En medio de la arremetida en tribunales realizada por Codelco, la Contraloría General de la República estableció un cambio de fondo en la manera en que el Estado fiscaliza los negocios de sus empresas cupríferas.
Este jueves 9 de julio, el ente contralor publicó en el Diario Oficial la Resolución N° 14, del 3 de julio de 2026, que crea controles de reemplazo para las operaciones societarias que desarrollen las compañías públicas o estatales productoras de cobre, es decir, Codelco, pero también Enami.
La normativa apunta, en particular, a las actuaciones vinculadas a la creación de filiales, asociaciones, fusiones, absorciones u otros acuerdos societarios con otras compañías, un terreno donde la velocidad de ejecución suele ser determinante para el cierre de las transacciones.
Este fue el argumento esgrimido por Codelco, cuyo directorio es presidido por Bernardo Fontaine, para presentar un recurso de amparo económico ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra un oficio de la entidad liderada por Dorothy Pérez que obligó a la estatal a someterse a una “toma de razón” en el contrato de litio (CEOL) de su coligada de la estatal (Minera Ascotán).
En términos prácticos, la resolución de la Contraloría reemplaza -en los casos que la propia norma indica- los controles preventivos como la “toma de razón” por mecanismos de control posterior.
Según el organismo, el nuevo esquema permite compatibilizar el necesario control y fiscalización de las estatales con las exigencias de rapidez y competitividad que demandan negocios y proyectos que, por su impacto en los ingresos fiscales, califica de estratégicos para el país.
Deber de informar en 10 días
El eje del nuevo mecanismo es un deber de información reforzado por el cual Codelco y Enami quedan obligadas a remitir a la entidad contralora, dentro de los 10 días posteriores a la celebración de un contrato o acuerdo societario con terceras empresas, todos los antecedentes correspondientes para su análisis y eventual fiscalización.
Con esa información, la Contraloría podrá revisar las actuaciones desarrolladas por la empresa estatal y, de estimarlo necesario y esencial, iniciar procesos de auditoría o fiscalización específicos respecto de las operaciones informadas, siguiendo el procedimiento especial que fija la ley. El organismo subrayó que con este sistema mantiene íntegras sus facultades fiscalizadoras especiales sobre esta clase de compañías y a la vez dispone de información oportuna para ejercer sus funciones y resguardar el interés público, acotó la Contraloría.
El alcance de la norma
La resolución cubre un espectro amplio de actuaciones societarias. Quedan comprendidas la constitución, participación, modificación, retiro y extinción de personas jurídicas; la adquisición de acciones u otros títulos de participación en sociedades; y la autorización de aumentos o disminuciones de la participación del Estado, sus organismos o empresas, en el capital o en el directorio de las sociedades en que tengan presencia, según corresponda.
Aunque la norma está redactada en términos generales para las estatales productoras de cobre, sus destinatarias naturales son Codelco y Enami, compañías que en los últimos años han intensificado su agenda de asociaciones con privados -en litio y en cobre- y que han debido ajustar los tiempos de sus operaciones a los procesos de revisión previa del ente contralor.
De acuerdo con la Contraloría, la iniciativa se encontraba en preparación y análisis desde junio de este año, y busca cumplir con los objetivos institucionales de control y transparencia, asegurando que el organismo disponga de información oportuna para ejercer sus funciones y resguardar el interés público.
Al mismo tiempo, el nuevo esquema pretende que las estatales cupríferas puedan desenvolverse con mayor agilidad en un entorno altamente competitivo, facilitando la toma de decisiones y la ejecución de las asociaciones estratégicas requeridas para el desarrollo de sus proyectos y negocios, explicó la entidad liderada por Dorothy Pérez.
El énfasis no es menor: el cobre sigue siendo el principal soporte de los ingresos fiscales de origen minero, y cualquier fricción regulatoria en la materialización de acuerdos societarios -desde la creación de filiales para nuevos proyectos hasta alianzas con operadores internacionales- incide directamente en la posición competitiva de las empresas del Estado frente a actores privados que no enfrentan controles equivalentes, indicaron en el organismo.
Con esta resolución, la Contraloría ensaya así un equilibrio distinto: menos control ex ante y más fiscalización informada ex post, con la obligación de reporte en 10 días como bisagra entre la autonomía de gestión de las estatales y las potestades del organismo contralor.
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