El director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Ignacio Malig, asumió por segunda vez la dirección del organismo y en esta oportunidad tiene claro que entre sus objetivos deberá llevar a cabo el anuncio del Presidente José Antonio Kast, quien en la pasada cuenta pública informó que el gobierno va a impulsar cambios a la Ley Indígena en materia de compras y adquisiciones de tierras para “otorgar mayores herramientas de desarrollo”.
- ¿En qué consisten los cambios a la Ley Indígena que prepara el gobierno?
- Impulsaremos una reforma orientada a modernizar la institucionalidad, otorgando mayores libertades y herramientas de desarrollo económico a las comunidades, resguardando la legitimidad del proceso frente a interferencias ajenas al espíritu de la ley. En lo técnico, implementaremos un reordenamiento estructural del sistema de adquisición de tierras mediante tasaciones transparentes a valor de mercado y trazabilidad auditable en cada operación. Asimismo, agilizaremos el otorgamiento de derechos reales de uso y goce individuales. Esto permitirá a los beneficiarios consolidar la tenencia interna de la tierra y postular a subsidios habitacionales, servicios sanitarios y otros instrumentos de fomento estatal.
- ¿Cuándo esperan presentar el proyecto?
- No existe una fecha fija en el cronograma legislativo, pues el ingreso del proyecto está supeditado al cumplimiento estricto de los estándares internacionales. La presentación formal se concretará una vez concluidas las fases previas de socialización y diálogo técnico con los actores clave, seguidas del correspondiente proceso de Consulta Indígena.
- ¿Cómo garantizará que una reforma a la Ley Indígena cumpla estrictamente con el estándar de consulta previa, considerando que hay procesos de consulta que están suspendidos?
- Garantizaremos el estándar mediante la aplicación rigurosa del marco que fija el Decreto Supremo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Convenio 169 de la OIT. Para asegurar la máxima transparencia y legitimidad de este mecanismo institucional, contaremos con el acompañamiento y soporte técnico de la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), aislando el proceso de contingencias externas y asegurando un diálogo de buena fe respecto de las medidas legislativas propuestas.
- El senador Francisco Huenchumilla (DC) sostuvo que la propuesta deja de lado el trabajo de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento y que “no es un camino transitable con legitimidad”. ¿Cuál es su postura?
- Valoramos el diagnóstico y el esfuerzo técnico de la Comisión para la Paz. De hecho, nuestra propuesta converge con los puntos que alcanzaron consenso transversal entre sus integrantes. Una de las prioridades compartidas, y donde existe plena coincidencia con las recomendaciones del informe, es la urgencia de modernizar, transparentar y dotar de mayor eficiencia a los mecanismos de adquisición de tierras de la corporación.
- ¿Qué resguardos se tomarán para evitar la especulación inmobiliaria si se permite la venta de tierras indígenas a no indígenas?
- Es necesario aclarar que nuestra propuesta de modernización de la Ley Indígena no contempla, bajo ningún supuesto, la enajenación de tierras mapuche a terceros no indígenas ni la desprotección de las tierras indígenas. Desmentimos categóricamente las interpretaciones que apuntan en esa línea. El diseño normativo no busca la desinversión o despojo territorial, sino todo lo contrario: fortalecer y dar certeza jurídica, mejorar la protección activa del patrimonio y proveer herramientas y mecanismos que transformen esas tierras en activos productivos, prósperos y sustentables para las comunidades.
-¿La reforma buscará flexibilizar la normativa para permitir que las tierras comunales se utilicen como garantía bancaria?
- El marco regulatorio vigente genera una estructura de tutela estatal que opera como una barrera de entrada al mercado, impidiendo que las comunidades utilicen sus activos territoriales como palanca de desarrollo económico. Consideramos que este diseño actual es un desincentivo a la inversión. Nuestra propuesta apunta a dar libertad para decidir sobre sus proyectos y poder contratar sin enajenar.
- ¿Cómo afectará este cambio a los procesos vigentes de restitución territorial bajo el Fondo de Tierras?
- No afecta. La nueva política de tierras va a privilegiar a las comunidades por antigüedad de la demanda y vinculación territorial, privilegiando a las comunidades indígenas que busquen la compra de tierras dentro del título de merced que se presentó para a la aplicabilidad. Además, para que la tasación sea más transparente se va a eliminar el criterio de paisajismo y valor cultural.
- ¿Cómo se garantiza actualizar la normativa, pero con un real impacto económico y social en las comunidades indígenas?
- La garantía de impacto radica en la pertinencia del diseño, el cual incorporará activamente los requerimientos técnicos y sectoriales levantados durante los diálogos políticos la Consulta Indígena. Tras tres décadas de vigencia de la ley, la modernización de sus herramientas es una necesidad imperativa para adecuar los instrumentos de fomento e inversión pública a los estándares de eficiencia del siglo XXI.
-¿Cómo enfrentará los cuestionamientos de parlamentarios de oposición que señalan que el proyecto podría abrir la puerta a la especulación?
- El objetivo central de nuestra propuesta es el bienestar socioeconómico de las familias indígenas, asegurando restitución justa bajo criterios técnicos transparentes y, de manera crucial, un robusto plan de acompañamiento productivo y transferencia tecnológica. Ninguna modificación legal se realizará al margen del ordenamiento vigente o a espaldas de los pueblos originarios. El desarrollo de una nueva arquitectura normativa para el sector se debe construir bajo estrictos principios de gobernanza, diálogo técnico, seguridad jurídica y respeto a la historia de los pueblos indígenas.
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