La empresa Aldeasa Chile Limitada maneja hace más de 28 años las operaciones del Duty Free del Aeropuerto de Santiago, y por estos días ha concentrado todos sus esfuerzos para extender la concesión por, al menos, 10 años más. A principios mayo de este año, la firma presentó una demanda en el Tribunal de Contratación Pública en contra del Fisco de Chile y acusó ciertas ilegalidades contenidas en las bases de licitación que regirán el nuevo proceso.
Sin embargo, durante la noche de este martes la instancia judicial emitió la primera señal en medio de esta controversia y consideró la petición de suspensión solicitada por Aldeasa como “no ha lugar”.
En lugar de “pretender impugnar un procedimiento que no ha iniciado, se busca impedir un procedimiento de licitación próximo”, dice el CDE.
Por su parte, desde el Consejo de Defensa del Estado ya solicitaron rechazar en todas sus partes la demanda deducida.
Aldeasa -controlada por el grupo multinacional Dufry- opera las instalaciones del Duty Free desde 1995, fecha desde la cual se han realizado prórrogas en el contrato. La última extensión ocurrió a fines del año pasado, en medio de los ajustes del nuevo proceso de licitación, y la Dirección General Aeronáutica Civil (DGAC) concedió a la firma un año más de administración de los locales comerciales libres de impuestos ubicados al interior del Terminal 2 del Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Es decir, hasta el 31 de diciembre del 2023.
Aunque en aquella instancia las partes llegaron a un acuerdo, la compañía ingresó una demanda en el Tribunal de Compras Públicas el mes recien pasado y solicitó suspender el proceso ya que, según argumentaron, las bases de licitación -presentadas por los ministerios de Defensa y Hacienda en abril de este año- dispondrían de “cláusulas que restringirían de manera antojadiza e injustificada el principio de libre concurrencia de los oferentes”.
En este sentido, desde la defensa de Aldeasa -liderada por los abogados Ramiro Mendoza, Matías Mori y Pedro Aguerrea- apuntaron a elementos como cláusulas de intereses penales excesivamente onerosas, así como un mecanismo de ponderación de puntajes y de selección del adjudicatario que ubican a un grupo de licitantes en desventaja frente a otros oferentes.
Y además, indicaron que si bien la concesión de Aldeasa tenía como fecha de término el 31 de diciembre de 2022, un día antes la firma “ejerció su derecho a solicitar una prórroga de la concesión ante la DGAC y el SNA” por un período de 10 años más, “el cual, a la fecha de esta presentación, nuestra representada no ha sido notificada de contestación alguna de dicha solicitud”.
Sin embargo, este martes la instancia judicial emitió un informe y dijo que “atendido el mérito de los antecedentes hasta ahora reunidos, los cuales no producen en este Tribunal la convicción necesaria como para decidir favorablemente la petición de suspensión solicitada, no ha lugar, sin perjuicio de lo que se resuelva, en definitiva”.
Defensa del CDE
Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) -en representación del Fisco de Chile, los ministerios de Defensa y Hacienda, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y del Servicio Nacional de Aduanas (SNA)-, pidió al Tribunal de Contratación Pública que se rechace en todas sus partes la demanda deducida por Aldeasa.
Entre los argumentos presentados por el CDE, la entidad apunta a un supuesto error de la administración de la compañía, al entender como en curso una licitación pública que aún no parte. Y sostienen que la firma, en lugar de “pretender impugnar un procedimiento que no ha iniciado, realmente se busca impedir un procedimiento de licitación próximo”.
Asimismo, el documento señala que el contrato no solo ha sido prorrogado en tres oportunidades, sumando un total de casi 30 años continuos de concesión, sino que también ha sido modificado en orden a ampliar las superficies inicialmente entregadas de 434 m2 a 3.594,5 m2 a fines del año pasado.
“En contra de la resolución que prorrogó la concesión y el derecho de explotación, Aldeasa interpuso un recurso de reposición y jerárquico subsidiario, solicitando que el contrato le fuera prorrogado por un plazo de 10 años más, es decir, hasta el 2032, desconociendo los principios que invoca en la presente demanda (como la libre concurrencia de los oferentes y la igualdad de los oferentes ante las bases)”, indica la defensa de la DGAC.
Por otro lado, el CDE refutó la acusación sobre una vulneración del principio de igualdad entre los oferentes a partir de cláusulas de las bases de licitación, indicando que éstas “no imponen barreras de entrada a los interesados en participar en el concurso, pero sí privilegian a quienes sean más competitivos en este rubro”.
Por último, la defensa de la DGAC señala que “la demanda incurre en una notable contradicción: por una parte, pretende impedir que se materialice una licitación pública respecto de una concesión en la cual es la única incumbente y con el mismo propósito, solicita se declare un supuesto derecho a prorroga por 10 años”. Mientras que de forma paralela, agrega, “la misma demandante aboga por la protección de supuestos principios de contratación pública y de competencia aplicables a la misma licitación pública que intenta impedir que se realice".
Sobre esta base, el organismo solicitó rechazar la demanda en todas sus partes, con costas.
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