Un nuevo revés sufrió el primer proyecto minero binacional, Pascua-Lama, de la canadiense Barrick Gold.
En fallo dividido, la Tercera Sala de la Corte Suprema no aceptó la reclamación que había interpuesto la minera en contra de la resolución del Tribunal Ambiental de Santiago, que ordenó a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) rehacer la multa por más de US$ 16 millones que en 2013 le cursó a la empresa.
El máximo tribunal cuestionó la figura legal bajo la cual Compañía Minera Nevada -titular del proyecto- se hizo parte de la causa.
Ésta participó en el juicio ambiental como "tercero coadyuvante", cuando debió hacerlo como parte directa, a raíz de que es la multada por la autoridad.
Según el fallo, el Tribunal Ambiental no debió haber aceptado a la minera bajo esa figura y, por lo tanto, no pudo haber acogido el reclamo.
Así, la Tercera Sala no se pronunció sobre la casación en fondo y forma interpuesta por Barrick. Esto implica que el fallo del Tribunal Ambiental, emitido en marzo pasado, quedó a firme y la SMA deberá rehacer la sanción.
En la industria han estimado que el nuevo monto podría llegar hasta los US$ 250 millones, pues las 23 infracciones determinadas por la SMA deben ser penalizadas por separado.
En su dictamen original la entidad fiscalizadora usó el concepto de "concurso infraccional", que en la práctica implicó agrupar los incumplimientos.
Escenarios posibles
Este nuevo revés de la minera canadiense abrió, de inmediato, la interrogante de los caminos que puede tomar ahora. El panorama no abre muchas posibilidades, explicaron expertos.
Un escenario poco probable es que una vez que la SMA emita su nueva sanción, la empresa pueda reclamar ante el mismo Tribunal Ambiental.
En el caso de que eso fuera factible, la empresa podría acudir como parte directa y, probablemente, le iría mal porque el Tribunal Ambiental sólo debería confirmar lo que ya decidió. De esta forma, Barrick podría ir de casación ante la Corte Suprema, pero en calidad de parte directa.
Sin embargo, esa posibilidad es discutible primero, porque la nueva sanción es el cumplimiento de un fallo.
Segundo, porque ante un eventual nuevo reclamo el Tribunal Ambiental de Santiago sería incompetente por haberse ya pronunciado.
Y tercero, a raíz de lo anterior, debería resolver otro tribunal ambiental, donde hasta se podría acoger la reclamación e, incluso, volver a la sentencia original, lo que sería un absurdo.
Por consiguiente, no estando habilitada para reclamar ante ningún tribunal ambiental, tampoco procedería la interposición de una casación ante la Corte Suprema, dijeron los especialistas.
Es decir, es poco probable que la empresa pueda reclamar ante la nueva multa que la autoridad debería emitir en las próximas semanas.
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