El costo de no hacer nada

Prácticamente todas las actividades socioeconómicas del ser humano están de alguna manera vinculadas al clima, directa e indirectamente, explica el reciente informe sobre la Economía del Cambio Climático en Chile, dirigido por Cepal.

Así que mientras más demoren las instancias mundiales en definir el marco regulatorio general del cual emergerán los pasos a seguir por país en la lucha contra el cambio climático durante los próximos 40 a 90 años, el costo económico, social y ambiental será mayor.

Esto lo tienen más que claro los cientos de empresarios e inversionistas que asistirán como observadores de la ronda de negociaciones de cambio climático que comienza este lunes 7 de diciembre en Copenhague.

En especial si de acuerdo a cálculos de la Comisión Europea, las inversiones netas globales sólo de mitigación requerirían del orden de US$ 227 mil millones anuales hacia 2020 para que el calentamiento global no sobrepase los 2º Celsius en 2050. Mientras que según la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC en inglés), el sector privado comprende el 86% de los flujos financieros para las inversiones necesarias en mitigación y adaptación.

Se puede avanzar hasta cierto punto por cuenta propia en moderar este ajuste propio del ecosistema que, no obstante, se vio exacerbado desde el periodo de la Revolución Industrial por el alto nivel de emisiones de CO2, el gas de efecto invernadero (GEI) con mayor presencia en la atmósfera, por la quema de combustibles fósiles y deforestación que ha conllevado  el desarrollo a la fecha.

Las emisiones GEI no se pueden evitar. Por eso las conversaciones de cambio climático que se arrastran desde 1997, año en que nace el Protocolo de Kioto, pero que tomaron un tono de urgencia en 2007, buscarán disminuirlas a un mínimo sustentable.

Mientras el mundo se decide, economías y sectores privados por igual deberán enfrentar unos de los brotes más peligrosos del cambio climático: la incertidumbre, que promete dar pie a un origen espontáneo de medidas cortoplacistas.

Esto influenciará la forma en que el sector privado incorpore en sus estrategias de negocios riesgos del cambio climático como las emisiones de CO2, la demanda de los consumidores de productos amigables con el medio ambiente y la obligación de generar nuevos negocios. Porque si la compañía sigue “business as usual”, sufrirá las consecuencias.



Diagnóstico local

¿Qué piensa el empresariado chileno de todo eso? Ya han surgido instancias más formales que reúnen las inquietudes del sector, como la participación en el Carbon Disclosure Project de empresas locales como Antofagasta Minerals, Banco de Chile, Colbún, Masisa y las filiales locales de Endesa, Santander, entre otras, en que informan sus esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático.

Está el capítulo chileno de la alianza de líderes empresariales contra el cambio climático Corporate Leaders Group, junto con la iniciativa "May Day Chile", liderada por la consultora de sustentabilidad AccionRSE, que reúne a 17 empresas locales.

El sector privado también está a la espera de lo que diga la Corporación de la Producción y del Comercio (CPC) que entregaría hoy al gobierno sus perspectivas del cambio climático.

Por mientras, una muestra. La consultora Accenture reunió ayer a los gerentes generales y de área de las principales 20 empresas del país, sectores minería, petróleo, telecomunicación, consumo masivo, bancos, automotriz, para conocer sus inquietudes en sustentabilidad y ecoeficiencia.

La mesa redonda arrojó un interesante diagnóstico: mezclas entre la búsqueda de eficiencia de costos y una agenda propiamente "verde", explica el encargado de asesorías de sustentabildiad en la cadena de suministro para empresas en Latinoamérica de Accenture, Eduardo Cunha.

"La visión que se tiene no es propiamente de una agenda de sustentabilidad, sino de reducción de costos porque estamos recién saliendo de la crisis", explica Cunha. "Eficiencia se confunde muchas veces con agenda verde, porque ambos buscan alternativas menos costosas", precisa.

Otra particularidad de Chile "es que todo el esfuerzo está mucho más basado en un liderazgo específico que ejerce un gerente o un director, más que su compañía lo haya definido como estrategia".

Y la consecuencia de no tener una agenda gubernamental asociada a una agenda corporativa sustentable, "es que nadie tiene un indicador claro de medición de desempeño como referencia. Piensan que podrían hacer mucho más si la compañía pudiera tener una agenda más clara en el sentido "verde" a nivel país. Tienen la necesidad de saber si están haciendo las cosas bien o mal por los riesgos legales y regulatorios, también. Los sectores de minería y petróleo tienen marcos de referencia más claros por un tema de la naturaleza de sus operaciones, pero las empresas del retail o banca no tanto", precisa Cunha.



Estado de alerta

Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Una encuesta a más de 2.000 altos ejecutivos de todo el mundo por la consultora McKinsey en diciembre de 2007 arrojaba que el 60% consideraba el cambio climático como estratégico, pero 44% reconocía que todavía no tenía un lugar significativo en sus agendas de trabajo ni decisiones.

