El 13 de mayo fue un día de crisis total. Terpel Colombia, la distribuidora de combustibles controlada por la chilena Copec, estuvo a horas de quedarse sin bencina. Desde Ecuador tuvieron que traer 30 mil barriles para abastecer su red de estaciones de servicio. En tanto, en las calles, las protestas sacudían las principales avenidas de las ciudades del país. Y en Chile miraban atentos el desarrollo de las manifestaciones y la paralización política del gobierno y los partidos de oposición.
“Fue un déjà vu”, dice el director de una firma chilena con presencia en Bogotá, comparándolo con lo que ocurrió en octubre de 2019, que desembocó en un gran acuerdo político el 15 de noviembre de ese año, y que terminó con la elección el domingo pasado de 155 ciudadanos que redactarán una nueva Constitución. En Colombia, a 26 días del inicio de los paros nacionales, todavía no hay visos de un acuerdo o una salida institucional.
Firmas como Falabella, Parque Arauco, Sodimac, CCU, Cencosud y WOM están presentes allá. Hasta ahora, ninguna ha sufrido hechos vandálicos de grandes proporciones. Todas fueron consultadas por DFMAS, pero ninguna quiso responder. Solo Falabella emitió una escueta declaración indicando que “la operación de Falabella en Colombia se ha desarrollado con normalidad y sin impacto en las instalaciones. Colombia es un mercado importante para nosotros y confiamos en que el país superará esta situación”.
Fuera de grabadora, varios ejecutivos confirman que están monitoreando el desarrollo del proceso y han reforzado sus medidas de seguridad para sus trabajadores y las instalaciones. Además, están atentos a ver cómo queda la carga tributaria para evaluar futuras acciones. La cautela para referirse al conflicto es tal, que ni en la Sofofa, que tiene un consejo empresarial chileno-colombiano, presidido por Leonardo Ljubetic, a la vez gerente de Desarrollo y Gestión de Copec, quisieron referirse al tema.
El balance de los desmanes producidos por las protestas es desalentador: Al día la economía colombiana pierde US$ 131 millones, según cifras del Ministerio de Hacienda. Hay 30 centros comerciales gravemente destruidos, el comercio vende el 15% de un día normal y calcula pérdidas por US$ 600 millones en estas tres semanas de movilizaciones. Hay 70 toneladas de alimentos bloqueadas por las tomas de carreteras y 8 millones de litros de leche diarios, además de 40 mil cabezas de ganado que no se pueden comercializar. Además, el miércoles S&P le quitó el grado de inversión a Colombia por no ser capaz de reducir su déficit fiscal.
La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, que incluye a Terpel Colombia, indicó que hay un desabastecimiento superior al 30% a nivel país. Las estaciones de servicio han dejado de percibir ingresos por cerca de US$ 1.000 millones y se han destruido cerca de 120 estaciones. Terpel no respondió cuántas de sus bencineras habían sido afectadas.
Ha habido casi 4 mil concentraciones, 1.900 bloqueos y se cuentan más de 25 civiles muertos y otros 1.700 lesionados.
Y a todo eso hay que sumarle las cifras del coronavirus: más de 3 millones de casos, y 82 mil muertos por el virus, mientras el proceso de vacunación avanza lento. Hasta el miércoles había menos de 3 millones de personas inmunizadas con dos dosis, de una población total de más de 50 millones de colombianos.
Según cuenta a DFMAS Juan Esteban Orrego, presidente de la Federación Nacional del Comercio de Bogotá, la situación es grave.
“Venimos de más de un año de pandemia. Se han impuesto cuarentenas, y eso afecta al comercio obviamente, porque los costos continúan, pero los ingresos no. En Colombia se cerraron el año pasado alrededor de 58 mil empresas. En 23 días de movilizaciones las ventas han caído 90%. Como no hay transporte público, porque lo han destruido, tenemos que abrir más tarde y cerrar más temprano, para que la gente vaya caminando a sus lugares de trabajo y luego a sus hogares. Más de 6 mil comercios en Bogotá han sido saqueados o vandalizados, que representan del orden de 5% del total”, explica el dirigente.
Problemas varios
Varios dicen que lo que detonó la protesta fue una reforma tributaria que estaba en análisis en el Congreso durante abril, que después de las protestas el gobierno retiró. Pero para tratar de entender lo que pasa hay que retroceder un poco.
Según explica Mónica Pachon, profesora de la Universidad de Los Andes y doctora en Ciencia Política, lo que ocurre “está asociado a un problema que está viviendo toda la región. Dejamos de crecer, tenemos la tasa de desempleo más alta en décadas, los colegios y universidades están cerrados. El mundo social está en revuelta porque cuando pierdes en el país 500 mil negocios y 2 millones de personas se van a la pobreza, tenemos 1,7 millones de inmigrantes desde Venezuela y con la crisis humanitaria adicional que ello provoca, cualquier cosa es detonante”.
