El informe de Contraloría que evidenció el uso irregular de las licencias médicas para realizar viajes al extranjero por parte de 25 mil funcionarios públicos, además de convertirse en una situación sumamente abucheada por la ciudadanía, volvió a poner en el ojo del huracán la estructura, y eficiencia, del mecanismo de licencias médicas en el país.
Un tema que hace tiempo viene inquietando a los actores, más al considerar que el gasto del sistema de salud en el pago de licencias creció 131% en siete años (pasando de US$ 1.591 millones en 2015 a US$ 3.675 en 2022), un aumento explosivo que, según la perspectiva de las Cajas de Compensación -entidades que colaboran con el Estado en la administración y pago de las licencias médicas (con fondos transferidos desde Fonasa)- no se explicaría íntegramente por un deterioro en la condición de salud de la población.
Con esta problemática como base, a fines de 2024 Cajas de Chile –asociación gremial de Cajas de Compensación– realizó un estudio junto al Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián para abordar esta situación. Una investigación que analizó la realidad de este subsidio en otros nueve países del mundo (Australia, Colombia, Dinamarca, Francia, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Portugal, Uruguay) e identificó las prácticas que son recomendables que se apliquen en Chile.
Duración
La revisión de la experiencia internacional permitió constatar que los países estudiados han implementado un límite a la duración de las licencias, el que se ha implementado en, al menos, tres formas: estableciendo una duración máxima de la licencia; contemplando un sistema alternativo para licencias “anormales”; o vinculando el sistema de licencias con otros beneficios, en particular sistemas de certificación de discapacidad
Un coto que, de acuerdo a Cajas de Chile, es recomendable replicar en Chile. “El objetivo de esta medida no es acotar el beneficio, sino separar aquellos casos de enfermedad y ausencia laboral transitoria, de aquellos de más largo plazo o duración indefinida”, señala el reporte.
Sin embargo, implementar esta medida requiere conectar el sistema de licencias con el de discapacidad, de modo que los trabajadores que lo requieran puedan pasar de un sistema a otro. Se sugiere, además, adoptar una medida como la existente en Países Bajos, en que existen plazos preestablecidos dentro del proceso que permiten el monitoreo de la licencia; esto implica, por ejemplo, la decisión de pasar una licencia de enfermedad común a una de discapacidad antes del cumplimiento del plazo establecido.
Monto
La investigación de Cajas de Chile concluyó que también es necesario modificar los montos del beneficio. En este tema se recomienda implementar un techo del beneficio menor al 100% del sueldo y/o establecer montos variables (decrecientes).
El establecer un techo de beneficios en función del salario (versus un monto fijo) tiene pros y contras, de acuerdo a la investigación. Por una parte, establecer un máximo para el beneficio que es menor al 100% del salario es una estrategia “más eficiente de reducción de costos del sistema, ya que descuenta parte del beneficio a todos los beneficiarios (no solo a aquellos que quedan por sobre el monto máximo); y también genera mayores incentivos para la vuelta al trabajo. Por otro lado, la investigación plantea que el uso de un porcentaje máximo del salario o ingreso en lugar de un monto fijo máximo es una estrategia regresiva.
Simplificar sistema
La investigación también dejó de manifiesto la necesidad de simplificar el esquema. “En Chile el sistema es relativamente complejo, con diversos actores involucrados en el proceso y subsistemas que emulan la fragmentación del sistema de salud, con procesos y criterios distintos, por ejemplo, para trabajadores afiliados a Fonasa o Isapre”, cuestiona el informe.
Una segunda reforma de fondo tiene que ver con el enfoque del sistema de licencias médicas. En Chile, las licencias están estrechamente ligadas al sistema de salud. “En la mayor parte de los países analizados, los sistemas de subsidio por enfermedad se entienden como un derecho laboral. Esto implica una configuración distinta, tanto del financiamiento, como de las responsabilidades de los actores del sistema”, dice el texto.
En este tema, para Cajas de Chile, el cambio más evidente tiene que ver con la participación de los empleadores en el sistema. Actualmente, en Chile, la participación de los empleadores es mínima -son parte del proceso de tramitación de la licencia-, lo que, entre otras cosas, genera incentivos perversos en el sistema, como el de utilizar las licencias como sustituto del pago de salarios.
A modo de cierre, el presidente de Cajas de Chile, Marcelo Forni, planteó que con este estudio “hemos querido hacer una contribución a la necesaria discusión sobre el diseño del sistema y los incentivos que deben existir para un uso más racional del beneficio. Un debate relacionado con la sostenibilidad de este importante derecho laboral”.
A su juicio, 15:25“En ese sentido, el estudio es un insumo valioso para la discusión al dar cuenta de distintas fórmulas para abordar temas como la duración del reposo, el monto del subsidio y las posibles medidas para evitar su mal uso”, dijo.
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Carolina León
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