Una disputa por derechos mineros mantuvo durante varios días suspendidas parte de las obras del Túnel Lo Ruiz, proyecto de cerca de US$ 450 millones que busca reducir en un 20% la congestión vehicular entre Renca y Quilicura.
Según una fuente de la industria, los operarios fueron reasignados a otras funciones mientras estuvo vigente la medida cautelar, que fue levantada hace dos semanas. Durante casi 60 días no pudieron ingresar al tramo sujeto del conflicto judicial.
El origen de la disputa se remonta a abril, cuando Quarzo SA presentó una denuncia de obra nueva contra el Fisco, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y Autopista Central, argumentando que las excavaciones del túnel afectan concesiones mineras de explotación ubicadas en el subsuelo del proyecto.
La compañía pertenece a la familia Harseim, conocida por sus inversiones en los sectores inmobiliario y hotelero, principalmente a través de la cadena Plaza Park, con establecimientos en Providencia y Calama. El grupo alcanzó notoriedad cuando, junto a otros empresarios, introdujo la marca Ritz-Carlton en Chile en 2003, participación de la que salió seis años más tarde. En los últimos años, la familia diversificó sus inversiones hacia el negocio minero mediante Quarzo SA.
El CDE, en representación del Fisco y del MOP, respondió que las concesiones mineras de Quarzo no le otorgan el derecho a impedir la ejecución de una obra pública.
“Afectación constitucional”
Representada por los abogados Álvaro Baeza y Javier Jara, del estudio Baeza y Cía., Quarzo sostiene que las excavaciones del Túnel Lo Ruiz constituyen una “afectación constitucional grave”, al interferir con 31 concesiones mineras de explotación de su propiedad.
En la demanda, la empresa afirma que las obras reducirán el valor económico de esos derechos mineros al dejar parte del mineral inaccesible o disminuir su recuperación, además de obligar a rediseñar la futura explotación. Según expone, ello elevará los costos operacionales y de inversión por desvíos de faenas, nuevas obras de ventilación, drenaje y fortificación, junto con mayores gastos en ingeniería, monitoreo y permisos. También sostiene que un eventual retraso en la extracción disminuirá el valor económico del proyecto al postergar los flujos esperados y aumentará los riesgos geotécnicos y operacionales.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en representación del Fisco y del MOP, respondió que las concesiones mineras de Quarzo no le otorgan el derecho a impedir la ejecución de una obra pública y solicitó dejar sin efecto la suspensión provisional de las obras. Según el organismo, cualquier retraso en un contrato de concesión puede generar compensaciones económicas a favor de la Sociedad Concesionaria Autopista Central.
El Túnel Lo Ruiz forma parte del proyecto Sistema Norte-Sur y comenzó su construcción en julio de 2025. Su entrada en operación está prevista para 2029. Para el CDE, se trata de una obra de alto interés público destinada a aliviar la congestión vehicular en el norte de Santiago.
Como principal argumento jurídico, el organismo sostiene que los terrenos donde se ejecutan las obras fueron expropiados por el MOP en 2017 y que, para desarrollar actividades mineras sobre ellos, Quarzo debía constituir previamente las servidumbres contempladas en el Código de Minería e indemnizar al propietario superficial. A juicio del CDE, la empresa no acreditó haber constituido dichas servidumbres, por lo que no cumplía los requisitos para ejercer la acción posesoria que dio origen a la suspensión de las obras.
Sin embargo, el privado apunta a que la expropiación de 2017 recayó sobre terrenos pertenecientes a Inmobiliaria El Cerro -otra sociedad ligada a la familia Harseim-, pero no sobre las concesiones mineras de explotación inscritas a nombre de Quarzo SA. Aunque ambas empresas pertenecen al mismo grupo, sus abogados sostienen que se trata de patrimonios jurídicamente distintos, por lo que la expropiación del predio superficial no habría afectado la propiedad sobre el subsuelo.
Con la suspensión ya levantada, la causa ingresó a la etapa de peritaje. En esa fase, el tribunal deberá inspeccionar el terreno y recabar antecedentes técnicos para determinar si las excavaciones del Túnel Lo Ruiz efectivamente interfieren con las concesiones mineras invocadas por Quarzo, un aspecto que será determinante para resolver el litigio.
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