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Alto contrasteLa infraestructura pendiente del crecimiento
Mientras Chile concentra buena parte de su discusión económica en reconstrucción, permisología e infraestructura para la próxima década, una de las principales restricciones estructurales para el desarrollo sigue fuera del centro de la agenda: la seguridad hídrica. Las advertencias realizadas tanto por el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, como por el ministro de Agricultura, Jaime Campos, apuntan en una misma dirección: la escasez de agua dejó hace tiempo de ser solo un problema ambiental y se transformó en un límite concreto para la expansión productiva del país.
Chile enfrenta desde hace más de una década un deterioro sostenido de su disponibilidad hídrica producto de la sequía y del cambio climático. La situación afecta especialmente a sectores intensivos en uso de agua, como la agricultura y la fruticultura, actividades que mantienen un importante potencial exportador, pero que comienzan a encontrar restricciones físicas para continuar creciendo.
La próxima década exigirá infraestructura hídrica tan relevante como la portuaria, energética o vial.
La preocupación resulta especialmente relevante en el caso de la fruticultura, hoy la principal actividad exportadora después de la minería y uno de los sectores con mayor impacto territorial. A diferencia de la gran minería, cuya actividad se concentra principalmente en el norte del país, la producción frutícola se extiende por prácticamente 14 regiones y genera empleo permanente en múltiples zonas rurales donde existen menos alternativas de desarrollo productivo.
Desde el sector advierten que el principal obstáculo para expandir la superficie cultivada ya no son los mercados internacionales, sino las limitaciones internas asociadas a la disponibilidad de agua y a la falta de infraestructura para gestionarla eficientemente. El diagnóstico instala una discusión estratégica: cuánto crecimiento potencial está dejando pasar el país por no avanzar con mayor rapidez en obras de almacenamiento, conducción y distribución hídrica.
Las cifras ayudan a dimensionar el impacto económico involucrado. Según estimaciones del gremio, cada hectárea irrigada genera cerca de US$ 80 mil de impacto económico. Bajo esa lógica, incorporar 100 mil nuevas hectáreas bajo riego permitiría sumar alrededor de US$ 8 mil millones a la economía chilena y crear unos 160 mil empleos permanentes. En un escenario de bajo crecimiento y debilidad del mercado laboral, se trata de una oportunidad difícil de ignorar.
La reciente aprobación de la ley sobre uso de agua de mar para desalación representa un avance relevante. Sin embargo, el país sigue careciendo de una estrategia integral que permita transportar y distribuir esa nueva oferta hídrica hacia actividades agrícolas, consumo humano y polos productivos. La experiencia internacional demuestra que la viabilidad de estos sistemas depende de redes integradas, economías de escala y planificación territorial de largo plazo.
En paralelo, el ministro de Agricultura plantea la necesidad de avanzar hacia un fondo permanente para infraestructura hídrica, con financiamiento estable y capacidad de ejecución sostenida en el tiempo. La propuesta refleja hasta qué punto el agua comienza a ser entendida como un asunto de seguridad económica y alimentaria, además de un factor clave para la competitividad exportadora.Chile enfrenta así una definición estratégica. La próxima década exigirá infraestructura hídrica tan relevante como la portuaria, energética o vial. Y si el país pretende sostener su capacidad exportadora y abrir nuevas oportunidades de crecimiento regional, deberá avanzar hacia una política de Estado capaz de asegurar disponibilidad de agua para producción, consumo humano y adaptación climática.
