Dos de las sociedades fundadoras de médicos de Isapre Masvida en Concepción -ciudad donde nació la compañía- anunciaron esta mañana la preparación de una ofensiva legal por las presuntas irregularidades financieras del holding que lidera el doctor Claudio Santander.
Con el recurso, los 200 accionistas que conforman el grupo buscan hacerse parte de la investigación que lleva adelante el fiscal Carlos Gajardo en materia penal, y evitar que se lleve a cabo la reunión de directorio convocada para el próximo 3 de marzo, cuando se votará el traspaso del 85% de la compañía a Gamma Capital.
La acción legal, que persigue a todos quienes resulten responsables, se interpondrá mañana en el Juzgado de Garantía de la capital del Biobío.
"En concreto, primero nos vamos a adherir a través de una denuncia penal a la investigación que se encuentra a cargo del fiscal Señor Carlos Gajardo, solicitando una serie de diligencias investigativas, acompañando una serie de antecedentes documentales que dan cuenta de situaciones que necesariamente deben investigarse por la Fiscalía", dijo el abogado representante de ambas sociedades, Remberto Valdés.
En ese contexto, Valdés afirmó que "existe un monto importante de dinero, alrededor de $ 57.000 millones, que se encuentran reconocidos en los estados de resultados y en los balances presentados a los accionistas como posibles de cobrar dentro de corto plazo, lo que es falso".
Por su parte, el presidente de la sociedad número nueve, Aliro Bolados, reclamó que el directorio de la Isapre no traspasó toda la información a los accionistas al momento de elegir a Gamma Capital para reflotar a la compañía, considerando la filtración de que había otras dos ofertas que desconocían; ICC Farma, ligada al empresario al Guillermo Harding; y la estadounidense Nexus Partners LLC.
"Lo que nosotros estamos pidiendo como presidente, y estamos llamando a los otros presidentes, es que la información que se nos entregue sea la adecuada para votar una decisión", criticó.
"No nos pueden colocar en una situación de desinformación para tomar una decisión tan importante, que puede afectar incluso al sistema de salud privado de Chile. Eso no puede ocurrir", sentenció.
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