Participación ciudadana

Olga Feliú

El impacto mediático de las noticias sobre hechos ya pasados: aportes indebidos de empresas a campañas y candidatos de todas las tendencias; y situaciones irregulares y/o delictivas, en el ámbito privado y público, que día a día copan las noticias, ha relegado, en el mundo noticioso, un debate informado sobre los avances de hecho y normativos, en la estatización y centralización de la educación, tanto en lo institucional u orgánico, como de personal, efectuados de manera sostenida y sin pausa. Igual ocurre en materia laboral, donde la rigidez en las relaciones entre trabajadores y empleadores, el poder de los sindicatos y la intervención de órganos estatales, importarán cambios tan esenciales que llevarán indefectiblemente a la retracción de la actividad privada y el consecuente incremento de lo público.

Estas modificaciones estructurales ya han originado un serio deterioro. Las cifras económicas decaen y el futuro se ve igualmente poco auspicioso. Así también lo percibe la opinión pública como lo acreditan las encuestas. Por consiguiente, es hora de dejar que los hechos pasados sean investigados y sancionados dejando así que la institucionalidad funcione como corresponde, pues el futuro es el que interesa.

Frente a la profundidad de los cambios y el deterioro producido, las personas se sienten desprotegidas y desvalidas, y se preguntan qué puede hacer cada uno en su respectivo ámbito. Las voces solitarias o coloquiales, relevantes en las redes sociales, sólo rara vez dan origen a una discusión generalizada y pública que trascienda en encuestas de opinión y lleve a aclarar situaciones o permita rever medidas o cambios, en las decisiones públicas. Es por ello que se debe asumir como necesario unirse con quienes son afines, como ocurre con las profesiones. Y frente a la pregunta de por qué colegiarse la respuesta es también, para que las voces se multipliquen bajo el amparo y trascendencia de una entidad que representa a toda una profesión. Ello es válido para todas las agrupaciones gremiales.

Nadie debe subestimarse y pensar que sólo les corresponde esperar lo que otros hagan. Todos estamos llamados, por igual, a estar conscientes del devenir de los acontecimientos y participar con un grano de arena. El ejemplo es el mejor acicate para incentivar la participación. Nadie debiera permanecer indiferente frente a los cambios estructurales que se implementan con una voluntad irreductible, que les afectará en lo personal, más temprano que tarde. Nadie podrá escapar de una estatización agobiante de la que el mundo entero se aparta. Importantes son los cambios estructurales, en la salud y previsión. Se ha hecho un panegírico –completamente irreal- respecto de las bondades que representan los regímenes solidarios, e incluso, con desparpajo, se recuerda, como bueno, el sistema vigente en los años 70. Tal situación benéfica sólo existió para los imponentes de cajas privilegiadas o quienes ostentaban altos cargos del Estado, no para los más necesitados.

Tratándose de las modificaciones a la Ley de Isapres y de AFP se entiende como interlocutores válidos a los legisladores y empresas. Ello no debe entenderse así. Toda transformación en cualquiera de estos dos sistemas debería tener como primer interlocutor a quienes son sus imponentes. Esos son los verdaderos afectados por los cambios. Podrán reclamar por mejoras en los sistemas, pero que no se les prive de sus derechos adquiridos sobre cotizaciones de las que son dueños indiscutidos, tal como lo ha reconocido el legislador de manera invariable. Son estos cotizantes los que deben dar la cara ante cualquier cambio para defender sus derechos. A las empresas de salud o de previsión hay que pedirles eficacia y cumplimiento de la legalidad, pero la verdadera defensa de los sistemas corresponde a quienes tienen sus fondos –cotizaciones- y sus derechos, presentes y futuros, involucrados. Por eso, si las personas quieren que se respeten sus derechos deben participar y, para ello, lo mejor es juntarse con sus similares, con lo que su voz tendrá más fuerza.

Sancionar los hechos del pasado incumbe a los órganos públicos competentes y el curso de esos hechos no debe distraer el debate sobre profundas reformas que afectan a la gente.