El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, fue uno de los actores principales en la tramitación y aprobación de la ley que modificó el sistema de nombramientos de notarios y conservadores vigente desde abril de este año y que dejó fuera al Poder Judicial e incorporó al Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) en el nuevo sistema de nombramientos.
Por lo mismo, el abogado manifiesta su total rechazo al proyecto interpretativo ingresado por el senador Pedro Araya (IND-PPD) que busca mantener las reglas antiguas para nombrar a 57 cargos de notarios que, al momento de entrar en vigencia la nueva legislación, no habían sido provistos.
Gajardo, profesor de la Facultad de Derecho de la UDP, afirma que “esta es una iniciativa que no tiene ningún asidero, lo que busca es hacer revivir un sistema cuestionado y no aplicar una ley que costó mucho aprobar” para que los notarios no fueran nombrados después de la confección por parte de las Cortes de Apelaciones de las ternas respectivas y que además se le aplicaran un conjunto de inhabilidades e incompatibilidades que establece la nueva ley.
Sostiene que la cuestionada iniciativa legal “lo que busca es que a las personas que no fueron nombradas antes de la vigencia de la ley -el 2 de abril de 2026- se les siga aplicando este procedimiento que ya fue modificado, pero no tiene ningún sentido ya que hubo consenso transversal de que era totalmente necesario cambiarla. Se está vulnerando una norma vigente”.
El académico recuerda que “cuando éramos gobierno y fue publicada la ley, pero todavía no entraba en vigencia, lo que hicimos fue pedirle a las Cortes de Apelaciones que las ternas que nos habían mandado las rehicieran, verificando que se cumplieran con todos los requisitos que contemplaba la nueva ley”.
"Eso implicó que algunas Cortes de Apelaciones incluso le preguntaron a la Corte Suprema que les dijo que desde el 2 de abril se tiene que aplicar la nueva ley; entonces, no corresponde que se mantengan los concursos que se hicieron con la ley antigua”, agrega.
Gajardo explica que en las 57 notarías vacantes se tienen que proveer con el nuevo sistema “porque lo que se busca es que haya mayor concursabilidad y este proyecto lo que hace es amarrar esas notarías que se encontraron vacantes a la antigua ley. Eso, primero, no tiene ninguna razón jurídica real y segundo, lo que corresponde aplicar todos los requisitos que establece la nueva ley para que se le dé muestra a la ciudadanía de que las personas que llegan a esos cargos están ahí por sus méritos y a través de concursos objetivos”.
El patrocinio del Ejecutivo
Gajardo también señala que le parece inentendible que el gobierno haya patrocinado esta reforma que está ad portas de ser votada en particular en los próximos días en la comisión de Constitución del Senado. “Reformar esta ley, que permite más transparencia en espacios como el sistema notarial y registral, no es adecuado porque además fue una ley muy bienvenida por la ciudadanía”, indica.
El exministro concluye que “la nueva ley eleva los requisitos para que los notarios realicen sus trabajos, permite establecer tarifas claras, que el Servicio Nacional del Consumidor fiscalice las notarías, que las personas sepan por qué ese notario está ahí y que ya no haya notarios familiares de diputados, de senadores, de ministros; y por eso mismo intentar mantener la vigencia de la antigua ley. La verdad, es que realmente inexplicable”.
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