Un 25% del total respondió que influía en su decisión los potenciales cambios regulatorios que conllevara el tema. Nótese que los ejecutivos latinoamericanos destacaron como factores influyentes la atención que los medios daban al tema (40%) y las potenciales regulaciones (38%).

El escenario de entonces era clave: el debate del cambio climático había adquirido tono de urgencia tras el Informe Stern sobre su impacto económico; el el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC en inglés) ya había dado la alarma de que el calentamiento global era un hecho, y el documental de Al Gore “Una verdad inconveniente” ya había sensibilizado a las masas.

Dos años después, el empresariado sigue viendo el tema como parte del negocio, pero sus aprensiones apuntan ahora a la falta de políticas de largo plazo sistematizadas en sus países, según la encuesta 2008 a Ejecutivos sobre Cambio Climático de la consultora Accenture a 130 gerentes globales de los sectores petróleo, minería, energía, forestal y servicios.

En especial si la falta de regulación daría pie a que los países que más contaminan (Anexo 1 según el Protocolo de Kioto) impongan barreras arancelarias a los productos que deben viajar grandes distancias.

Porque el transporte es un desafío país, al estar Chile tan alejado de los principales centros de comercio. Si la huella de carbono humana promedia anualmente 50 mil mega toneladas de CO2 (medida referencial), cerca de 2.800 toneladas se le puede atribuir sólo a transporte y logística, según cálculos de Accenture en el estudio Descarbonización de la Cadena de Suministro, realizado en conjunto con el Foro Económico Mundial.

Y mientras el tipo de transporte más eficiente sería, por tren y por marítmo, el más intenso en carbono es el terrestre.

Este porcentaje pesará a la hora de que el consumidor internacional elija un producto en la estantería del supermercado o compre frutas en una tienda gourmet. Porque entre 5% a 15% de la huella de carbono que deja el ciclo de vida de un producto en promedio, corresponde a su transporte y logística.

De acuerdo al Monitor de Confianza Climática 2009 del banco HSBC, 69% de 12 mil personas sondeadas a nivel global (un total de doce países) considera tan importante que su gobierno combata el cambio climático como que subsidie la economía en tiempos de crisis. Y un 65% cataloga como clave un acuerdo en Copenhague.

También hay un claro cambio de tendencia en la demanda. Comparado con 2007, el monitoreo arrojó que cada vez más los ciudadanos de economías emergentes se están preocupando por este fenómeno, incluso más que sus pares desarrollados. Donde más inquietud genera el asunto en México (52%), frente a los  países tradicionalmente líderes en la discusión del tema como Gran Bretaña (18%).

Prácticamente todas las actividades socioeconómicas del ser humano están de alguna manera vinculadas al clima, directa e indirectamente, explica el reciente informe sobre la Economía del Cambio Climático en Chile, dirigido por Cepal.

Así que mientras más demoren las instancias mundiales en definir el marco regulatorio general del cual emergerán los pasos a seguir por país en la lucha contra el cambio climático durante los próximos 40 a 90 años, el costo económico, social y ambiental será mayor.

Esto lo tienen más que claro los cientos de empresarios e inversionistas que asistirán como observadores de la ronda de negociaciones de cambio climático que comienza este lunes 7 de diciembre en Copenhague.

En especial si de acuerdo a cálculos de la Comisión Europea, las inversiones netas globales sólo de mitigación requerirían del orden de US$ 227 mil millones anuales hacia 2020 para que el calentamiento global no sobrepase los 2º Celsius en 2050. Mientras que según la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC en inglés), el sector privado comprende el 86% de los flujos financieros para las inversiones necesarias en mitigación y adaptación.

Se puede avanzar hasta cierto punto por cuenta propia en moderar este ajuste propio del ecosistema que, no obstante, se vio exacerbado desde el periodo de la Revolución Industrial por el alto nivel de emisiones de CO2, el gas de efecto invernadero (GEI) con mayor presencia en la atmósfera, por la quema de combustibles fósiles y deforestación que ha conllevado  el desarrollo a la fecha.

Las emisiones GEI no se pueden evitar. Por eso las conversaciones de cambio climático que se arrastran desde 1997, año en que nace el Protocolo de Kioto, pero que tomaron un tono de urgencia en 2007, buscarán disminuirlas a un mínimo sustentable.

Mientras el mundo se decide, economías y sectores privados por igual deberán enfrentar unos de los brotes más peligrosos del cambio climático: la incertidumbre, que promete dar pie a un origen espontáneo de medidas cortoplacistas.

Esto influenciará la forma en que el sector privado incorpore en sus estrategias de negocios riesgos del cambio climático como las emisiones de CO2, la demanda de los consumidores de productos amigables con el medio ambiente y la obligación de generar nuevos negocios. Porque si la compañía sigue “business as usual”, sufrirá las consecuencias.



Diagnóstico local

¿Qué piensa el empresariado chileno de todo eso? Ya han surgido instancias más formales que reúnen las inquietudes del sector, como la participación en el Carbon Disclosure Project de empresas locales como Antofagasta Minerals, Banco de Chile, Colbún, Masisa y las filiales locales de Endesa, Santander, entre otras, en que informan sus esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático.

