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Publicado: Miércoles 1 de marzo de 2017 a las 04:00 hrs.
Después de varios años de una angustiosa crisis económica, el Cuarto Juzgado Civil de Santiago decretó la liquidación forzosa de la Universidad de Artes y Ciencias de la Educación (Arcis), es decir, la quiebra del plantel.
La situación se había tornado insostenible hacia fines del año pasado. En diciembre la ministra de Educación, Adriana Delpiano, había señalado que la Arcis no era “sustentable en el tiempo”, adelantando la necesidad de contar con un administrador de cierre.
En aquellos días incluso el Mineduc planteó la posibilidad de que los alumnos que aún quedaban en la casa de estudios pasaran a la Universidad de Chile, dado el interés de dicho plantel en comprar la sede de la Arcis en calle Huérfanos.
Junto con decretar la quiebra, la jueza Paula Merino Verdugo designó a Cristián Herrera Rahilly como liquidador titular provisional y a Tomás Andrews Hamilton como liquidador titular suplente.
Además, la magistrada determinó la incautación de los bienes de la universidad. “El liquidador titular antes designado deberá proceder a la incautación bajo inventario de todos los bienes de la empresa deudora, sus libros y documentos. Para este objeto se le prestará por Carabineros, el auxilio de la fuerza pública, con la sola exhibición de la copia autorizada de la Resolución de Liquidación”, detalla el dictamen.
El tribunal también advirtió que no se debe pagar ni entregar mercaderías a la empresa deudora, bajo pena de nulidad de los pagos y entregas.
En cuanto a sus acreedores el fallo señala que éstos “tienen el plazo de treinta días contados desde la fecha de la publicación de la resolución de liquidación, para que se presenten con los documentos justificativos de sus créditos bajo apercibimiento de ser afectados por los resultados del juicio sin nueva citación”.
“Este es un momento para celebrar", dijo el gerente de la empresa filial de Copec, que presentó su Informe de Mitigación de Impacto Vial, que evalúa el efecto en la movilidad y las obras de mitigación, así como tres anteproyectos con edificaciones de no más de 12 pisos.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.