Es un sector importante que aporta a la economía casi un 3% del PIB. Sin embargo, la industria forestal parece no estar entre las prioridades del gobierno, según concuerdan integrantes del Consejo de Política Forestal, organismo creado por el Ministerio de Agricultura para elaborar una política de largo plazo.
Y es irrelevante no porque el gobierno haya decidido no prorrogar el Decreto Ley N° 701 de Bonificación Forestal, sino porque desde marzo que está redactado el mensaje que crea el Servicio Nacional Forestal, también conocido como “proyecto de Conaf pública”, elemento fundamental para avanzar en los desafíos que tiene la industria, como nuevas regulaciones de incendios, áreas silvestres y biodiversidad, cambios a la ley de bosque nativo y, especialmente, una ley de fomento a la plantación, que sustituya el DL 701 creado durante la dictadura militar.
La bonificación forestal de este decreto se ha ido reduciendo durante los últimos años, porque la normativa no se prorrogó. Así, pasó de destinar $ 6.961 millones, en 2013, a $ 169 millones en 2017, según el proyecto de Presupuestos del próximo año. En relación a este año, los montos involucrados son 47,5% inferiores.
“No le quedan más de dos años al decreto, que actualmente sólo financia el corte y la mantención de bosques y no nuevas plantaciones”, señalaron fuentes de gobierno.
El presidente de la Corporación Chilena de la Madera, Fernando Raga, sostuvo que “el DL 701 cumplió un rol muy importante en su época, pero en el futuro se requieren instrumentos de fomento diferentes, orientados a la realidad de los pequeños forestadores, campesinos y comunidades”.
Concordó la presidenta de la comisión de Agricultura de la Cámara, la diputada Loreto Carvajal (PPD), afirmando que “el país necesita una nueva institucionalidad, capaz de entender la industria forestal no sólo desde el punto de vista económico, sino que también social”.
Y ahí “la piedra angular” es la Conaf, según expresó el Consejo de Política Forestal, que concluyó: “Es imprescindible transformar a la corporación de derecho privado en un servicio público que pueda enfrentar y resolver los desafíos de desarrollo, inclusividad y sustentabilidad de los recursos naturales, como dar un nuevo impulso a este sector”.
Pero también ahí está el problema, afirman desde el grupo asesor.
El presidente honorario de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, Sergio Donoso, dijo que “falta la decisión política del gobierno”, a su juicio, porque el Ejecutivo no quiere enredarse en otra reforma, pese a que en este caso existe consenso entre el mundo académico, el sector empresarial, las organizaciones de trabajadores y los actores políticos.
“No se entiende que no seamos capaces de tener una institucionalidad adecuada y una buena ley forestal, con los desafíos del siglo XXI”, agregó el jefe de la bancada de diputados de la DC e integrante de la comisión especial mixta de Presupuestos, Fuad Chahín.
“No hay espacio en la agenda legislativa y tampoco recursos para concretar el cambio de trabajadores privados al sector público. Ahora eso es mucha plata”, explicó una fuente de La Moneda.
Y aunque la Dirección de Presupuestos en la encargada final de elaborar el informe financiero del proyecto, la estimación preliminar menciona que “el gasto incremental era de $ 1.397 millones el primer año; de $ 2.793 el segundo; y de $ 3.308 en régimen, a contar del cuarto año”. Así, “considerando que la Conaf tiene un presupuesto de $ 79,9 mil millones, el gasto incremental es marginal (4,1% en régimen)”, detalló dicha evaluación.
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