El pasado 22 de julio, el Gobierno ingresó al Congreso un nuevo proyecto de reforma tributaria, esta vez con foco en las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y beneficios en favor de la clase media, cumpliendo el compromiso de presentar una última iniciativa como parte del denominado pacto fiscal.
Sin embargo, este lunes el Ejecutivo reingresó la iniciativa, con cambios, principalmente enfocados en mayores aportes que tendrán que realizar las municipalidades de Las Condes y Lo Barnechea al Fondo Común Municipal (FCM); además de enmendar algunos errores en la redacción sobre los aumentos de tasas para los contribuyentes de rentas más altas.
El costo total de los beneficios, como un nuevo régimen Pyme y las nuevas deducciones para gastos realizados en arriendos de propiedades y educación, asciende a US$ 1.000 millones, los que serán compensados con el aumento de las tasas más altas del Global Complementario y el término de exenciones para la renta presunta, los fondos de inversión y las herencias y donaciones.
Sin embargo, la iniciativa ya se ha encontrado con reparos a nivel del Congreso, fundamentalmente de la oposición, pero también de parte de especialistas.
Una entidad que agrupa a académicos y asesores tributarios es la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios (Fesit), quien emitió un duro informe respecto a la propuesta legislativa del Ministerio de Hacienda.
"A través de un análisis técnico, práctico y normativo, se argumenta que esta iniciativa no responde a una visión sistémica ni simplificadora del sistema tributario, sino que introduce mayor incertidumbre, complejidad y costos para los contribuyentes", señala el reporte de 38 páginas.
Siete efectos
El documento parte identificando lo que consideran son siete impactos que genera el texto legislativo: una "mayor incertidumbre"; un incremento en la "complejidad y burocracia"; más "amenazas y costos asociados al cumplimiento y fiscalización; "errores" en el informe financiero; "obstáculos" para la continuidad de las empresas familiares; "desincentivos" a la inversión; y una actitud "soberbia" del Estado, que "pretende saber más que el 80% de las Pymes", exponen los autores.
Así, parten señalando que se complejizaría aún más el esquema para las pequeñas y medianas empresas, ya que a los 35 regímenes hoy vigentes, el proyecto agregaría dos nuevos (el monotributo y el nuevo sistema para microemprendimientos nacientes) y se alterarían dos ya existentes (Propyme y sistema transparente).
El nuevo sistema afecta "negativamente al 58% de las Mipymes que actualmente operan bajo el Régimen Propyme General, quienes verán modificadas las condiciones bajo las cuales tributan. Este grupo se verá forzado a adoptar un régimen alternativo, con un aumento en la tasa del Impuesto de Primera Categoría, una regulación significativamente reducida (limitada prácticamente a una sola hoja normativa) y sujeta a las disposiciones del nuevo régimen general propuesto para las Pymes, caracterizado como un sistema atribuido con contabilidad simplificada", expresa Fesit.
Asimismo, agregan que el 22% de las Pymes hoy bajo el régimen transparente enfrentarán "mayores costos y una mayor complejidad" en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
"El proyecto parece incentivar -de manera indirecta pero evidente- la adopción del régimen atribuido introducido en 2014. A estas empresas también se les impondrá una contabilidad simplificada, lo que implica nuevas y mayores cargas administrativas y fiscales", complementan los asesores, en referencia al sistema que busca gravar las utilidades generadas, independiente de si han sido distribuidas entre los socios de la empresa.
Alcance de beneficios clase media
Hacienda propone un nuevo beneficio para que personas que arriendan una vivienda puedan descontar ese gasto de su base de impuestos, con lo que busca beneficiar a cerca de 900 mil personas.
Sin embargo, el reporte de Fesit considera "marginales" dichos beneficios, señalando que en la práctica "carecen de impacto relevante".
"Esto se debe principalmente a la diferencia en el tratamiento tributario entre considerar ciertos montos como crédito versus considerarlos como gasto, lo que limita considerablemente su efecto real en la reducción de la carga tributaria. En consecuencia, las medidas anunciadas resultan simbólicas y poco efectivas, constituyendo una propuesta decepcionante para más del 90% de los contribuyentes que componen este segmento de la población", expone el texto.
Cambios en impuesto territorial
Hacienda propone postergar en un año, desde enero de 2026 a enero de 2027, el resultado del reavalúo de propiedades no agrícolas, a la espera de resolver los problemas técnicos detectados en el proceso llevado a cabo por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Asimismo, pone sobre la mesa ampliar el beneficio para los adultos mayores, restringiendo a un 5% de sus ingresos el impuesto territorial a pagar, siempre y cuando se encuentren dentro del 60% más vulnerable de la población.
Para Fesit, aquello no sería suficiente. Más bien, señala que se requiere una "reforma estructural" que contemple tres aspectos: la detención inmediata de los incrementos en las contribuciones; una solución "integral y justa" para la totalidad de los adultos mayores afectados por el aumento del impuesto territorial; y el rediseño "completo" del sistema de impuesto territorial, con criterios de equidad, transparencia y sostenibilidad fiscal.
Nueva tasa para altos ingresos
El texto de Hacienda propone aumentar desde 35% a 38% la tasa marginal para quienes ganan más de $ 8,2 millones al mes, mientras que el gravamen pasaría de 35% a 40% para quienes perciben más de $ 10,2 millones mensuales.
Para Fesit, el aumento del Global Complementario para los tramos superiores de ingreso, sin modificar el tope del 40%, podría tener consecuencias "contraproducentes" tanto en términos económicos como sociales.
"Para los jóvenes profesionales altamente calificados, este cambio puede representar un desincentivo a permanecer en el país, al percibir que sus impuestos no se traducen en beneficios proporcionales. Esto podría incentivar la emigración de talento, afectando la competitividad nacional", argumentan.
En el caso de las Pymes, la medida "encarece" la contratación de ejecutivos con mayores competencias, al aumentar el costo total asociado a sus remuneraciones. "Asimismo, los propios emprendedores o dueños de Pymes verán reducida su liquidez, lo que limita su capacidad para reinvertir en el crecimiento y consolidación de sus negocios", señalan.
Además, de acuerdo con los propios cálculos del informe financiero que acompaña el proyecto, esta modificación tributaria sólo recaudaría el 0,05% del PIB, "un monto que podría obtenerse con relativa facilidad mediante una mejora en la eficiencia del gasto público, sin necesidad de afectar negativamente a segmentos clave del aparato productivo", dice Fesit.
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Sebastian Valdenegro
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