El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Desaladora La Serena fue ingresado el lunes 17 de agosto al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), iniciativa que contempla una inversión cercana a US$ 370 millones en su primera etapa y una capacidad inicial de 500 litros por segundo.
Se trata de un proyecto multipropósito, orientado a abastecer consumo humano, sistemas de agua potable rural, agricultura, industria y minería en la Región de Coquimbo, mediante una fuente de agua independiente de las precipitaciones.
"Este proyecto busca ser parte de la solución al desafío hídrico de la región, incorporando una fuente confiable y complementaria a las fuentes tradicionales, que pueda ponerse al servicio de las personas y del desarrollo productivo de la región", señaló Sergio Blümel, gerente general de Desaladora La Serena SpA.
La planta estará ubicada 18 kilómetros al norte de La Serena y contará con un acueducto de aproximadamente 25 kilómetros, diseñado para incorporar distintos puntos de entrega a lo largo de su recorrido, lo que permitiría atender a múltiples usuarios de las comunas de La Serena, Coquimbo y sus alrededores.
La capacidad inicial de 500 litros por segundo es ampliable posteriormente a 1.000 y luego a 2.000 litros por segundo, de acuerdo con la evolución de la demanda. La entrada en operación está proyectada para 2031.
Durante la construcción, la iniciativa estima una demanda máxima de cerca de 700 trabajadores, mientras que la fase de operación requerirá alrededor de 60 empleos permanentes.
El proyecto utilizará tecnología de ósmosis inversa e incorpora obras de captación y descarga submarina, con un sistema de túneles y difusores para favorecer la dispersión de la salmuera, junto con medidas destinadas a minimizar impactos sobre el medio marino y terrestre. El diseño arquitectónico, según la compañía, busca integrarse al paisaje para reducir el impacto visual y territorial.
La iniciativa se enmarca en un escenario de estrechez hídrica estructural en la región, que tras más de una década de sequía enfrenta una caída sostenida en la disponibilidad de agua para consumo humano y actividades productivas.
"Queremos desarrollar una infraestructura con vocación regional, que permita construir mayor resiliencia frente a un escenario climático cada vez más exigente y contribuir a una matriz de abastecimiento de agua más diversificada y segura", agregó Blümel.
Con el ingreso del EIA comienza formalmente la evaluación ambiental, que incluirá la participación de los organismos públicos competentes y de la ciudadanía.