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REGÍSTRATE AQUÍPor: Nidia Millahueique M.
Publicado: Miércoles 8 de marzo de 2017 a las 04:00 hrs.
Carlos Olave Garrido es el dueño de la quesería Boyén y tras ser contactado por este medio, el empresario hizo su mea culpa por la quiebra de la compañía y precisó los montos adeudados a los productores lecheros.
“Al mundo lechero se le deben $ 920 millones, no $ 1.200 millones como se dijo en principio. Pero ellos (productores) deben reconocer que durante diez años obtuvieron precios de la leche un 25% por sobre el mercado”, explica.
En este contexto sostiene que “igual reconozco mi deuda, pero la situación del mercado impulsó la quiebra de la empresa. Los precios de la leche han caído, sumado a la situación económica del país y a que los insumos en el rubro subieron casi un 30% por el tipo de cambio. Así no podíamos existir”, asegura.
Consultado por las deudas con la banca, Olave detalla que “en los bancos se deben $ 4.000 millones”. A lo anterior añade que la planta fue tasada por el BCI “en US$ 12 millones y nadie nos dio crédito. Ahora estamos a la espera del liquidador. No tenemos otro camino”.
Además, asegura que “nosotros como familia, como patrimonio perdimos $ 3.100 millones, yo no saqué ningún peso de la empresa para mí, al contrario, perdimos todo lo que teníamos para poder salvar la compañía”.
En este escenario, cabe señalar que durante cinco meses estuvieron pagando sueldos, mientras la planta no se movía, todo para poder ver si surgía la esperanza de que alguien quisiera refinanciarla o apoyarlos, “pero no pasó nada”, añade. La empresa alcanzó a durar once años con procesos productivos y en total tenían 155 trabajadores, distribuidos en la plata y el centro de distribución.
En total son 30 productores lecheros del Biobío, Osorno y Llanquihue a los que la firma declarada en quiebra les debe dinero. Ellos, de la mano de Aproleche, iniciarán en los próximos días acciones judiciales que les permitan recuperar parte de lo adeudado.
La sociedad dijo que “no es una gran empresa minera que pueda soportar las tremendas pérdidas económicas” derivadas de un fallo de la judicatura ambiental, y que tampoco podrá “resistir una incertidumbre de años de judicialización y pendencia”.
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