Prácticamente todas las actividades socioeconómicas del ser humano
están de alguna manera vinculadas al clima, directa e indirectamente,
explica el reciente informe sobre la Economía del Cambio Climático en
Chile, dirigido por Cepal.
Así que mientras más demoren las
instancias mundiales en definir el marco regulatorio general del cual
emergerán los pasos a seguir por país en la lucha contra el cambio
climático durante los próximos 40 a 90 años, el costo económico, social
y ambiental será mayor.
Esto lo tienen más que claro los cientos
de empresarios e inversionistas que asistirán como observadores de la
ronda de negociaciones de cambio climático que comienza este lunes 7 de
diciembre en Copenhague.
En especial si de acuerdo a cálculos
de la Comisión Europea, las inversiones netas globales sólo de
mitigación requerirían del orden de US$ 227 mil millones anuales hacia
2020 para que el calentamiento global no sobrepase los 2º Celsius en
2050. Mientras que según la Convención de Naciones Unidas para el
Cambio Climático (UNFCCC en inglés), el sector privado comprende el 86%
de los flujos financieros para las inversiones necesarias en mitigación
y adaptación.
Se puede avanzar hasta cierto punto por cuenta
propia en moderar este ajuste propio del ecosistema que, no obstante,
se vio exacerbado desde el periodo de la Revolución Industrial por el
alto nivel de emisiones de CO2, el gas de efecto invernadero (GEI) con
mayor presencia en la atmósfera, por la quema de combustibles fósiles y
deforestación que ha conllevado el desarrollo a la fecha.
Las
emisiones GEI no se pueden evitar. Por eso las conversaciones de cambio
climático que se arrastran desde 1997, año en que nace el Protocolo de
Kioto, pero que tomaron un tono de urgencia en 2007, buscarán
disminuirlas a un mínimo sustentable.
Mientras el mundo se
decide, economías y sectores privados por igual deberán enfrentar unos
de los brotes más peligrosos del cambio climático: la incertidumbre,
que promete dar pie a un origen espontáneo de medidas cortoplacistas.
Esto
influenciará la forma en que el sector privado incorpore en sus
estrategias de negocios riesgos del cambio climático como las emisiones
de CO2, la demanda de los consumidores de productos amigables con el
medio ambiente y la obligación de generar nuevos negocios. Porque si la
compañía sigue “business as usual”, sufrirá las consecuencias.
Diagnóstico local
¿Qué
piensa el empresariado chileno de todo eso? Ya han surgido instancias
más formales que reúnen las inquietudes del sector, como la
participación en el Carbon Disclosure Project de empresas locales como
Antofagasta Minerals, Banco de Chile, Colbún, Masisa y las filiales
locales de Endesa, Santander, entre otras, en que informan sus
esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático.
Está
el capítulo chileno de la alianza de líderes empresariales contra el
cambio climático Corporate Leaders Group, junto con la iniciativa "May
Day Chile", liderada por la consultora de sustentabilidad AccionRSE,
que reúne a 17 empresas locales.
El sector privado también está
a la espera de lo que diga la Corporación de la Producción y del
Comercio (CPC) que entregaría hoy al gobierno sus perspectivas del
cambio climático.
Por mientras, una muestra. La consultora
Accenture reunió ayer a los gerentes generales y de área de las
principales 20 empresas del país, sectores minería, petróleo,
telecomunicación, consumo masivo, bancos, automotriz, para conocer sus
inquietudes en sustentabilidad y ecoeficiencia.
La mesa
redonda arrojó un interesante diagnóstico: mezclas entre la búsqueda de
eficiencia de costos y una agenda propiamente "verde", explica el
encargado de asesorías de sustentabildiad en la cadena de suministro
para empresas en Latinoamérica de Accenture, Eduardo Cunha.
"La
visión que se tiene no es propiamente de una agenda de sustentabilidad,
sino de reducción de costos porque estamos recién saliendo de la
crisis", explica Cunha. "Eficiencia se confunde muchas veces con agenda
verde, porque ambos buscan alternativas menos costosas", precisa.
