La delincuencia no da tregua y la minería lo siente. En lo que va del año este sector productivo ha sufrido un número importante de robos, siendo los botines predilectos de las bandas las camionetas mineras y los cátodos de cobre, informaron en la PDI.
Desde la oficina de análisis de la Jefatura Nacional contra robos y focos criminales de la PDI, el comisario Luis Navarro explicó que entre enero y junio de 2024 se registraron 12.062 vehículos robados y de ese total 2.822 corresponden a camionetas mineras. Las marcas más frecuentes son Toyota (646), Mitsubishi (424) y Chevrolet (317). Sólo en Antofagasta, se han reportado casi 500 camionetas robadas.
Gran parte del botín de estos ilícitos salen a Bolivia a través de alguno de los pasos clandestinos y otra parte deja el país por la frontera de Tarapacá, pero van al mismo país de destino. Como esta nación no tiene una legislación muy dura para fiscalizar la trazabilidad de las camionetas que se venden en el mercado boliviano, se está en un terreno fértil para su receptación.
En el caso de los cátodos, estos son robados cuando se transportan, detalló el comisario Navarro, ya sea en camiones o en ferrocarril. Este año se ha frenado la violencia en este delito, afirmó. El Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB), del grupo Luksic, así lo refrendó. “Robos con violencia e intimidación no hemos tenido desde el 2022”, dijo la compañía.
“Robar violentamente interrumpe la cadena logística del negocio y provoca que haya una mayor fiscalización policial sobre el mismo, por lo que las bandas organizadas se dieron cuenta que no les era rentable esa forma de actuar”, argumentó Navarro.
¿Qué se hace con los cátodos robados? Según el jefe de policía, este cobre fundido se mezcla con chatarra y se exporta a través de puertos nacionales a Europa principalmente. El funcionario señaló que han detectado embarques con cátodos y chatarra chilena de origen ilícito en terminales portuarios de Alemania y Bélgica. Una parte menor de los cátodos entran de contrabando a Perú, donde ingresa al mercado formal de la minería.
El comisario Navarro precisó que casi no hay sustracción de concentrado de cobre por la dificultad de su posterior comercialización. En cuanto a montos robados, no existe un análisis consolidado.
CARLOS URENDA, GERENTE GENERAL DEL CONSEJO MINERO
“Entidades estratégicas”
El alza de los delitos en la minería llevó a que el Ministerio de Interior definiera como “entidades estratégicas” a 24 compañías del sector a finales del año pasado. Con esa calidad, el Gobierno obliga al uso de guardias armados. “Casi la totalidad de las empresas mineras que han sido notificadas de la calificación como “estratégicas” han reclamado del decreto en cuestión; esto, ante la Corte de Apelaciones respectiva, que es el recurso que contempla el Decreto Ley en estos casos”, explicó el gerente general de Consejo Minero, Carlos Urenda.
“Estos tribunales han venido dando la razón a las empresas en prácticamente la totalidad de los casos” y “han estimado que las declaraciones reclamadas no han sido suficientemente fundamentadas y se han basado en antecedentes no actualizados y que no han considerado las medidas de reforzamiento adoptadas por las empresas en el último tiempo”, aseguró.
De acuerdo a un fallo de Atacama Kozan que tuvo acceso Diario Financiero, la sentencia a favor implicó que “se ordena al Ministerio del Interior y Seguridad Pública dejar sin efecto el decreto Exento (...) dictado por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá Morales”. Y la razón de la Corte fue que hay un “déficit de justificación” del Ministerio del Interior, dado que no expresa “las razones concretas que se tuvo en consideración” para declarar estratégica tal empresa.
El gran tema son los guardias armados. Para las mineras, tenerlos es invitar a la desgracia. “Aumentaría el riesgo de accidentes y muertes a causa de armas de fuego, lo que se agrava en las faenas mineras, ya que dentro de ellas existen equipos eléctricos, combustibles y otros elementos que presentan riesgos importantes ante disparos”, alertó Carlos Urenda. Estos perjuicios podrían afectar no solo a los vigilantes mismos, sino también a otros trabajadores e incluso a miembros de las comunidades aledañas.
“Creemos que constituye una muy negativa señal ante el crimen organizado, el que el Estado implícitamente reconozca su incapacidad para cumplir con su función de dar protección a empresas tan relevantes para el país, a sus colaboradores y a sus comunidades”, concluyó el gerente general del Consejo Minero.
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