La modernización del Estado ha sido un tema recurrente en cada Gobierno, pero la semana pasada pareció volver con urgencia al primer plano luego de que la Contraloría General de la República denunciara que unos 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero en 2023-2024 mientras estaban con licencia médica.
Incluso, el viernes se sumó otro informe de organismo, ahora de doctores de hospitales públicos, que en su supuesto reposo atendieron partos en clínicas privadas.
En Pivotes son partidarios de ir hacia un nuevo estatuto de empleo público, que regule ingreso, promoción y desvinculación sobre la base del mérito y desempeño. Elisa Cabezón, directora de Evidencia en Pivotes
El primer punto que pone en la mesa el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile y vicepresidente del Consejo Asesor Permanente para la modernización del Estado, Ignacio Irarrázaval, es la importancia de avanzar en la total puesta en marcha de la Ley de Transformación Digital, aprobada en 2019-, pues se entiende como una herramienta que podría contrarrestar malas práctivas.
Foto: Julio castro
“Algunos de sus componentes se han ido dilatando en su implementación”, dijo junto con resaltar que es “un elemento crítico” la interoperabilidad de las bases de datos del Estado y el uso de esa información para analítica de datos.
Por ejemplo, mencionó que la Superintendencia de Seguridad Social tiene toda la información de licencias médicas electrónicas; y la PDI de las personas que salen del país. “Lo que hizo Contraloría fue juntar ambas bases de datos que podrían ser interoperables y hacer procesos en tiempo real”, señaló.
A juicio de Irarrázaval, “en Chile existen buenas bases de datos administrativas, como el Registro Social de Hogares, Servicio de Impuestos Internos, catastros varios; pero no hay capacidad de análisis oportuno”.
En noviembre de 2019 se publicó la Ley 21.180 para impulsar que el ciclo completo de los procedimientos administrativos de todos los órganos de la Administración del Estado sujetos a Ley de Bases de Procedimiento Administrativo, se realice en formato electrónico.
“Cn Chile existen buenas bases de datos administrativas, como el Registro Social de Hogares y el Servicio de Impuestos Internos”, dijo Irarrázaval.
Ignacio Irarrázaval, director Centro de Políticas Públicas de la UC
Lo anterior, se explicó en su momento, “permitirá otorgar mayor certeza, seguridad y velocidad en la entrega de servicios a las personas, junto con una mayor transparencia de los procesos y actuaciones del Estado en su relación con los ciudadanos”.
Sin embargo, algunos de los aspectos de la norma aún no están siendo aplicados en plenitud debido a que, según el cronograma de la ley solo en junio de 2022 debía estar lista la “preparación de implementación con instituciones, estándares de las plataformas, comunicaciones oficiales, digitalización, interoperabilidad, expedientes electrónicos, notificaciones” y la total para diciembre de 2027.
Los ejes de la norma son las comunicaciones oficiales entre órganos serán registradas en DocDigital; las notificaciones se llevarán a cabo a través de medios electrónicos; el ingreso de solicitudes o documentos, se hará vía formatos electrónicos; el procedimiento administrativo deberá constar en expedientes electrónicos; las solicitudes en papel serán digitalizadas e ingresadas al expediente electrónico; y se aplicará el principio de interoperabilidad entre instituciones.
Otros frentes: salud y nuevo estatuto de empleo
Un segundo aspecto que propone Irarrázaval es revisar las condiciones para declarar salud incompatible con el trabajo, porque en su opinión “licencias de hasta seis meses durante los dos últimos años ¿es el umbral adecuado? ¿Qué pasa con los niños en los jardines infantiles? ¿Cómo es el sistema de reemplazos? Esto podría agilizarse bastante”.
La directora de Evidencia en Pivotes, Elisa Cabezón, añade otra propuesta: ir hacia un nuevo estatuto de empleo público, que regule el ingreso, promoción y desvinculación del funcionario sobre la base del mérito y desempeño.
“Eso contribuirá a que en el Estado contemos con funcionarios con un verdadero compromiso por lo público y con un mayor nivel profesional y técnico”, opina.
Para este fin, recordó que en Pivotes son partidarios de reformar con urgencia la regulación del empleo público para “avanzar hacia procesos de selección competitivos y transparentes para toda contratación de personas en la Administración del Estado”.
Como parte del cambio, sugieren ir hacia una evaluación de desempeño que incentive servicios de calidad, una estructura que habilite la movilidad horizontal y vertical de los funcionarios, premiando el mérito y el buen trabajo.
Este escenario contemplaría la opción de “desvincular a los funcionarios que presenten dos años consecutivos de evaluaciones por debajo del promedio de la institución”.
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Rodolfo Carrasco
