Luego de que algunas isapres informaran a sus afiliados que la deuda por tabla de factores se les pagaría en hasta 156 cuotas, utilizando los 13 años que les entregó como plazo máximo la Ley corta, la tónica ha sido la indignación.
Si bien la norma se aprobó en mayo, fue después de que los usuarios recibieron las cartas que se han comenzado a buscar las responsabilidades políticas: los parlamentarios han apuntado a la Superintendencia de Salud, que aprobó los planes de pago; desde el Gobierno han traspasado la responsabilidad a las isapres, argumentando que no supieron autorregularse; mientras otros dirigen el dedo hacia el mismo Congreso, que aprobó la Ley corta.
Con todo, lo cierto es que la situación sí se vio venir. Los Planes de Pago y Ajustes (PPA) de las aseguradoras fueron revisados por un Consejo Consultivo de expertos -aprobado por el Congreso- y visados por la superintendencia. Durante toda esta preparación, no se desconoció que la situación podía terminar en pagos de cuotas muy bajas e, incluso, se planteó un mecanismo para evitarlo, que no llegó a materializarse.
Las alertas
La primera en abordar el problema fue una isapre. DF revisó los informes del Consejo Consultivo, en los que se puede ver que el 11 de julio, en su primera propuesta de devoluciones, Consalud tomó la iniciativa y se impuso un monto mínimo de pago mensual de UF 0,053 por afiliado (unos $ 2.000).
El consejo, en su informe, señaló que esto permite “asegurar que los montos devengados mensualmente sean significativos, reduciendo además los tiempos de pago”.
Consalud hizo este martes una declaración pública en la que sostuvo que con este “esfuerzo financiero” el 23% de las personas verán acelerados sus plazos de devolución y que hay 4.700 afiliados que recibirán su pago en una sola cuota.
El superintendente de Salud, Víctor Torres. Foto: Agencia Uno
Pero el consejo fue más allá y, para todas las otras isapres abiertas, recomendó que la superintendencia “autorice la posibilidad de establecer un monto mínimo de pago mensual de la deuda a los afiliados, para generar un proceso eficiente”.
Dicho consejo fue liderado por la presidenta ejecutiva de Espacio Público, Paula Benavides; acompañada por el exsuperintendente de Salud, Patricio Fernández; el médico especializado en salud pública, César Cárcamo; el exsubsecretario de Salud Pública (en este mismo Gobierno), Cristóbal Cuadrado; y el economista Claudio Sapelli.
Consultado Cárcamo, sostuvo que sabían que para algunos afiliados “la expectativa de estar recibiendo $ 400 o $ 500 iba a ser un problema”. De todas formas, advirtió que las isapres siempre transmitieron que, por ahora, no tenían caja para ofrecer montos mayores, pero que no se cerraban a hacerlo en el futuro: “Con la molestia que se ha producido, yo creo que las que no han ofrecido esto, es muy probable que lo estén evaluando”.
Fernández, en tanto, sostuvo que la decisión quedó en manos de las isapres, pero considera que la superintendencia aún está a tiempo de ver si hay espacio regulatorio para establecer una cuota mínima sin la necesidad de hacer modificaciones legales. “Hay personas que van a recibir una devolución ínfima (...) dada la conmoción que ha generado este tema, existe el deber de buscar una salida”, que incluso se podría trabajar con las empresas, dijo.
El rol de las isapres
La superintendencia sostuvo a DF que la Ley corta solo estableció “un marco de acción” para las isapres: un plazo máximo de 13 años para pagar a menores de 65; de 5 años para las personas entre 65 y 80; y de 2 años para los mayores de 80, “sin considerar en ninguna parte de la normativa una obligación legal para determinar un monto mínimo de pago”.
Con esto, la entidad liderada por Víctor Torres sostuvo que atendidas las recomendaciones del consejo “no podía obligar a las isapres a incorporar esta medida”, ni tampoco rechazar los PPA por no plantear un pago mínimo, mientras estos se ajustaran a los plazos que había establecido la propia Ley.
A la superintendencia “le correspondió revisar si es que los PPA se ajustaban a la legalidad, y eso fue lo que se realizó. Cosa distinta es si nos gusta o no el actuar de las isapres”, apuntó.
Vale decir que, además de Consalud, otras empresas también han optado por intentar acelerar su pagos. Nueva Masvida busca completar las devoluciones al 66% de la cartera en 2025 y Colmena se fijó un plazo máximo de 10 años.
Los montos “ínfimos” que han sido cuestionados por usuarios de Banmédica, Cruz Blanca y Vida Tres, surgen del mecanismo de cálculo utilizado por ellas. DF tuvo acceso a sus planes de pago, en los que se observa que estas aseguradoras dividieron la deuda total en 13 partes iguales, para ocupar todo el plazo permitido. Como los primeros años se debe priorizar a los mayores de edad, los montos de los usuarios menores de 65 se vieron reducidos, lo que explica las cuotas más bajas en los primeros años.
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