Por Tobias Buck,
Madrid
El gobierno español reveló una reforma al sector de energía, en una jugada que ocasionará problemas financieros a los grupos eléctricos, pero también golpeará a los consumidores finales y al presupuesto estatal.
Esta modificación, retrasada repetidamente por lobbies y divisiones dentro del gabinete, busca enfrentar un déficit de 26.000 millones de euros en tarifas, y remover la incertidumbre financiera y legal.
Esta reforma fue una prioridad para el gobierno de Mariano Rajoy, una exigencia principal del FMI y de la Comisión Europea. Ambos advirtieron que los problemas y desequilibrios que se han acumulado en el sector de energía arrastran a la economía y presentan un potencial riesgo para las rebeldes finanzas públicas.
Sin embargo, la reforma producirá un alto costo para el sector, incluyendo a grupos como Endesa, Gas Natural e Iberdrola, al pedirle a la industria que absorba la pérdida de 2.700 millones de euros al año en subsidios e ingresos garantizados.
Las compañías de energías renovables serán golpeadas especialmente fuerte y cargarán con la mitad de los recortes impuestos al sector privado.
Cuando se supo la noticia, las acciones del sector de energía en España se desplomaron, con Acciona, un grupo de construcción con un gran brazo en renovables, perdiendo 8,5% de su valor.
Visto como uno de los desafíos urgentes que enfrenta Madrid, el déficit de tarifas es el producto de la brecha entre el precio de la energía pagado por los consumidores y el costo de producción. El déficit ha estado creciendo a cerca de 5.000 millones de euros al año.
El agujero de 26.000 millones de euros refleja los no menos generosos subsidios para energías renovables creados por el anterior gobierno, los que desataron un auge por granjas solares y parques eólicas. Algunos de estos podrían no ser capaces de operar de manera rentable bajo los nuevos cambios.
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