Otra
particularidad de Chile "es que todo el esfuerzo está mucho más basado
en un liderazgo específico que ejerce un gerente o un director, más que
su compañía lo haya definido como estrategia".
Y la consecuencia
de no tener una agenda gubernamental asociada a una agenda corporativa
sustentable, "es que nadie tiene un indicador claro de medición de
desempeño como referencia. Piensan que podrían hacer mucho más si la
compañía pudiera tener una agenda más clara en el sentido "verde" a
nivel país. Tienen la necesidad de saber si están haciendo las cosas
bien o mal por los riesgos legales y regulatorios, también. Los
sectores de minería y petróleo tienen marcos de referencia más claros
por un tema de la naturaleza de sus operaciones, pero las empresas del
retail o banca no tanto", precisa Cunha.
Estado de alerta
Pero
del dicho al hecho hay mucho trecho. Una encuesta a más de 2.000 altos
ejecutivos de todo el mundo por la consultora McKinsey en diciembre de
2007 arrojaba que el 60% consideraba el cambio climático como
estratégico, pero 44% reconocía que todavía no tenía un lugar
significativo en sus agendas de trabajo ni decisiones.
Un 25%
del total respondió que influía en su decisión los potenciales cambios
regulatorios que conllevara el tema. Nótese que los ejecutivos
latinoamericanos destacaron como factores influyentes la atención que
los medios daban al tema (40%) y las potenciales regulaciones (38%).
El
escenario de entonces era clave: el debate del cambio climático había
adquirido tono de urgencia tras el Informe Stern sobre su impacto
económico; el el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de
Naciones Unidas (IPCC en inglés) ya había dado la alarma de que el
calentamiento global era un hecho, y el documental de Al Gore “Una
verdad inconveniente” ya había sensibilizado a las masas.
Dos
años después, el empresariado sigue viendo el tema como parte del
negocio, pero sus aprensiones apuntan ahora a la falta de políticas de
largo plazo sistematizadas en sus países, según la encuesta 2008 a
Ejecutivos sobre Cambio Climático de la consultora Accenture a 130
gerentes globales de los sectores petróleo, minería, energía, forestal
y servicios.
En especial si la falta de regulación daría pie a
que los países que más contaminan (Anexo 1 según el Protocolo de Kioto)
impongan barreras arancelarias a los productos que deben viajar grandes
distancias.
Porque el transporte es un desafío país, al estar
Chile tan alejado de los principales centros de comercio. Si la huella
de carbono humana promedia anualmente 50 mil mega toneladas de CO2
(medida referencial), cerca de 2.800 toneladas se le puede atribuir
sólo a transporte y logística, según cálculos de Accenture en el
estudio Descarbonización de la Cadena de Suministro, realizado en
conjunto con el Foro Económico Mundial.
Y mientras el tipo de transporte más eficiente sería, por tren y por marítmo, el más intenso en carbono es el terrestre.
Este
porcentaje pesará a la hora de que el consumidor internacional elija un
producto en la estantería del supermercado o compre frutas en una
tienda gourmet. Porque entre 5% a 15% de la huella de carbono que deja
el ciclo de vida de un producto en promedio, corresponde a su
transporte y logística.
De acuerdo al Monitor de Confianza
Climática 2009 del banco HSBC, 69% de 12 mil personas sondeadas a nivel
global (un total de doce países) considera tan importante que su
gobierno combata el cambio climático como que subsidie la economía en
tiempos de crisis. Y un 65% cataloga como clave un acuerdo en
Copenhague.
También hay un claro cambio de tendencia en la
demanda. Comparado con 2007, el monitoreo arrojó que cada vez más los
ciudadanos de economías emergentes se están preocupando por este
fenómeno, incluso más que sus pares desarrollados. Donde más inquietud
genera el asunto en México (52%), frente a los países tradicionalmente
líderes en la discusión del tema como Gran Bretaña (18%).
