Nuevos hallazgos fueron presentados este miércoles en el tercer reporte del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, en el marco del plan “Inspección Total” impulsado por el gobierno de José Antonio Kast y que busca auditar la administración anterior.
En la cuarta sesión del comité, presidido por la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo, se detectaron alertas en transferencias a fundaciones entre 2022 y 2026, las que totalizaron $ 5,4 billones, de los cuales no fueron rendidos $ 1,4 billones.
Asimismo, detalló que en los años mencionados se crearon 177 fundaciones, que recibieron más de $11.000 millones sujetos a rendición, de los cuales $ 6.500 millones -cerca del 60%- no cuentan con rendiciones acreditadas.
Además de esas 177 fundaciones creadas, 79 de las que recibieron fondos públicos no registraron ningún tipo de rendición.
Fue la propia subsecretaria Castillo quien aseguró que aunque en este tipo de investigaciones “no afirmamos que exista fraude o delito, sí afirmamos que hay señales de riesgo que el Estado no puede normalizar y conductas que deben ser corregidas en función del buen uso de los recursos públicos”.
Castillo consginó también que los servicios con mayor proporción de recursos no rendidos son el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), el Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura, afirmando que cada una de esas entidades "debe ser revisada”.
Bajo esa línea, la subsecretaria de la Segpres además reveló que “hay fundaciones que tienen relación con el caso convenios”, por lo que investigarán “cada una de las transferencias”.
Compras públicas
Otra materia objetada por el comité fueron prácticas relativas a compras públicas, con especial énfasis en aquellos organismos que usaron en más de la mitad de sus compras bajo el concepto de “trato directo”, no cumpliendo la normativa vigente que exige licitaciones públicas para las adquisiciones.
Los principales apuntados fueron el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Frente a eso, la subscretaria precisó que “esto no significa automáticamente que esas compras sean ilegales, pero sí significa que corresponde revisar su fundamento, su planificación, su oportunidad y la razonabilidad de las causales invocadas”, aludiendo a que el trato directo, debe utilizarse como una “herramienta excepcional”.
En adición apuntó al incremento de compras bajo el concepto de “causal de emergencia” en el período mencionado, asegurando que su utilización superó “en un 17% la registrada durante la pandemia del Covid 19”.
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