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Publicado: Lunes 25 de marzo de 2019 a las 04:00 hrs.
En una nueva cruzada está embarcada Soledad Recabarren por estos días. La abogada tributarista y socia del estudio Recabarren & Asociados lanzará próximamente un centro de estudios dedicado al apoyo a pequeñas y medianas empresas en materia fiscal.
El emprendimiento ya tiene nombre: Centro de Estudios de la Legislación Empresarial y Tributaria (Celet), cuyo objeto es apoyar a las compañías de ese rubro frente a cambios legales y administrativos que puedan afectarlas, señala la experta.
El proyecto incluye también como socios fundadores a Carlos Boada y Enrique Román, ambos asesores en el área de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme).
La idea es apoyar a empresas individuales y también a asociaciones gremiales, como la Asociación de Emprendedores (Asech), la Multigremial de Emprendedores y la ya citada Conapyme.
Por estos días se encuentra en plena conformación el directorio del Celet, al que ya se sumaron el exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII), Ricardo Escobar, y el abogado José María Eyzaguirre.
Hasta hace un par de meses, Recabarren lideraba la comisión tributaria de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), pero renunció para dedicar más tiempo a su estudio, el Celet y sus clases en la Universidad Católica. 
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.