El nuevo Ejecutivo, encabezado por José Antonio Kast y liderado en el área económica por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, está afinando la presentación de un paquete de medidas para incentivar la economía. Un paquete que incorporará una esperada innovación en materia tributaria: un crédito que podrán usar las empresas intensivas en contratación de trabajadores que estén en riesgo de caer en la informalidad, lo que permitirá descontar impuestos a dichas firmas.
Según anticipó Quiroz durante la campaña, la idea es que ese tipo de firmas puedan incluso llegar a una tasa de impuesto de Primera Categoría de 20% o incluso más baja. Aquello se complementa con la rebaja de la tasa corporativa para las grandes empresas, desde el actual 27% a 23%.
Un informe elaborado por la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios (Fesit) le pone números a esta iniciativa, valorando algunos aspectos, pero también levantando señales de preocupación.
Fesit, que agrupa al Colegio de Abogados y al Colegio de Contadores, así como universidades, asesores tributarios y académicos, parte señalando que estos incentivos podrían representar hasta tres puntos porcentuales del impuesto corporativo en régimen, lo que reflejaría una “reducción efectiva” de la tasa corporativa.
La fundación calcula que la propuesta tendría un costo para el Fisco de US$ 1.500 millones anual en régimen, equivalente a 0,45% del Producto Interno Bruto (PIB). Y de aplicarse en el primer año de Gobierno, llevaría a un acumulado de US$ 6.000 millones en el período de la nueva administración.
Uno de los focos de inquietud es que, con todo lo demás constante, el nuevo crédito tributario engrosaría el listado del denominado gasto tributario, o sea, las exenciones, beneficios y regímenes fiscales especiales que implican menores ingresos para el Estado.
Dicho monto hoy representa el 2% del PIB y el Fesit estima que subiría a 2,45% del Producto de aplicarse el nuevo crédito para la contratación, “lo que representa un costo superior al de la medida para las PYME, equivalente al 0,34% del PIB, y muy próximo al gasto destinado a ahorro e inversión, que corresponde al 0,64% del PIB”, agrega el documento.
Panorama sectorial
En cuanto a la informalidad, el reporte cita estadísticas del Servicio de Impuestos Internos (SII) del año tributario 2025, que muestran que el 92% de las PYME está en el segmento de micropyme, empresas más expuesta a la informalidad.
“Solo 33% de estas pequeñas empresas tienen trabajadores dependientes declarados, cuestión que debe llevar a repensar el desafío de aumentar la formalización laboral con incentivos reales”, dice el análisis.
Asimismo, recalca que si las iniciativas para fomentar el empleo se diseñan con un enfoque específico en las micro, pequeñas y medianas empresas, en conjunto con otras medidas, podría lograrse un “mayor impacto positivo” en la generación de puestos de trabajo.
En cuanto al efecto de la medida por rubro, Fesit recalca que la mayor concentración de empresas y trabajadores dependientes se da en el comercio, la construcción, la manufactura, la agricultura y ganadería, el transporte, los servicios, las actividades administrativas y la enseñanza (ver tabla).
Una idea alternativa
Fesit plantea que para diseñar una medida efectiva de fomento al empleo, es “fundamental” que el beneficio se enfoque principalmente en las micro, pequeñas y medianas empresas.
“En un contexto de restricciones fiscales superiores a las anticipadas, así como la complejidad de su aplicación y los gastos derivados de su fiscalización, estimamos que la propuesta no constituye la opción más eficiente para promover la formalización y el empleo”, sostienen.
El objetivo puede alcanzarse, reza el informe, mediante un subsidio directo a las empresas, cuya aplicación debería establecerse y evaluarse anualmente en la Ley de Presupuesto, considerando criterios complementarios para su asignación, como estar al día en pagos previsionales, ausencia de condenas por delitos económicos, cumplimiento de remuneraciones y obligaciones laborales.
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Sebastian Valdenegro