Prácticamente todas las actividades socioeconómicas del ser humano
están de alguna manera vinculadas al clima, directa e indirectamente,
explica el reciente informe sobre la Economía del Cambio Climático en
Chile, dirigido por Cepal.
Así que mientras más demoren las
instancias mundiales en definir el marco regulatorio general del cual
emergerán los pasos a seguir por país en la lucha contra el cambio
climático durante los próximos 40 a 90 años, el costo económico, social
y ambiental será mayor.
Esto lo tienen más que claro los cientos
de empresarios e inversionistas que asistirán como observadores de la
ronda de negociaciones de cambio climático que comienza este lunes 7 de
diciembre en Copenhague.
En especial si de acuerdo a cálculos
de la Comisión Europea, las inversiones netas globales sólo de
mitigación requerirían del orden de US$ 227 mil millones anuales hacia
2020 para que el calentamiento global no sobrepase los 2º Celsius en
2050. Mientras que según la Convención de Naciones Unidas para el
Cambio Climático (UNFCCC en inglés), el sector privado comprende el 86%
de los flujos financieros para las inversiones necesarias en mitigación
y adaptación.
Se puede avanzar hasta cierto punto por cuenta
propia en moderar este ajuste propio del ecosistema que, no obstante,
se vio exacerbado desde el periodo de la Revolución Industrial por el
alto nivel de emisiones de CO2, el gas de efecto invernadero (GEI) con
mayor presencia en la atmósfera, por la quema de combustibles fósiles y
deforestación que ha conllevado el desarrollo a la fecha.
Las
emisiones GEI no se pueden evitar. Por eso las conversaciones de cambio
climático que se arrastran desde 1997, año en que nace el Protocolo de
Kioto, pero que tomaron un tono de urgencia en 2007, buscarán
disminuirlas a un mínimo sustentable.
Mientras el mundo se
decide, economías y sectores privados por igual deberán enfrentar unos
de los brotes más peligrosos del cambio climático: la incertidumbre,
que promete dar pie a un origen espontáneo de medidas cortoplacistas.
Esto
influenciará la forma en que el sector privado incorpore en sus
estrategias de negocios riesgos del cambio climático como las emisiones
de CO2, la demanda de los consumidores de productos amigables con el
medio ambiente y la obligación de generar nuevos negocios. Porque si la
compañía sigue “business as usual”, sufrirá las consecuencias.
Diagnóstico local
¿Qué
piensa el empresariado chileno de todo eso? Ya han surgido instancias
más formales que reúnen las inquietudes del sector, como la
participación en el Carbon Disclosure Project de empresas locales como
Antofagasta Minerals, Banco de Chile, Colbún, Masisa y las filiales
locales de Endesa, Santander, entre otras, en que informan sus
esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático.
Está
el capítulo chileno de la alianza de líderes empresariales contra el
cambio climático Corporate Leaders Group, junto con la iniciativa "May
Day Chile", liderada por la consultora de sustentabilidad AccionRSE,
que reúne a 17 empresas locales.
El sector privado también está
a la espera de lo que diga la Corporación de la Producción y del
Comercio (CPC) que entregaría hoy al gobierno sus perspectivas del
cambio climático.
Por mientras, una muestra. La consultora
Accenture reunió ayer a los gerentes generales y de área de las
principales 20 empresas del país, sectores minería, petróleo,
telecomunicación, consumo masivo, bancos, automotriz, para conocer sus
inquietudes en sustentabilidad y ecoeficiencia.
La mesa
redonda arrojó un interesante diagnóstico: mezclas entre la búsqueda de
eficiencia de costos y una agenda propiamente "verde", explica el
encargado de asesorías de sustentabildiad en la cadena de suministro
para empresas en Latinoamérica de Accenture, Eduardo Cunha.
"La
visión que se tiene no es propiamente de una agenda de sustentabilidad,
sino de reducción de costos porque estamos recién saliendo de la
crisis", explica Cunha. "Eficiencia se confunde muchas veces con agenda
verde, porque ambos buscan alternativas menos costosas", precisa.
