Tras casi un año y medio de discusión, durante la tarde de este martes la Cámara de Diputados aprobó el proyecto marco de autorizaciones sectoriales, cumpliendo con su tercer y último trámite en el Congreso. Ahora, la iniciativa quedó lista para convertirse en ley.
Los cambios hechos en el Senado contaron con 93 votos a favor, 27 en contra y 17 abstenciones.
El objetivo de la propuesta del Ejecutivo -que tiene una contraparte en los cambios a los permisos medioambientales-, llegó al Parlamento en enero de 2024 con el fin de reducir los tiempos de tramitación de los permisos de proyectos de inversión entre 30% y 70%, dependiendo de la magnitud de los mismos.
En esta lógica, lo aprobado ahora por el Congreso modifica 380 autorizaciones sectoriales, que pertenecen a 37 servicios y 16 ministerios.
“Esto es algo muy importante para nosotros, creemos que se puede ser más eficiente, actuar de forma más rápida como Estado, al mismo tiempo que no se rebaja el estándar regulatorio”, destacó este martes el ministro ministro de Economía, Nicolás Grau.
Uno de los mayores cambios que protagonizó el proyecto en su paso por el Congreso fue en la comisión de Economía de la Cámara -durante su primer trámite-, donde se abandonó la institucionalidad propuesta de un nuevo servicio por la Oficina de Autorizaciones Sectoriales, la que estará al interior de la Subsecretaría de Economía. Sus funciones serán coordinar, monitorear, asesorar y operar el sistema. Para esto, tendrá un jefe e impulsará mesas regionales y la modernización continua de permisos.
Además, debutará el uso de las llamadas Técnicas Habilitantes Alternativas (THA), declaraciones juradas o avisos que reemplazarán a los permisos de bajo riesgo y que estarán sujetas a fiscalización ex post. En caso de fraude, habrá sanciones.
“Nuestro diagnóstico como Ejecutivo es que una de las razones principales de porqué los permisos sectoriales se demoran tanto en nuestro país, es porque los servicios sectoriales que están a cargo de entregar estos servicios están atochados revisando permisos que son de bajísimo riesgo”, explicó Grau.
Además, se asegura un avance paralelo de las autorizaciones, en la cual un servicio no podrá exigir como requisito tener otras previas para comenzar una tramitación, salvo que la Ley lo indique expresamente.
En esta línea, se crea una ventanilla única digital para la entrada y seguimiento de todas las solicitudes de permisos.
Positiva acogida
Desde los gremios empresariales se celebró transversalmente la aprobación de la ley, que es considerada como un primer paso para la reducción de los tiempos de tramitación de proyectos.
La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jimenez, manifestó que la aprobación de la ley es “una buena noticia para Chile” y que “este es un primer paso importante y necesario, que nos desafía a seguir trabajando en esta línea”.
La dirigenta explicó que en el caso de una desaladora, con la nueva ley el otorgamiento de permisos pasará de demorar ocho años a seis. “Es un avance y, a la vez, refleja que se puede hacer aún más para seguir avanzando en una mayor agilidad en la entrega de autorizaciones por parte de los organismos del Estado y en mayor certeza jurídica para los inversionistas”, dijo.
Desde Sofofa indicaron que si bien persiste la tarea en la mejora de permisos ambientales y sectoriales, es positivo el despacho de la norma. “Se trata de una herramienta robusta que moderniza la institucionalidad, fortalece la certeza jurídica y entrega mejores condiciones para una inversión más eficiente y transparente”, señaló la presidenta del gremio, Rosario Navarro.
No obstante, sostuvo que queda un doble desafío: “despejar la reserva de constitucionalidad; y asegurar una implementación oportuna y eficaz que permita materializar este esfuerzo legislativo”.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, también resaltó este paso, que lo consideró el punto de partida para solucionar la permisología en la inversión.
No obstante lo anterior, admitió que “lamentamos, que no se incluyeran lo relativo a la institucionalidad medioambiental y lo del Consejo de Monumentos Nacionales, que son los que más demoras causan en la tramitación de proyectos en la actualidad”.
Desde la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) destacaron como un primer paso la aprobación del proyecto, en un contexto en que los permisos para la industria minera pueden llegar a demorar hasta 12 años, según plantearon.
A la hora de plantear los pero, el presidente del gremio minero, Jorge Riesco, manifestó que “este proyecto excluye la tramitación de permisos ambientales, que -subrayó- son la principal traba para la ejecución de proyectos por su demora en la obtención de permisos”.
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