La presidenta Michelle Bachelet promulgó hoy la Ley N°20.382 que regula los gobiernos corporativos de las empresas privadas, iniciativa que cumple con parte de los proyectos pendientes para que Chile ingrese a la OCDE.
"La ley que estamos promulgando busca incrementar los estándares y la
eficacia de los gobiernos corporativos de las empresas que dan escala
global a nuestra economía y en las cuales depositan su confianza los
accionistas. Con ellos buscamos fortalecer a las empresas, mejorar su
eficiencia, garantizar la confianza del mercado en ellas, por lo que
hemos seguido el estándar internacional de aquellos países con quienes
deseamos compararnos en crecimiento, innovación y desarrollo, porque
sólo de esta manera vamos a efectivamente competir a nivel global",
destacó la Mandataria.
El cuerpo legal, contenido en 41 páginas, modifica la Ley sobre Sociedades Anónimas y la Ley sobre Mercado de Valores.
"Se trata de un gran paso en la perspectiva de fortalecer la
transparencia y la buena marcha de la economía", señaló la Jefa de Estado, al tiempo que remarcó que "el uso
de información privilegiada es una práctica inaceptable", por lo que
"las reglas de juego deben ser igual para el sector público como para
el sector privado".
Bachelet destacó que la nueva normativa
entregará más transparencia al mercado al obligar a los accionistas
que controlen el 10% o más de las acciones de una sociedad abierta así
como a sus principales ejecutivos a informar a la Superintendencia de
Valores y Seguros (SVS) y a las bolsas de toda compra o venta de
acciones de esa sociedad a más tardar el día después en que se ha
realizado la operación.
Además la nueva normativa establece la prohibición de vender valores cuando se está en
posesión de información privilegiada.
Determina, además, que las sociedades abiertas deberán designar a los
directores independientes y al Comité de Directores cuando tengan un
patrimonio bursátil igual o superior al equivalente a 1,5 millones de
UF (US$ 50 millones).
La norma también dispone que quedarán inhabilitados de ser directores
independientes quienes hayan tenido en los últimos 18 meses antes de
ser electos vinculaciones con la sociedad, ya sea por dependencia
económica, profesional, crediticia o comercial, así como por relaciones
de parentesco.
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