión a la pérdida (loss aversion) hace que los escenarios de deterioro -como cambios tributarios futuros- tengan un impacto desproporcionado en la decisión de invertir.
Ese sesgo tiene consecuencias concretas: proyectos que son rentables en el papel no se ejecutan porque la incertidumbre sobre las reglas futuras distorsiona el proceso de decisión. En ese contexto, la invariabilidad tributaria cumple un rol claro, pues aunque no elimina el riesgo, lo acota desde el punto de vista regulatorio. Al reducir dicha incertidumbre, mejora la calidad de las decisiones y desbloquea inversión de largo plazo.
Y ahí aparece el efecto más tangible, y que opera sobre el empleo. Antes de lograr retornos financieros, se generan puestos de trabajo en construcción, operación, servicios asociados y múltiples efectos indirectos. La estabilidad en las reglas del juego no solo influye en el crecimiento futuro, sino que tiene un efecto casi inmediato en el empleo.
La secuencia económica muchas veces se pierde en el debate.
Este punto también es relevante desde la perspectiva fiscal. La discusión no debiera centrarse únicamente en eventuales ingresos fiscales que podrían no capturarse en escenarios futuros, sino en el contrafactual más importante: proyectos que no se realizan no generan empleo, actividad ni recaudación. Por el contrario, cuando la inversión ocurre, primero se crean empleos y, con el tiempo, utilidades que amplían la base tributaria.
Chile lleva más de una década creciendo en torno al 2%, con tasas de inversión a la baja y una débil creación de empleo. Salir de esa trayectoria requiere reactivar decisiones de inversión que hoy están postergadas, en parte, por la incertidumbre.
La invariabilidad tributaria no es una solución completa, pero sí puede ser una pieza relevante del puzzle que reactive nuestro potencial. Reduce una fuente crítica de incertidumbre, corrige sesgos que afectan la toma de decisiones y facilita la ejecución de proyectos que generan empleo en el corto plazo y crecimiento en el largo.
Bien diseñada puede contribuir a algo esencial: subir la tasa de inversión, motor en la generación de empleo. Sin empleo, no hay crecimiento sostenible. Quedará ver cómo avanza la discusión en las siguientes etapas legislativas.