Otra
particularidad de Chile "es que todo el esfuerzo está mucho más basado
en un liderazgo específico que ejerce un gerente o un director, más que
su compañía lo haya definido como estrategia".
Y la consecuencia
de no tener una agenda gubernamental asociada a una agenda corporativa
sustentable, "es que nadie tiene un indicador claro de medición de
desempeño como referencia. Piensan que podrían hacer mucho más si la
compañía pudiera tener una agenda más clara en el sentido "verde" a
nivel país. Tienen la necesidad de saber si están haciendo las cosas
bien o mal por los riesgos legales y regulatorios, también. Los
sectores de minería y petróleo tienen marcos de referencia más claros
por un tema de la naturaleza de sus operaciones, pero las empresas del
retail o banca no tanto", precisa Cunha.
Estado de alerta
Pero
del dicho al hecho hay mucho trecho. Una encuesta a más de 2.000 altos
ejecutivos de todo el mundo por la consultora McKinsey en diciembre de
2007 arrojaba que el 60% consideraba el cambio climático como
estratégico, pero 44% reconocía que todavía no tenía un lugar
significativo en sus agendas de trabajo ni decisiones.
Un 25%
del total respondió que influía en su decisión los potenciales cambios
regulatorios que conllevara el tema. Nótese que los ejecutivos
latinoamericanos destacaron como factores influyentes la atención que
los medios daban al tema (40%) y las potenciales regulaciones (38%).
El
escenario de entonces era clave: el debate del cambio climático había
adquirido tono de urgencia tras el Informe Stern sobre su impacto
económico; el el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de
Naciones Unidas (IPCC en inglés) ya había dado la alarma de que el
calentamiento global era un hecho, y el documental de Al Gore “Una
verdad inconveniente” ya había sensibilizado a las masas.
Dos
años después, el empresariado sigue viendo el tema como parte del
negocio, pero sus aprensiones apuntan ahora a la falta de políticas de
largo plazo sistematizadas en sus países, según la encuesta 2008 a
Ejecutivos sobre Cambio Climático de la consultora Accenture a 130
gerentes globales de los sectores petróleo, minería, energía, forestal
y servicios.
En especial si la falta de regulación daría pie a
que los países que más contaminan (Anexo 1 según el Protocolo de Kioto)
impongan barreras arancelarias a los productos que deben viajar grandes
distancias.
Porque el transporte es un desafío país, al estar
Chile tan alejado de los principales centros de comercio. Si la huella
de carbono humana promedia anualmente 50 mil mega toneladas de CO2
(medida referencial), cerca de 2.800 toneladas se le puede atribuir
sólo a transporte y logística, según cálculos de Accenture en el
estudio Descarbonización de la Cadena de Suministro, realizado en
conjunto con el Foro Económico Mundial.
Y mientras el tipo de transporte más eficiente sería, por tren y por marítmo, el más intenso en carbono es el terrestre.
Este
porcentaje pesará a la hora de que el consumidor internacional elija un
producto en la estantería del supermercado o compre frutas en una
tienda gourmet. Porque entre 5% a 15% de la huella de carbono que deja
el ciclo de vida de un producto en promedio, corresponde a su
transporte y logística.
De acuerdo al Monitor de Confianza
Climática 2009 del banco HSBC, 69% de 12 mil personas sondeadas a nivel
global (un total de doce países) considera tan importante que su
gobierno combata el cambio climático como que subsidie la economía en
tiempos de crisis. Y un 65% cataloga como clave un acuerdo en
Copenhague.
También hay un claro cambio de tendencia en la
demanda. Comparado con 2007, el monitoreo arrojó que cada vez más los
ciudadanos de economías emergentes se están preocupando por este
fenómeno, incluso más que sus pares desarrollados. Donde más inquietud
genera el asunto en México (52%), frente a los países tradicionalmente
líderes en la discusión del tema como Gran Bretaña (18%).
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