“Ya estamos en tierra derecha”. Así reaccionó el ministro de
Economía, Hugo Lavados, luego que la Comisión de Intereses Marítimos
del Senado aprobará ayer en particular el proyecto de ley que modifica
la Ley General de Pesca y que es considerado clave para el futuro de la
industria salmonera.
Sin embargo, el cuerpo legal -que ahora
deberá ser visto por la comisión de Hacienda antes de ser votado por la
sala del Senado- es muy distinto al que inicialmente presentó el
gobierno, dado que redujo a 25 años la duración de las nuevas
concesiones.
Y, además introdujo nuevas causales de caducidad de
las concesiones en el caso que las firmas no respeten, por ejemplo,
normas sanitarias sobre el uso de antibióticos, medidas
medioambientales o abusen de los derechos de los trabajadores.
Así
lo explicó el presidente de la comisión de Intereses Marítimos, Antonio
Horvath, para quien “la naturaleza de todas las indicaciones aprobadas
permitirán el nacimiento de una nueva acuicultura, con precauciones
ambientales, sanitarias, de zoonificacion, con facultades
fiscalizadoras, nuevas sanciones y caducidad, que obligan a que la
acuicultura dé garantías de todo punto de vista para que se pueda
desarrollar”.
Cabe consignar que el proyecto aprobado ayer en
términos generales mantiene las actuales razones de caducidad e
incorpora otras como el uso para cultivar una especie distinta para la
cual fue autorizada, el escape de la especie tres veces, incumplimiento
de las normas sanitarias y ambientales. A lo que se suman reiteradas
faltas a los derechos de los trabajadores o prácticas antisindicales
que hayan dado objeto a tres sentencias ejecutoriadas.
Por lo
mismo, el ministro de Economía dijo que esto implica que hay “conductas
que son muy dañinas hacia la comunidad, el resto de los participantes
de la industria y los trabajadores, por lo que en este caso, al país no
le conviene que esa concesión esté en manos de esa empresa o persona,
puesto que no ha tenido la conducta que todos esperamos”.
Lo nuevo
Ahora
bien, el proyecto de ley también incluyó la zoonificación de las zonas
cultivables para las nuevas concesiones determinando que aquellas que
actualmente están fuera de estos lugares deben ser relocalizadas, para
lo cual contarán con la ayuda del Estado a través de Corfo. Claro que
las empresas que lo hagan perderán el carácter indefinido de la
concesión a “25 años, las que pueden ser renovadas siempre y cuando los
informes ambientales no hayan sido negativos en más del 50%”, explicó
Horvath.
Con todo, el ministro se mostró conforme con el texto
aprobado y dijo que espera que no sufra nuevos cambios durante su
votación en la sala, con lo cual “nos quedaríamos muy conformes porque
dejará una buena ley que va a permitir un desarrollo sano, sustentable
y sostenido de la actividad acuícola”.
Cabe precisar que el
proyecto podría ser votado durante la primera semana de septiembre en
la sala y luego deberá ir a un tercer trámite constitucional a la
Cámara de Diputados, donde podría quedar en condiciones de ser ley de
la República.
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