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Alto contrasteRetorno a la estabilidad en la inversión, clave para impulsar el crecimiento
MAURICIO RIESCO Socio HD Abogados GONZALO DELAVEAU Socio HD Abogados
Chile tiene ante sí la oportunidad de recuperar aquello que lo hizo líder regional. En un escenario global donde el capital fluye hacia jurisdicciones con reglas claras, el país parece haber olvidado que su principal ventaja competitiva no fueron solo los recursos naturales, sino la estabilidad institucional. Por eso no sorprende que el anuncio de un mecanismo inspirado en la lógica del antiguo DL 600 haya sido recibido con entusiasmo: la inversión de largo plazo necesita previsibilidad, atributo que Chile ha ido perdiendo de manera sostenida en la última década.
Advertimos tempranamente en papers académicos y seminarios que la derogación del DL 600 era un error pero se dijo que Chile ya no necesitaba instrumentos propios de países “en desarrollo”. El tiempo demostró lo contrario. Desde 2014, la volatilidad tributaria no ha disminuido y en cada ciclo político reabre debates, reformas y anuncios que impiden proyectar la carga fiscal a 10 o 15 años, afectando especialmente a proyectos intensivos en capital, como los mineros, energéticos e infraestructura.
“Chile llegó a ubicarse entre los 11 principales destinos de inversión del mundo en 2013 y 2014, cuando ofrecía reglas estables y previsibles. Desde entonces ha quedado fuera de los rankings, perdiendo terreno en la región”.
A ello se suma una inestabilidad regulatoria crónica: normas que cambian sin transiciones claras, criterios administrativos dispares y nuevas exigencias que aparecen avanzada la tramitación. Si bien la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales representa un avance, su implementación requerirá un cambio cultural profundo dentro del Estado, acostumbrado a operar sin plazos vinculantes ni estándares homogéneos.
La judicialización completa este cuadro,pues hoy funciona como un verdadero “segundo sistema de evaluación”. No existe proyecto relevante que no enfrente años de litigios sucesivos, medidas cautelares, recursos paralelos y decisiones contradictorias entre instancias técnicas, administrativas y judiciales. El resultado es un riesgo sistémico que encarece, retrasa o impide inversiones que ya cumplieron con las exigencias formales.
Este deterioro también se refleja en la mirada internacional. Chile llegó a ubicarse entre los 11 principales destinos de inversión del mundo según UNCTAD en 2013 y 2014, precisamente cuando ofrecía reglas estables y previsibles. Desde entonces, y pese a seguir recibiendo flujos relevantes, ha quedado fuera de los rankings perdiendo terreno frente a países de la región.
Existen, sin embargo, señales alentadoras. El ingreso reciente al SEIA de dos megaproyectos mineros refleja un consenso transversal sobre la necesidad de facilitar inversiones estratégicas. Pero la experiencia chilena demuestra que estos consensos son frágiles. Por ello, más allá del optimismo coyuntural, se requiere un marco institucional robusto que asegure estabilidad y predictibilidad en el largo plazo, independiente del ciclo político.
Retomar un mecanismo moderno de estabilidad no es volver al pasado, sino corregir una omisión del presente. La pregunta de fondo es simple: ¿queremos un país donde los proyectos se evalúan con reglas previsibles, o uno donde invertir depende de navegar un laberinto normativo que cambia sobre la marcha? De esa respuesta depende si Chile atraerá capital para la transición energética y la nueva infraestructura, o seguirá viendo cómo esos proyectos se materializan en otros países, mientras seguimos ajustando circulares, guías e interpretaciones.
Chile no necesita inventar nada nuevo, sino hacer lo que históricamente hizo bien: ofrecer certezas. Un mecanismo moderno de estabilidad -tributaria, regulatoria y procedimental- no es un privilegio para inversionistas; es una condición habilitante para que el país vuelva a crecer, compita globalmente y financie de manera sostenible su desarrollo.
