El efecto que ha tenido la postergación en el pago de las cuentas de electricidad producto de la pandemia está desencadenando conflictos entre las firmas del sector energía, poniendo a prueba la cadena de pagos.
Luego de que empresas como la francesa Engie alertaran a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por eventuales incumplimientos de CGE, una de las principales distribuidoras del país, ligada al grupo español Naturgy, el 27 de julio la autoridad decidió intervenir en el conflicto, específicamente por una denuncia que recibió de Enel Generación, y le formuló cargos por amenazar la seguridad financiera del sector.
En un oficio -el que también fue dirigido a la Fiscalía Nacional Económica (FNE)- la entidad fiscalizadora acusó a CGE de incumplimientos en la ley al realizar descuentos a Enel en la facturación correspondiente a los suministros de electricidad de los meses de abril, mayo y junio. Instruyó además suspender estos ajustes -de forma inmediata- pagando el total de la energía íntegramente demandada.
Así, la autoridad podría iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio contra la distribuidora en caso de incumplimiento de este mandato.
El conflicto comenzó cuando CGE informó a diferentes empresas de transmisión y generación que los cálculos del pago de la repartición de los ingresos asociados a distintos cargos del transporte de electricidad, y los montos asociados a la facturación del suministro de energía y potencia, serían objeto de ajustes al aplicar descuentos proporcionales provenientes de su menor recaudación en las cuentas de la luz.
Esto fue informado por algunas firmas a la SEC, gatillando que la entidad solicitara una explicación. El 11 de junio CGE respondió, señalando que efectuaría un descuento a las generadoras y transmisoras debido a que el riesgo de la menor recaudación afecta a toda la cadena de pagos de la industria. Detalló que aplicaría estos ajustes sólo a los cinco suministradores principales, que en conjunto abastecen el 87% de la demanda de sus clientes regulados.
En su presentación, no solo aludió a la pandemia y el estado de excepción constitucional, sino también a los beneficios anunciados por el gobierno respecto al cese de la suspensión del suministro eléctrico por no pago y el pago en cuotas del saldo que se genere, e incluso el proyecto que vino a instaurar por ley estos beneficios, el que está hoy ad portas de ser promulgado.
La firma respaldó su actuar en cinco artículos de la ley en los que -a su juicio- se reconocería legalmente el traspaso de todos los costos incurridos para la prestación del servicio para que éstos sean pagados por el consumidor final y recaudados por el distribuidor, conformando la estructura tarifaria del sector eléctrico.
Según la Superintendencia, CGE manifestó que el riesgo de la menor recaudación, a consecuencia de la crisis sanitaria, “debe ser asumido por cada uno de los integrantes de la cadena de producción, transporte y distribución de este producto esencial o básico, en la proporción en que cada uno de ellos participa en dicha cadena”.
Mientras el debate ya estaba instalado en la industria, Enel Generación dio un paso más allá y denunció ante la SEC que, por motivo de una menor recaudación del suministro eléctrico correspondiente a abril, CGE decidió de manera unilateral aplicar un descuento en la facturación de 10,6% de lo que le correspondía a la italiana por lo efectivamente entregado, equivalente a $ 2.536 millones.
Pese a estar en desacuerdo con ese criterio, Enel dijo verse obligado a facturar a la distribuidora menos de lo que en realidad correspondía. Pero el problema continuó en mayo al realizar un descuento en el pago del suministro por $ 673 millones y en junio por $ 2.877 millones.
Cuando ejecutivos de CGE fueron al Congreso a explicar los efectos de la medida acordada con el gobierno el 1 de junio, señalaron que el mecanismo acordado con el gobierno “no ha sido muy voluminoso, tenemos del orden de 30 mil solicitudes de convenio. Para CGE el 40% de los clientes vulnerables suman prácticamente 1.400.000”.
El rayado de cancha de la SEC
Según plantea la Superintendencia en el documento de formulación de cargos, los contratos de suministro no facultan por sí mismos a la suspensión o ajustes en el pago de los montos facturados.
Además, la normativa no contempla ajustes en los precios ni en los pagos producto de la menor recaudación que pueda experimentar una distribuidora, agregando que “se establece que la energía facturada es la efectivamente demandada por la distribuidora, no la recaudada”.
La SEC recalca que la distribuidora no debió resolver en unilateralmente la forma en cómo el sistema eléctrico debe repartir el riesgo en caso de menor recaudación, sin solicitar previamente un pronunciamiento de la autoridad competente.
Además, sostuvo que “constituye una discriminación arbitraria, que no tiene fundamento, al efectuar descuentos sólo a algunos suministradores y no a todos los partícipes del mercado eléctrico”.
“Esto se observa, puesto que al menos a la fecha no ha aplicado descuentos a los pagos que se encuentra obligado realizar a empresas transmisoras”, asevera.
Agregó que los descuentos unilaterales afectan el principio de coordinación, siendo un riesgo en la capacidad de pago de las instituciones que participan en los balances de inyecciones y retiros del sistema, “amenazando la seguridad financiera de todo el sector”.
Ahora, CGE tiene 15 días hábiles para presentar sus descargos. Hasta el cierre de esta edición, CGE no se refirió sobre este conflicto.
Consultado el titular de la SEC, Luis Ávila, sostuvo que “varias empresas han enviado cartas a la Superintendencia, o han copiado a ésta, en intercambios de comunicaciones con la empresa distribuidora”. Eso sí, puntualiza que “Enel ha sido la única empresa que ha presentado una denuncia acompañada de antecedentes suficientes”.
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