Responsabilidad y reconstrucción
En su primera cuenta pública, el Presidente José Antonio Kast reafirmó que no se desviará del camino que propuso a Chile para enfrentar lo que su administración ha definido como una emergencia económica, social, de orden y seguridad. En un contexto particularmente complejo, en que el PIB se contrajo 0,5% el primer trimestre, el Imacec cayó 1,2% en abril, el desempleo supera el 9% y las cuentas públicas enfrentan una situación más débil que la informada por el gobierno anterior, el mandatario sostuvo que enfrentado a escoger entre popularidad y responsabilidad, ha optado por esta última. Se trató de una declaración que definió el tono de su discurso, marcado por una impronta severa y, al mismo tiempo, conciliadora, en la que llamó a buscar acuerdos en el Congreso para sacar al país del estancamiento.
A 82 días de haber llegado a La Moneda, con un programa orientado a recuperar el crecimiento, reforzar la seguridad pública y corregir los desequilibrios fiscales, Kast evitó las grandes confrontaciones. “La reconstrucción es tarea de todos”, dijo al convocar a todas las fuerzas políticas a avanzar en acuerdos, en un mensaje en que la emergencia fue el punto de partida de la puesta en marcha del gobierno, no el eje sobre el cual seguirá girando la discusión política.
Y en esa lógica puede interpretarse el lugar que ocupó la seguridad dentro de su discurso. Kast construyó buena parte de su capital político sobre la promesa de recuperar el orden público y enfrentar el avance de la delincuencia. Sin embargo, durante los primeros meses de la actual administración la agenda económica absorbió la mayor parte de la atención, desplazando el que desde un comienzo debió ser el otro eje central del plan de gobierno. En ese marco, el Presidente buscó marcar en la cuenta pública un punto de inflexión que vuelve a conectar con una de las mayores demandas ciudadanas. Tras una deslucida gestión de la exministra de Seguridad, que no presentó un programa en la materia, -porque no lo creía necesario-, Kast esbozó los primeros lineamientos claros, con una agenda que incluye el copamiento policial de 50 barrios críticos, nuevas fuerzas de tarea contra el crimen organizado, el fortalecimiento de controles migratorios, la ampliación del plazo de flagrancia de 12 a 24 horas, mayores atribuciones para las policías, nuevas plazas penitenciarias, la ampliación de los plazos de retención y la creación de registros de vándalos e incivilidades, que contemplan la pérdida de beneficios fiscales para los infractores.
Junto con avanzar en la agenda de reactivación, es necesario incorporar medidas complementarias para recuperar el empleo.
La recuperación de espacios públicos, la presencia efectiva de las policías en barrios complejos, el combate al crimen organizado y una política migratoria más exigente forman parte de las preocupaciones cotidianas de la población, que responden tanto a las demandas en seguridad y calidad de vida, como a condiciones que aseguren un mejor entorno para el comercio, la inversión y el funcionamiento de las ciudades. El énfasis es correcto y puede fortalecerse, además, con la incorporación de mejores herramientas tecnológicas en el sistema carcelario y mecanismos de inteligencia criminal que permitan transformar información dispersa en persecución penal efectiva, entre otras medidas complemetarias.
La economía constituyó el segundo gran eje de la intervención presidencial. Kast insistió en la necesidad de aprobar el proyecto de reconstrucción nacional y reafirmó las metas para el término de su mandato, en torno a un crecimiento de 4%, una tasa de desempleo de 6% y alcanzar el equilibrio fiscal hacia 2030. El llamado es pertinente, pues gran parte de las medidas contenidas en esa iniciativa apuntan a destrabar inversiones, acelerar proyectos, reducir costos regulatorios y mejorar condiciones para el crecimiento. También es positivo que el Presidente haya puesto el acento en los acuerdos necesarios para llevar adelante una agenda que difícilmente podría prosperar sin apoyo parlamentario. Pero las cifras económicas conocidas durante los últimos días muestran una realidad más exigente que aquella sobre la cual se formularon originalmente muchos de estos objetivos. Con un desempleo que supera el 9% y sobrepasa el 10% entre las mujeres, una economía que probablemente crecerá cerca de 1,5% este año y una situación fiscal más estrecha que la estimada, es difícil que las metas presidenciales puedan alcanzarse solo con las herramientas hoy sobre la mesa.
Junto con avanzar en la agenda de inversión y productividad, parece necesario incorporar medidas complementarias, orientadas a recuperar el empleo, particularmente entre jóvenes y mujeres, acelerar la implementación efectiva de la reforma de permisos, profundizar la inserción internacional de la economía y avanzar en una modernización del Estado que vaya más allá de la reorganización ministerial anunciada por el Ejecutivo.
La cuenta pública mostró a un Presidente decidido a perseverar en su hoja de ruta, lo que resulta es relevante en momentos en que las presionesha por modificar prioridades comienzan a multiplicarse. Si embargo, las cifras económicas, laborales y fiscales muestran que la magnitud de la emergencia que el propio gobierno diagnosticado exigen una respuesta todavía más amplia que la presentada hasta ahora.
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