Gobierno busca estándar OCDE en protección de datos personales
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 12 de enero de 2012 a las 05:00 hrs.
El gobierno presentó ayer al Congreso un proyecto que modifica la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y Protección de Datos de Carácter Personal y que se hace cargo de las recomendaciones de la OCDE sobre Protección de la Privacidad y Flujo Transfronterizo de Datos Personales.
La iniciativa “reviste particular importancia para Chile en la regulación del flujo transfronterizo de datos personales, materia que a la fecha no se encuentra recogida en nuestra legislación y que resulta clave para el desarrollo de mercados emergentes de nuestra economía tales como el de Offshoring o Servicios Globales”. Este proyecto tiene por objetivo generar las condiciones regulatorias que permitan a los ciudadanos proteger sus datos personales, controlar su flujo y además facilitar a las empresas nacionales y extranjeras desarrollar sus actividades que involucren el flujo de tales datos.
Acá se debe considerar que la deslocalización de servicios, propia de la industria de servicios globales, conlleva precisamente la lógica de instalarse en países donde el ambiente institucional y legal da garantías a sus operaciones, a través de regulaciones eficaces.
Estas regulaciones no constituyen un mayor costo de transacción para sus operaciones, sino todo lo contrario, una ventaja competitiva para desenvolverse en los mercados.
En el caso de Chile esto adquiere una importancia creciente, por el impacto de los servicios globales en la industria nacional y el crecimiento evidenciado en países como Argentina y Uruguay, los que han incorporado legislaciones que exhiben “nivel adecuado de protección” o bien han propiciado políticas públicas para su fortalecimiento, transformándose en destinatarios de este tipo de inversión, en desmedro de nuestro país.
Acá se debe considerar que la deslocalización de servicios, propia de la industria de servicios globales, conlleva precisamente la lógica de instalarse en países donde el ambiente institucional y legal da garantías a sus operaciones, a través de regulaciones eficaces.
Estas regulaciones no constituyen un mayor costo de transacción para sus operaciones, sino todo lo contrario, una ventaja competitiva para desenvolverse en los mercados.
En el caso de Chile esto adquiere una importancia creciente, por el impacto de los servicios globales en la industria nacional y el crecimiento evidenciado en países como Argentina y Uruguay, los que han incorporado legislaciones que exhiben “nivel adecuado de protección” o bien han propiciado políticas públicas para su fortalecimiento, transformándose en destinatarios de este tipo de inversión, en desmedro de nuestro país.
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