Una serie de movimientos políticos y corporativos que se desplegarán en los próximos tres meses podrían allanar el camino para que el gobierno argentino tome el control de Metrogas, la mayor distribuidora de gas del país y uno de los principales emblemas de la privatización de los años ‘90.
La decisión germina al interior de los Ministerios de Planificación, a cargo de Julio de Vido, y de Economía (el viceministro Axel Kicillof es uno de los principales promotores de la idea).
“Metrogas se estatiza. Hoy tiene precio negativo”, resumió a El Cronista una fuente con vínculos en ambas carteras que pidió reserva.
Los tiempos para sellar el destino de la distribuidora se acortaron debido al cronograma del mundo corporativo. Las acciones de Metrogas están distribuidas entre el PPP (programa de participación que pertenece a los trabajadores), con un 10%; un 20% flota en bolsa y un 70% pertenece a GASA, la sociedad controladora. A su vez, la participación de esta última corresponde en un 45,33% a una filial de YPF; es decir, acaba de pasar a manos del Estado, y en un 54,67% a la inglesa BG, que si bien tiene la mayoría prácticamente está retirada del país (cerró sus oficinas hace al menos tres años).
Metrogas entró en convocatoria de acreedores en junio de 2010 debido a que por su situación de caja no pudo pagar su deuda renegociada. En febrero, el juzgado dictó una prórroga a pedido de la empresa, que vence el mes que viene.
Los bonistas, compuestos por fondos especulativos, tienen que definir si aceptan la oferta de pago. Para un pasivo de
US$ 261 millones, la empresa propuso una quita de 46,8%.
Desde el riñón del sector gasífero, aseguran que será una decisión difícil para los acreedores: si rechazan esa alternativa, la mayor distribuidora de gas irá camino a la quiebra, un escenario impensable desde el punto de vista del gobierno y poco conveniente para los acreedores (salvo que uno quiera rescatarla). Pero si aceptan la propuesta, nada les asegura cobrar. Sucede que con tarifas congeladas y costos en ascenso, es casi seguro que no contará con caja para hacer frente a sus pasivos.
Casi en paralelo, el 4 de junio se hará la primera asamblea de accionistas de la YPF nacionalizada. De allí surgirá oficialmente el nombre del interlocutor de la petrolera con la gasífera, algo que hoy no está establecido.
En agosto, en tanto, está previsto que se concrete una asamblea de accionistas de GASA. Todos en el mercado coinciden en un punto: si el gobierno no quiere esperar a que la empresa quiebre, ese es el momento indicado para que lleve a cabo un movimiento que le permita acceder al control. Hay varios motivos que apoyan esa dirección. Por caso, el valor de Metrogas está hoy muy por debajo de su potencial, algo que disminuiría al máximo la erogación oficial, en caso de que el gobierno decida pagar algo.
Una operación de ese tipo, además, revestiría un fuerte capital simbólico: no sólo es la mayor distribuidora de gas del país, sino que también implicaría la salida de ese negocio de capitales ingleses.
Hay una contra que está siendo evaluada en el gobierno. A diferencia de YPF, que le permitió a Cristina acceder a una caja jugosa, Metrogas es hoy deficitaria. Y la única manera de salir de los números rojos depende de un aumento de tarifas, una medida que trae aparejados costos políticos.
Resta saber qué ambiciones tiene BG con respecto a sus acciones, vistas por la empresa como un residuo de su expansión noventista. A principios de año, una de sus estrategias quedó desarticulada cuando la Corte de Apelaciones de Washington le dijo a la empresa que debía plantear sus reclamos en la justicia local antes que en tribunales internacionales. Luego de eso, el gobierno la “invitó” a renegociar su contrato. Pero no avanzó.
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