Los impuestos serán uno de los principales ejes de la agenda de la administración del Presidente electo, José Antonio Kast, desde marzo. La lista de tópicos es nutrida, pues incluye -en lo esencial- rebajas de tributos a las empresas, fin a las contribuciones de bienes raíces para la primera vivienda, créditos tributarios para fomentar la contratación y un nuevo estatuto para la inversión extranjera.
Todo un plan donde el Servicio de Impuestos Internos (SII) tendrá un rol clave de apoyo e implementación técnica de los cambios que envíe el nuevo Ejecutivo al Parlamento, pero a cuyo protagonismo se sumarán otras dos entidades clave: el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) y la Tesorería General de la República (TGR).
Ambas también serán actores fundamentales en el quehacer fiscal del nuevo Ejecutivo, pero no solo en términos recaudatorios o de alivio a los contribuyentes, sino también en los esfuerzos de priorizar la seguridad pública y el combate al crimen organizado.
Dentro del equipo tributario que coordina el abogado Rafael Cruzat trabajan en un diseño para reforzar el rol de ambas instituciones.
De hecho, el “plan barrido total. Vamos a barrer con fuerza el comercio ilícito” es el anunciado de uno de los programas emblemáticos de la agenda de seguridad del nuevo Gobierno, en el que Aduanas es crucial.
Aduanas tendrá un rol central en aplicar el plan “barrido total” de Kast para combatir el comercio informal y el crimen organizado, en conjunto con las policías.
La idea es impedir la presencia de mercancías prohibidas que vulneren la propiedad intelectual, que provengan de ilícitos que erosionen la base fiscal y amenacen la salud de la población, con lo que se busca “atajar” dicho comercio ilegal para darle espacio de crecimiento al sector formal.
Esto implica para el servicio tener un rol más preponderante en la “fiscalización intensiva” de parte de los organismos del Estado, mediante una mayor “proactividad” en el control en terreno en conjunto con el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) del origen de la mercadería internada al país.
Asimismo, se prepara una “modernización” institucional de Aduanas, con foco en la mejora de sus capacidades tecnológicas, como escáneres plenamente funcionales para escrutar de manera más amplia el contenido de los containers y encomiendas que ingresen al país, además de un uso más intensivo de inteligencia artificial para detectar envíos sospechosos desde y hacia nuestro país. También se le encargará agilizar la entrega de información para las policías, el Ministerio Público y la Armada.
Esta dinámica conversa con el plan del nuevo Ejecutivo de reforzar el control de la frontera norte del país, punto de entrada de la mayoría de dichos bienes de contrabando.
Según el diagnóstico del equipo tributario y de seguridad, el comercio ilícito se concentra principalmente en la transacción de armas de fuego, combustibles, estupefacientes, medicamentos, cigarrillos, bienes falsificados y productos culturales.
Tesorería, en coordinación con el SII, deberá aplicar los cambios a contribuciones que contempla el plan del nuevo Gobierno, mediante el cobro o exención del impuesto.
Nuevas contribuciones
En el caso de la Tesorería, tendrá un rol operativo fundamental en hacer realidad uno de los caballos de batalla de la propuesta fiscal de Republicanos: el fin de las contribuciones a la primera vivienda en un lapso de cuatro años, partiendo por los adultos mayores.
Impuestos Internos tendrá a cargo la implementación de los cambios al catastro de bienes raíces y la nueva metodología para calcular el reavalúo de propiedades, mientras que la Tesorería deberá cobrar el gravamen y aplicar las exenciones que establecerá la nueva norma que se ingresará al Congreso.
En específico, los cambios en los cobros a los roles de las propiedades, ya que bienes raíces que hoy están afectos a contribuciones pasarían a estar exentos al ser primera vivienda y/o tener como propietarios a adultos mayores.

Mayor coordinación
En ambos planes, la coordinación entre las instituciones es crucial. Por lo mismo, en el equipo del Presidente electo buscan que SII, TGR y SNA “conversen más” para lograr los objetivos en recaudación, alivios a contribuyentes y reforzamiento de la seguridad pública y combate al crimen organizado.
En el equipo están mirando varios casos de éxito de administraciones tributarias integradas, como en el Reino Unido, Colombia o Perú, éste último donde Aduanas e Impuestos Internos funcionan bajo un solo órgano, la Sunat.
Un insumo para dicho debate es la propuesta que entregó el Colegio de Contadores a la Convención Constitucional, para crear una Comisión del Sistema Tributario (CST) fusionando a los tres entes, con designación de sus integrantes a través del Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
En octubre de 2023, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) propuso crear una gobernanza tributaria unificada que integre al SII, Tesorería y Aduanas, buscando mayor eficiencia en la recaudación y fiscalización, especialmente en comercio exterior, con acuerdos de intercambio de información y homologación de procesos.
Sin embargo, en el equipo tributario saben de la complejidad de implementar algún tipo de fusión entre las tres entidades, debido a la fuerte oposición de sus gremios de funcionarios y que dicho movimiento debiera materializarse a través de un proyecto de ley.
Por lo mismo, la alternativa que toma más fuerza es crear nuevas instancias de mayor coordinación entre las tres.
Jefaturas en evaluación
Actualmente, Aduanas y la TGR son encabezadas por Alejandra Arriaza y Hernán Nobizelli, respectivamente.
Ambas jefaturas están en evaluación de parte de la nueva administración y se analiza la posibilidad de removerlas y realizar designaciones directas -vía las denominadas 12 “balas de plata” que permiten remover y designar directamente a funcionarios electos vía Alta Dirección Pública, ADP- o convocar a concursos públicos.
En marzo de 2022, la administración de Gabriel Boric removió al titular de Aduanas de ese momento, José Ignacio Palma, quien un mes antes había sido ratificado hasta 2025 por el entonces Presidente Sebastián Piñera, por lo que inició un concurso vía ADP. En el caso de la TGR también abrió una convocatoria tras el fin del período de Ximena Hernández como tesorera general. Como no hubo designaciones directas, no se “gastaron” las 12 balas en ambos cargos.