Escándalo por reforma judicial en Colombia salpica al presidente Santos y divide a su coalición

A instancias del presidente Juan Manuel Santos, el congreso rechazó a fines de junio una enmienda constitucional para reformar la justicia colombiana. El texto, inicialmente celebrado por la administración Santos como “una histórica reforma a las instituciones judiciales”, había sido distorsionado por la introducción de provisiones que daban a los legisladores inmunidad ante juicios, entre otras cláusulas. El fuerte rechazo público al proyecto provocó la crisis política más significativa para la administración Santos desde su llegada al poder en agosto de 2010.

La enmienda original fue el producto de casi dos años de discusiones que involucraron a los tribunales, el gabinete, la coalición gobernante Unidad Nacional —que controla casi 90% de los asientos en el parlamento— y a centros de estudios especializados, entre todos los cuales existía consenso sobre la necesidad de una amplia reforma al poder judicial. Con miles de casos criminales y civiles pendientes, el sistema se encuentra severamente congestionado. El acceso a la justicia es desigual y está garantizado sólo para quienes tienen suficientes recursos para dar una prolongada batalla legal. Los fallos son susceptibles de apelaciones cruzadas de cuatro altos tribunales, lo que debilita el poder de las resoluciones y provoca retrasos. Además, la efectividad de los tribunales es perjudicada por las restricciones presupuestarias y su débil autonomía frente a las influencias políticas. Todos estos factores contribuyen a la falta de confianza pública en el sistema judicial.

La reforma original buscaba resolver algunos de estos problemas, centralizando la administración y reduciendo los casos atrasados. Sin embargo, después de los ocho debates exigidos por el parlamento, el espíritu reformista original del proyecto se perdió. En los debates finales, legisladores de la coalición de gobierno incluyeron varios artículos hechos a la medida para protegerse de ser procesados, haciendo que una impugnación fueran prácticamente imposible. El proyecto modificado también debilitaba el poder de la Corte Suprema para acusar a miembros del parlamento y dejaba en suspenso docenas de investigaciones por corrupción a altos funcionarios de la administración de Álvaro Uribe (2002-10).




Indignación pública


Los artículos que daban inmunidad a los legisladores —revelados al público el 21 de junio, un día después de que la ley fuera aprobada— desató una ola de artículos críticos en los medios y enfureció al público. En un intento por calmar las protestas, Santos transmitió un mensaje televisado anunciando que no firmaría el proyecto de ley, culpando a los legisladores por haber introducido las indicaciones en una sesión cerrada. El hecho desató una crisis, ya que no existía certeza sobre si el presidente podría bloquear las enmiendas ya aprobadas. En una movida sin precedentes, Santos pidió una extensión del período legislativo, que ya había entrado en receso. En ese período Santos obligó a la coalición a torpedear el proyecto, poniendo fin así a la crisis.

Pese a los esfuerzos de Santos, su administración y los líderes de la coalición de gobierno fueron identificados por la prensa como los principales responsables de buscar transformar la muy esperada reforma a la justicia en una herramienta para la impunidad. La derrota fue tan severa que el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, renunció asumiendo la responsabilidad por el escándalo. Mientras tanto, al acusar a los legisladores, Santos enfureció a los líderes políticos de su coalición, una alianza entre el gobernante Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U), con el centro derechista Partido Conservador (PC), Cambio Radical (CR) de centro, el centroizquierdista Partido Liberal (PL) y el Partido Verde (PV).




Relaciones tensadas


Las consecuencias políticas por el fiasco de la reforma judicial serán duraderas, y el escándalo bien podría convertirse en un punto de inflexión para las relaciones entre Santos y su coalición. Aunque Santos pudo conseguir que los legisladores rechazaran el proyecto —demostrando así que todavía mantiene cierta influencia sobre el congreso— el hecho de que la reforma resultara tan distorsionada en primer lugar sugiere que el presidente y los legisladores tienen objetivos divergentes. También demuestra que el estilo de gobierno de Santos —alejado de los detalles de la implementación de sus políticas— podría jugarle en contra a menos de que asuma un rol más activo en los asuntos diarios del gobierno. Esto será particularmente importante en lo que resta de 2012, cuando el poder Ejecutivo va a presentar una reforma tributaria que pretende simplificar el régimen impositivo y reducir algunas de sus muchas distorsiones. Además, la falta preparación del gabinete para hacer frente al escándalo dejó en evidencia sus pobres habilidades para el manejo de crisis.

En este contexto, la capacidad de la administración Santos para impulsar ambiciosas reformas a través de un congreso estrechamente controlado ha quedado severamente afectada. Ya no esperamos que reformas cruciales sean aprobadas rápidamente, como en los primeros dos años de gobierno, cuando el Ejecutivo se anotó importantes victorias, incluyendo una reforma a la estructura fiscal, una ley de víctimas que restituyó las tierras ilegalemente expropiadas a sus legítimos propietarios, y una importante modificación al marco de distribución de regalías que tenía 20 años de antigüedad, y que desde hace mucho tiempo estaba asociado con escándalos de corrupción en algunas regiones. Además, un debilitamiento de la coalición podría fortalecer a la oposición del ala izquierdista de Polo Democrático Alternativo (PDA) y de Uribe, que todavía tiene una fuerte influencia sobre unos pocos legisladores en el Partido de la U y en el PC. Esto, a su vez, podría descarrilar algunos importantes elementos en la ambiciosa agenda de la administración Santos, más allá de la reforma a la Justicia, que difícilmente será reintroducida en el corto plazo.