Está el capítulo chileno de la alianza de líderes empresariales contra el cambio climático Corporate Leaders Group, junto con la iniciativa "May Day Chile", liderada por la consultora de sustentabilidad AccionRSE, que reúne a 17 empresas locales.

El sector privado también está a la espera de lo que diga la Corporación de la Producción y del Comercio (CPC) que entregaría hoy al gobierno sus perspectivas del cambio climático.

Por mientras, una muestra. La consultora Accenture reunió ayer a los gerentes generales y de área de las principales 20 empresas del país, sectores minería, petróleo, telecomunicación, consumo masivo, bancos, automotriz, para conocer sus inquietudes en sustentabilidad y ecoeficiencia.

La mesa redonda arrojó un interesante diagnóstico: mezclas entre la búsqueda de eficiencia de costos y una agenda propiamente "verde", explica el encargado de asesorías de sustentabildiad en la cadena de suministro para empresas en Latinoamérica de Accenture, Eduardo Cunha.

"La visión que se tiene no es propiamente de una agenda de sustentabilidad, sino de reducción de costos porque estamos recién saliendo de la crisis", explica Cunha. "Eficiencia se confunde muchas veces con agenda verde, porque ambos buscan alternativas menos costosas", precisa.

Otra particularidad de Chile "es que todo el esfuerzo está mucho más basado en un liderazgo específico que ejerce un gerente o un director, más que su compañía lo haya definido como estrategia".

Y la consecuencia de no tener una agenda gubernamental asociada a una agenda corporativa sustentable, "es que nadie tiene un indicador claro de medición de desempeño como referencia. Piensan que podrían hacer mucho más si la compañía pudiera tener una agenda más clara en el sentido "verde" a nivel país. Tienen la necesidad de saber si están haciendo las cosas bien o mal por los riesgos legales y regulatorios, también. Los sectores de minería y petróleo tienen marcos de referencia más claros por un tema de la naturaleza de sus operaciones, pero las empresas del retail o banca no tanto", precisa Cunha.



Estado de alerta

Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Una encuesta a más de 2.000 altos ejecutivos de todo el mundo por la consultora McKinsey en diciembre de 2007 arrojaba que el 60% consideraba el cambio climático como estratégico, pero 44% reconocía que todavía no tenía un lugar significativo en sus agendas de trabajo ni decisiones.

Un 25% del total respondió que influía en su decisión los potenciales cambios regulatorios que conllevara el tema. Nótese que los ejecutivos latinoamericanos destacaron como factores influyentes la atención que los medios daban al tema (40%) y las potenciales regulaciones (38%).

El escenario de entonces era clave: el debate del cambio climático había adquirido tono de urgencia tras el Informe Stern sobre su impacto económico; el el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC en inglés) ya había dado la alarma de que el calentamiento global era un hecho, y el documental de Al Gore “Una verdad inconveniente” ya había sensibilizado a las masas.

Dos años después, el empresariado sigue viendo el tema como parte del negocio, pero sus aprensiones apuntan ahora a la falta de políticas de largo plazo sistematizadas en sus países, según la encuesta 2008 a Ejecutivos sobre Cambio Climático de la consultora Accenture a 130 gerentes globales de los sectores petróleo, minería, energía, forestal y servicios.

En especial si la falta de regulación daría pie a que los países que más contaminan (Anexo 1 según el Protocolo de Kioto) impongan barreras arancelarias a los productos que deben viajar grandes distancias.

Porque el transporte es un desafío país, al estar Chile tan alejado de los principales centros de comercio. Si la huella de carbono humana promedia anualmente 50 mil mega toneladas de CO2 (medida referencial), cerca de 2.800 toneladas se le puede atribuir sólo a transporte y logística, según cálculos de Accenture en el estudio Descarbonización de la Cadena de Suministro, realizado en conjunto con el Foro Económico Mundial.

Y mientras el tipo de transporte más eficiente sería, por tren y por marítmo, el más intenso en carbono es el terrestre.

Este porcentaje pesará a la hora de que el consumidor internacional elija un producto en la estantería del supermercado o compre frutas en una tienda gourmet. Porque entre 5% a 15% de la huella de carbono que deja el ciclo de vida de un producto en promedio, corresponde a su transporte y logística.

De acuerdo al Monitor de Confianza Climática 2009 del banco HSBC, 69% de 12 mil personas sondeadas a nivel global (un total de doce países) considera tan importante que su gobierno combata el cambio climático como que subsidie la economía en tiempos de crisis. Y un 65% cataloga como clave un acuerdo en Copenhague.

También hay un claro cambio de tendencia en la demanda. Comparado con 2007, el monitoreo arrojó que cada vez más los ciudadanos de economías emergentes se están preocupando por este fenómeno, incluso más que sus pares desarrollados. Donde más inquietud genera el asunto en México (52%), frente a los  países tradicionalmente líderes en la discusión del tema como Gran Bretaña (18%).