Modernización de la legislación ambiental

Diego Hernández

Importantes anuncios en materia de legislación medioambiental ha formulado la ministra del ramo, Marcela Cubillos. El proyecto de reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que lleva vigente 20 años, considera, entre otros aspectos, la eliminación del Comité de Ministros y de las comisiones regionales respectivas. En este marco, la ministra Cubillos inició un proceso de consulta a diversas partes interesadas, entre ellas la minería, con el propósito de alcanzar un consenso en la materia.

La minería —al igual que otros sectores productivos— tiene un impacto ambiental innegable, y en ese ámbito también presenta importantes desafíos.

En la década del 80, con la materialización de grandes proyectos mineros y antes de que en Chile existiera una normativa ambiental, la industria adoptó voluntariamente medidas que permitieron la protección del medioambiente y, además, al ser muchas de ellas empresas internacionales, se diseñaron los proyectos de acuerdo a las normas medioambientales vigentes en países mineros desarrollados como Canadá, Australia y Estados Unidos. Ya en la década siguiente se hizo evidente la necesidad de contar con una legislación que normara los efectos que la minería y otras actividades productivas generan en el medioambiente.

Desde nuestra perspectiva, lo que se requiere ahora es avanzar en una legislación menos compleja y engorrosa, que compatibilice con eficiencia la indispensable inversión que requiere nuestro país, garantizando al mismo tiempo una adecuada participación de las comunidades donde buscan instalarse los nuevos proyectos productivos y sus faenas.

En nuestro documento “Fundamentos y Desafíos para el Desarrollo Minero”, que se entregó a la opinión pública y a las candidaturas presidenciales, planteamos que, en términos regulatorios, es indispensable tomar conciencia de la importancia de la flexibilidad a la hora de adaptar los estándares operacionales, dependiendo del tamaño y complejidad de los activos.

Creemos que se debe avanzar en la revisión de la regulación ambiental en general y de la minera en específico, y sin comprometer los objetivos a alcanzar, hacerla más coherente, sencilla y global. En suma, se trata de establecer una regulación que considere un marco adecuado para la minería en su conjunto y no sólo a aspectos involucrados en el negocio en forma parcial, independiente e inconexa.

A su vez, desde el punto de vista de la participación comunitaria, el país debe generar mecanismos innovadores de diálogo social y solución de controversias.

Casos como el de Dominga han hecho aún más urgente revisar la actual regulación, para evitar la aplicación de criterios políticos y la toma de decisiones discrecionales, particularmente en las etapas finales de los procesos de obtención de permisos ambientales.

Coincidimos, entonces, con el anuncio del gobierno en cuanto a modernizar la institucionalidad ambiental, con el propósito de avanzar hacia una regulación más competitiva y menos reactiva, que fortalezca el SEIA como el principal instrumento de protección del medioambiente.