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Publicado: Martes 25 de mayo de 2010 a las 19:47 hrs.
José Carlos Prado
El discurso presidencial del 21 de mayo trae aparejada una extensa agenda sectorial que involucra acciones concretas de todas las reparticiones públicas. En este contexto, la Dirección del Trabajo (DT) prepara un plan de fiscalización “especial” que estará focalizado en el sector de la construcción.
La meta es que durante este año el área inspectiva de dicho organismo logre que “al menos el 80% de 300 empresas fiscalizadas” de este rubro “cumplan con la normativa en salud y seguridad en el trabajo”.
Para ser considerada en cumplimiento, una obra o faena debe satisfacer la totalidad de las 117 materias fiscalizadas. Basta que una obra o faena tenga sólo una materia sin cumplir para que se considere que está en incumplimiento.
Bajo este concepto, la experiencia de años anteriores indica un aumento positivo de las firmas que cumplen con la norma. Durante 2008, de las 394 fiscalizaciones a empresas principales, 146 obras cumplían inicialmente con el total de materias verificadas en ellas, o sea, un 37%, mientras que 248 no lo hacían con al menos una de las materias revisadas, es decir, el 63%.
El año pasado, en tanto, de las 311 fiscalizaciones a empresas principales, 132 tuvieron cumplimiento inicial (42,4%) y 179 fiscalizaciones no cumplían, es decir, el 57,6%.
Así, se observó una variación de la tasa de cumplimiento de 14,6% entre ambos ejercicios. Ahora, el gobierno pretende duplicar el resultado obtenido en 2009 con la implementación de este programa.
Sin embargo, para la ex directora del Trabajo, Patricia Silva, este tipo de plan focalizado ya existía, principalmente por el alto nivel de accidentabilidad y mortalidad del rubro. “En esto, se puso especial relevancia tras la promulgación de la Ley de Subcontratación, porque ésta tiene todo un capítulo que cambió, lo que tiene que ver con la regulación en higiene y seguridad, pues la empresa principal se vuelve responsable directa”, recuerda.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.