Mientras ya hay empresas que compiten por la licitación del Puerto Exterior de San Antonio y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) analiza lo que serían las bases para hacer lo propio en Valparaíso, más al sur se comienza a delinear otro proceso de la misma índole.
En Talcahuano, la actual concesión del Puerto de San Vicente -adjudicada desde el año 2000 a San Vicente Terminal Internacional (SVTI)- tiene su fecha de calidad en diciembre de 2029, pero es este año el que se debe definir el proyecto de licitación para luego, durante 2026, ingresar al TDLC.
Actualmente, el puerto es administrado por SVTI y el objetivo es que en 2030 se de inicio a las operaciones de la nueva concesión.
Con ello, el proceso de licitación pública se abriría en 2028 y así, en 2030, ya se daría el inicio de operaciones bajo la nueva concesión. SVTI, controlada en partes iguales por Hanseatic Global Terminals (una filial de la alemana Hapag-Lloyd) y la estadounidense SSA Marine, es la primera concesionaria en la historia del puerto, por lo que este proceso de renovación no se ha dado antes. SVTI tiene la posibilidad de participar en el proceso para buscar extender su administración a un segundo periodo.
La definición de las bases de licitación está a cargo de la empresa estatal, Puertos de Talcahuano, que a grandes rasgos se encarga de que el contrato de concesión se cumpla a cabalidad.
Cristian Wulf, gerente general de Puertos de Talcahuano.
Su gerente general, Cristian Wulf, es uno de los que lidera la confección del proyecto de licitación: “Es un desafío súper relevante, porque finalmente tiene que ver con proyectar el puerto para el futuro, cuando te quedan cinco años. Por un lado, la idea es que al concesionario le vaya lo mejor posible, para que sea una buena vitrina, pero por otra parte hay que preocuparse de que el proyecto que se va a licitar sea potente y eficiente y con algún grado de razonabilidad en los montos de inversión”.
En una declaración enviada por la estatal, el presidente de su directorio, Alejandro Tudela, sostuvo que “el próximo contrato debe alinearse con las condiciones actuales del entorno logístico, económico, normativo, ambiental y social, incorporando una visión de futuro que refuerce el crecimiento sostenible a nivel nacional y global”.
En cuanto al lapso de adjudicación, se extenderá por un máximo de 30 años, pero esto podría desglosarse en dos etapas, por ejemplo, de 10 y 20 años respectivamente.
Desafíos del proyecto
En su memoria de 2024, el Puerto San Vicente se describe a sí mismo como una “plataforma clave” para el comercio exterior del centro-sur de Chile, además de representar también una oportunidad para el sur argentino. Opera como puerto multipropósito y está conectado con rutas terrestres y ferroviarias, movilizando cargas de industrias como la forestal, salmonicultura, energética, manufacturera y agroexportadora.
En esa línea, Wulf plantea que uno de los principales desafíos para la licitación es aumentar la capacidad del puerto en términos de superficie. Explica que una particularidad en San Vicente es que, por su vínculo con el mundo forestal, llega mucha carga no consolidada, es decir, suelta.
“Tienes que descargar el tren, almacenar la carga y luego pedirle a las navieras contenedores para ir consolidando. Entonces, necesitas mucho más espacio que en la zona central para exportar. Es parecido a lo que pasa en Antofagasta con el cobre”, señala Wulf.
Según la memoria de Puertos de Talcahuano, durante 2024 la empresa ya realizó avances en los estudios preinversionales para proyectar mejoras en infraestructura, afinando “aspectos técnicos, legales y estratégicos”.
Dentro de ello, la estatal destaca haber desarrollado la Ventanilla Única Marítima (Vumar) y un sistema de predicción de oleaje, “que forman parte de una transformación digital orientada a consolidar a San Vicente como un puerto de cuarta generación a través de implementar una herramienta de gestión operacional y documental tipo Port Community System”.
Y de cara al futuro, en su memoria, sostuvo: “La nueva licitación representa una oportunidad para atraer inversiones, mejorar la calidad de los servicios portuarios y logísticos, la competitividad del sistema portuario regional; y generar beneficios sociales y económicos sostenibles para la Región del Biobío y el país”.
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