En septiembre de 2019, una protesta de estudiantes contra hechos de corrupción al interior de la Universidad Distrital, ubicada en la Séptima, que es la calle más importante de Bogotá, se salió de control, llegó la policía a aplacar los hechos de violencia y se unieron los estudiantes de la Universidad Javeriana. Para muchos ese fue el detonante de todas las protestas nacionales. Algo así como los $ 30 que subió el precio del Metro en 2019 en Chile.
En noviembre de ese mismo año se llamó a un paro nacional, con alta convocatoria. Los camioneros se sumaron porque no querían pagar las multas de tránsito, luego las feministas, los sindicatos, el agro. Entremedio la policía mató a un estudiante con un cartucho de gas lacrimógeno y eso generó que la protesta se volviera mucho más violenta y con alta presencia de jóvenes.
Luego vino la pandemia y la debacle económica interna. “Aunque todavía se estaba discutiendo la reforma tributaria, el 28 de abril se convoca a marchar por la reforma tributaria. Lo hace el Partido Verde, lo secunda Gustavo Petro, líder político de la oposición y todos los movimientos sociales que surgieron en 2019 se plegaron. Estudiantes, agricultores, ganaderos, camioneros se suman. Hasta los taxistas contra Uber. Era la protesta de la protesta, todo el mundo tenía un pliego de peticiones”, explica la politóloga.
Los principales objetivos de destrucción son establecimientos públicos, medios de transporte y centrales de policía.
Todo eso mezclado con un convulso panorama electoral. “Desde 2019 que vienen las protestas y paros. Se mezcla la división del país por el proceso de paz con las Farc, que el presidente Duque no es muy conocido, no representa una fuerza política grande y no tiene un alto nivel de experiencia política. Además es muy radical en la negociación con el Congreso y muchos partidos se les declaran de oposición”, explica Pachon.
Aunque igual que en Chile no hay un solo interlocutor válido para conversar, se ha levantado una especie de petitorio de un movimiento bautizado como Comité del Paro Nacional, que incluye una renta básica de al menos un salario mínimo para todos los colombianos, gratuidad en la educación, fortalecer en serio el proceso de vacunación, frenar privatizaciones de empresas estatales, además de la defensa de la producción nacional y subsidios a micro y pequeñas empresas, y al empleo.
Las vías de salida son las elecciones y el agotamiento social, dice Mónica Pachon. “En este país nunca hemos cambiado el calendario electoral, sería un hecho sin precedentes y puede ocurrir. Nuestra elite política ya está empezando a organizarse alrededor del orden, porque entendieron que si siguen en este plan, viene el mundo del populismo y acabar con las instituciones públicas”.
“Nadie va a dejar que toquen la Constitución. Ya tuvimos un proceso constituyente en 1991 y terminamos con una constitución garantista, donde es muy difícil hacer política pública porque se requieren supermayorías y le da mucho poder al Congreso”, agrega la experta y dice que los fenómenos sociales que hemos tenido en la región muestran “un desprecio por el sistema, pero para cada uno es distinto ese desprecio a la institucionalidad. Y eso se puede convertir en una guerra de clases, étnica, ideológica, siempre con la violencia de por medio. Lo único que puede contrarrestar eso es la política”
Por el lado del sector privado, creen que la salida para financiar los proyectos sociales que pide el movimiento es subir los impuestos.
“Las reformas tributarias per se son antipáticas. Pero definitivamente en Colombia por todo lo que ha ocurrido se va a requerir una reforma tributaria. Lo que pasa es que no es oportuno el momento. Cuando el comercio está quebrado, no le puedes ir a hablar de subir los impuestos, así sea necesario. Toca esperar que esto se calme”, dice Juan Esteban Orrego, de los comerciantes de Bogotá.
La misma Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, algo así como la CPC chilena, propuso recaudar unos US$ 3.500 millones a través de una sobretasa al impuesto a la renta y aplicar un impuesto al patrimonio del 1% para personas naturales con patrimonios superiores a los US$ 1,3 millones, entre otros medidas.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi y vocero del sector privado por estos días, dijo que “las empresas han dejado clara su disposición de asumir acciones solidarias y temporales que permitan aportar a la estabilidad económica de Colombia sin afectar a los ciudadanos”.
Hasta el cierre de esta edición el gobierno trataba de aplacar la furia de las calles y había amenazado con redoblar la presencia policial, pero al mismo tiempo tendiendo puentes con el Congreso y evaluando una reforma tributaria gigantesca. A 6.000 kilómetros, en Santiago, miran con cuidado cada una de esas decisiones. El déjà vu está ahí.
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