El certificado laboral creado por la empresa Cualiffy, que se presenta como “la manera más rápida y transparente de certificar antecedentes laborales y legales de postulantes a un nuevo trabajo, permitiendo que la confianza -basada en datos verificables- sea el punto de partida de una nueva relación laboral”, despertó las alertas al interior de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
En la jornada de hoy, la multisindical liderada por José Manuel Díaz envió una carta a la Dirección del Trabajo (DT), solicitando al servicio pronunciarse respecto a la figura de este instrumento, el cual recoge información como las licencias médicas utilizadas por una persona, historial de juicios laborales, empleadores anteriores, entre otros antecedentes.
En una misiva remitida al director del Trabajo, Pablo Zenteno, la CUT solicitó un pronunciamiento en torno a un instrumento que, dicen, “de afianzarse sin una regulación clara, podría profundizar las desigualdades y debilitar la salvaguarda de las libertades fundamentales en el ámbito laboral”.
Para la multisindical, el certificado laboral impulsado por la empresa privada Cualiffy “abre la puerta a una serie de prácticas discriminatorias”.
"¿Cómo garantizar que un despido por enfermedad o una disputa legal, no se traduzcan en una barrera insuperable para quien busca insertarse o reincorporarse al mundo laboral? ¿Qué sucederá con quienes han debido ausentarse por cuidado de un familiar enfermo, o con quienes trabajaron de manera independiente y se ven obligados a emitir boletas de honorarios?", cuestiona la CUT.
Para la multisindical, más allá de la simple verificación de datos, el verdadero riesgo radica en que este certificado impondría “un juicio moral previo a cualquier evaluación de competencias y voluntad de trabajar. Desde nuestra experiencia colectiva, sabemos que el valor de una persona no puede sino medirse por su entrega, su compromiso y sus capacidades; por el contrario, el uso de datos médicos o judiciales para filtrar postulantes profundiza la precariedad y erosiona la confianza necesaria entre empleador y trabajador”.
Si bien a juicio de la organización sindical la tecnología puede servir para agilizar procesos, esto “no puede ni debe hacerlo a costa de los derechos fundamentales, la privacidad, la igualdad de oportunidades y el principio de buena fe en la contratación. Por ello, solicitamos a esta Dirección que se pronuncie sobre los límites legales y éticos de esta iniciativa privada, que establezca los criterios bajo los cuales un instrumento de esta naturaleza podría utilizarse sin vulnerar derechos, y que defina el rol de fiscalización que corresponde a la institución”.
A modo de cierre, el escrito concluye que “estamos convencidos de que un mercado laboral justo requiere de normas claras y de una autoridad dispuesta a resguardar el respeto a la persona y al trabajador en cada etapa del vínculo laboral”.
Las otras solicitudes de pronunciamiento
Esta no es la única solicitud de pronunciamiento que se le ha solictado a la DT.
Felipe Malgüe, exinspector del Trabajo, también envió una solicitud al servicio, pidiendo aclarar que se informe si el certificado de antecedentes laborales emitido por Cualiffy vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores, o si, a juicio de la Dirección del Trabajo, dicho documento se ajusta a la normativa laboral vigente.
A esto se suma un oficio que envió la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados a la DT respecto a este tema.