Por Rodolfo Carrasco M.
A pesar de que el gobierno mantiene la suma urgencia para la discusión del proyecto que busca simplificar la constitución de empresas en un día y con cero costo, las opiniones entre los expertos consultados por el parlamento sigue siendo dividida en algunos aspectos, aunque todos valoran que se busque perfeccionar el actual sistema.
La normativa que cumple su segundo trámite en el Congreso debe ser analizada la próxima semana por la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Entre las personas que han hecho planteamientos ante los legisladores se cuenta la presidenta del Colegio de Abogados, Olga Feliú, quien en un documento de 15 páginas, realiza una serie de reparos al texto que es impulsado en el Congreso por el Ministerio de Economía.
Entre sus observaciones y en lo que se refiere al sistema registral, señaló que las disposiciones del proyecto consideraban la existencia de dos: el actual radicado en los conservadores de comercio y el nuevo bajo la tutela del Ministerio de Economía, es decir, se establecía una duplicidad de registros lo que impediría al sistema contar con la confiabilidad requerida, cuestión que consideraba fundamental toda vez que las instituciones financieras para otorgar créditos o efectuar otro tipo de operaciones propias de su giro, requieren la identificación física y jurídica de sus clientes a fin de resguardarse de efectuar negociaciones con quienes no son solventes.
Afirmó que la duplicidad de registros no favorece la seguridad y certeza jurídica, aún cuando pensaba que las instituciones seguirían operando con el actual sistema por cuanto en dichos aspectos no presentaba problemas.
En tanto, también se recibió en septiembre la Cámara de Diputados un oficio del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, en que señala que el texto ha sido elaborado por el Ministerio de Economía. Sin embargo, comenta que “en relación a la migración de un sistema a otro creemos que la regulación puede ser perfeccionada a fin de evitar algunos problemas y vacíos que pudieran producirse con el actual texto del proyecto”.
Al respecto, Justicia tomó contacto con Economía y este último acogió los perfeccionamientos emanados desde la cartera de Justicia.
Sin embargo, también hay posturas muy favorables al proyecto como la de Matías Zegers Ruiz-Tagle, director del Departamento de Derecho Económico Comercial de la Universidad Católica, quien afirmó ante los parlamentarios que no veía que la fe pública pudiera verse afectada por este proyecto, en la medida que el mecanismo propuesto fuera de libre acceso y se garantizara su buen funcionamiento. A su juicio, el proyecto era un verdadero aporte en lo relativo a la competitividad y costos.
Asimismo, expuso ante los diputados José Antonio Gaspar Candia, profesor de Derecho Comercial en la Universidad Diego Portales e integrante de la Fundación Fueyo, quien estimó que las objeciones que se han planteado en cuanto a que el proyecto no recogería en forma adecuada la complejidad societaria, no le parecían tan relevantes, pues aquellas sociedades más sofisticadas no se acogerán al sistema que propone el proyecto. Entre otros comentarios, afirmó que no veía inconvenientes en la existencia de dos sistemas paralelos de registro de sociedades, por cuanto la iniciativa era clara en cuanto a la separación de ambos sistemas y el procedimiento de cambio entre uno y otro.
Ante los parlamentarios también expuso Alfredo Martín Illanes, presidente de la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, quien planteó que el proyecto excluía a notarios, conservadores y abogados del proceso de control de legalidad de una sociedad, por lo que no parecía aventurado predecir los problemas que surgirán de esa falta de control de legalidad, especialmente si se consideraba que el 62% de las sociedades que se constituían eran de responsabilidad limitada y el 11%, correspondía a sociedades anónimas, por lo que, a lo menos, el 73% de las sociedades que se constituían en el país eran netamente contratos sociales, los que con esta iniciativa quedarían desprovistos de orientación y control de legalidad.
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